Golpe de Estado en Madagascar: los militares toman el poder y el presidente huye del país
El presidente, Andry Rajoelina, ha tenido que huir del país en avión ayudado por Francia

Un militar durante el golpe de Estado en Madagascar. | Siphiwe Sibeko (Reuters)
Los militares han tomado el poder en la isla de Madagascar. La unidad de élite de las Fuerzas Armadas se ha erigido en máximo mando del país tras un golpe de Estado. El presidente, Andry Rajoelina, ha tenido que huir del país en avión ayudado por Francia, según informa Reuters. La isla africana llevaba meses sumida en protestas sociales que han culminado en este abrupto final. Según se puede apreciar en las publicaciones en redes sociales que llegan desde la isla, los militares han recibido un gran apoyo en las calles de Antananarivo.
Los golpistas han anunciado la creación de un Consejo de Defensa Nacional de Transición (CDNT), en una primera batería de medidas que contemplan también la anulación de la Constitución de 2010 y la suspensión de varias instituciones, entre ellas el Tribunal Constitucional y el Senado.
El coronel Michael Randrianirina, jefe del Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT), ha declarado que esta unidad asumirá sus responsabilidades ante la «ausencia» del presidente quien dijo el lunes estar en un «lugar seguro» tras denunciar un intento de golpe de Estado militar en plena ola de protestas.
Randrianirina, que el sábado anunció que respaldaba los llamamientos de los manifestantes y la formación de «una nueva fuente de mando militar», ha intervenido en una jornada marcada por el caos político en la que Rajoelina ha publicado un decreto para disolver la Asamblea Nacional y este órgano legislativo ha respondido aprobando por amplia mayoría el cese del presidente.
En este nuevo escenario, el autoproclamado CDNT se ha comprometido a dirigir el país durante un periodo de transición de hasta dos años, según las medidas recogidas por el periódico malgache ‘Midi Madagasikara’. La actual Asamblea Nacional seguiría en funciones, junto a un Alto Tribunal para la Renovación que se arrogaría las competencias judiciales.
Randrianirina ha esgrimido que el objetivo es «volver a la legalidad republicana» y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones mediante un nuevo referéndum constitucional y la celebración de elecciones generales al término de esa supuesta transición.