Comienza el juicio histórico contra Bolsonaro por el intento de golpe de Estado de 2022

El histórico juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, a quien la Fiscalía acusa de liderar una organización criminal armada para intentar subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, en las que ganó el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y dar un golpe de Estado para permanecer en el poder, ha arrancado este martes entre fuertes medidas de seguridad y con la ausencia de su principal acusado.

«La función del Supremo Tribunal Federal es juzgar con imparcialidad y aplicar justicia en cada caso específico, sin importar amenazas ni coerción, ignorando presiones internas o externas», ha subrayado el juez Alexandre de Moraes en el marco de la audiencia de apertura del juicio, que se prolongará hasta el próximo 12 de septiembre.

En este sentido, ha afirmado que la impunidad «deja cicatrices traumáticas en la sociedad y corroe la democracia». «La pacificación del país depende del respeto a la Constitución, de la aplicación de las leyes y del fortalecimiento de las instituciones», ha indicado.

Por su parte, el fiscal general, Paulo Gonet, ha defendido durante su turno de palabra que no castigar los intentos de romper con el orden constitucional en Brasil «intensificará los impulsos autoritarios y pone en peligro un modo de vida civilizado».

Las autoridades brasileñas han reforzado la seguridad en la sede del Tribunal Supremo hasta que finalice el histórico juicio contra Bolsonaro, quien no ha asistido a la primera audiencia por recomendación de sus médicos debido a su delicado estado de salud tras sufrir un ataque con arma blanca en 2018.

El caso del golpe de Estado

Miles de simpatizantes del expresidente, insatisfechos con los resultados de las elecciones y la investidura del ahora mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, irrumpieron el 8 de enero de 2023 en la plaza de los Tres Poderes -sede del Congreso, el Tribunal Supremo Federal y el palacio presidencial de Brasilia-, en Brasilia.

Según la acusación, el asalto golpista, que tuvo ecos de la violencia desatada en el Capitolio estadounidense por los seguidores del ahora presidente estadounidense, Donald Trump, causó pérdidas estimadas en más de 20 millones de reales brasileños.

El caso se remonta a las operaciones de allanamiento llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad en los domicilios de los presuntos implicados en una trama ilícita de falsificación de cartillas de vacunación de la COVID-19 que salpicó a Bolsonaro y que permitieron incautar material como teléfonos móviles, donde aparecieron los primeros indicios del complot golpista.

El fiscal general, Paulo Gonet, presentó un informe de 272 páginas en febrero en el que acusaba a Bolsonaro de instrumentalizar el aparato estatal y llevar a cabo un plan «deliberado», bajo el nombre ‘Puñal Verde y Amarillo’, con el objetivo de atacar las instituciones democráticas y el proceso de traspaso de poder para impedir que Lula asumiera el cargo tras ganar los comicios presidenciales.

La Fiscalía brasileña acusa a Bolsonaro de escalar su discurso de ruptura con la democracia desde julio de 2021 al expresar su descontento, por ejemplo, con el sistema de voto electrónico o con las decisiones de los tribunales, unas denuncias de fraude electoral que fueron alimentadas en parte gracias a las redes sociales.

El plan golpista -revelado en su mayor parte por el que fuera ‘mano derecha’ del expresidente, Mauro Cid, quien llegó a un acuerdo para colaborar con la Justicia para ver reducida su pena en caso de ser condenado- incluso preveía el asesinato de autoridades públicas como el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin y De Moraes, además de a Lula, a quien los golpistas pretendían envenenar.

Además, el expresidente Bolsonaro, según la Fiscalía, habría participado directamente en la elaboración de un decreto ‘golpista’ que fue presentado a altos mandos de las Fuerzas Armadas en una supuesta reunión llevada a cabo en casa del exministro de Defensa Walter Braga Metto con el objetivo de presionar a los militares y cuyo borrador fue encontrado en el domicilio del exministro de Justicia Anderson Torres.

Los delitos por los que se les acusa

En concreto, Bolsonaro y los otros implicados en la trama están acusados por abolición violenta del Estado democrático de Derecho e intento de golpe de Estado, delitos contemplados en el artículo 359 del Código Penal por el que podrían enfrentarse a penas de entre tres y 12 años de prisión.

Asimismo, otros cargos por los que se les acusa son participación en una organización criminal armada, que contempla penas de tres a ocho años de cárcel; daños a la propiedad pública, por el que pueden ser condenados a penas mínimas de seis meses a tres años y deterioro del patrimonio, que contempla condenas de uno a tres años.

En caso de ser declarado culpable, el expresidente Bolsonaro, actualmente en arresto domiciliario con tobillera electrónica, podría enfrentar penas de más de 40 años de prisión, además de ser inhabilitado de forma indefinida para ocupar cargos públicos.

El exmandatario siempre ha defendido que se trataba de una «caza de brujas». Sus principales apoyos políticos han sido, entre otros, el mandatario argentino, Javier Milei, o el presidente Trump, quien ha secundado sus afirmaciones sobre una «persecución flagrante» en su contra y contra «los millones de brasileños» a los que representa.

Además de Bolsonaro, el exministro de Defensa Walter Braga Netto y el exministro de Justicia Anderson Torres, también están acusados el diputado y exjefe de la Inteligencia durante el mandato de Bolsonaro, Alexandre Ramagem; el excomandante de la Marina Almir Garnier; el exjefe de Seguridad Augusto Heleno y el extitular de Defensa Paulo Sergio Nogueira.