El laborismo británico desafía dos símbolos nacionales: las carreras de caballos y de galgos
La subida de impuestos golpea al sector ecuestre y la ofensiva animalista pone en jaque a los canódromos
En Gales y Escocia ya se ha anunciado el veto a las carreras de galgos | Paul Hennessy / Zuma Press
Si alguien pensaba que la izquierda reservaba sus grandes batallas culturales únicamente para los toros en España, basta mirar a lo que ocurre en el Reino Unido para comprobar que actúa de modo similar allí donde gobierna. En el país que convirtió caballos y galgos en iconos culturales, ambos sectores denuncian que la nueva agenda laborista —entre reformas fiscales y presión animalista— pone en riesgo su supervivencia. En España, el debate sobre la tauromaquia se ha convertido desde hace años en un símbolo de confrontación ideológica; en el Reino Unido, la discusión adquiere un tono sorprendentemente similar.
El caso más llamativo es el de las carreras de caballos, una actividad ancestral que no solo mueve miles de millones de libras al año, sino que constituye un componente esencial de la identidad británica. Desde las competiciones vinculadas a la Familia Real hasta los hipódromos que salpican zonas rurales y ciudades medianas, este deporte ha sido durante siglos un espacio de encuentro social, tradición familiar y proyección internacional. Sin embargo, los planes del Gobierno laborista para revisar la fiscalidad de las apuestas y de las máquinas tragaperras han encendido todas las alarmas. Varias voces influyentes del sector afirman que «nunca ha existido una amenaza mayor» para su continuidad.
La inquietud procede de un elemento central como es la posible subida de impuestos a los juegos de azar. Las apuestas no son un complemento, sino el pilar económico que sostiene la estructura entera del sector. Un incremento sustancial de los tributos —según cálculos internos— recortaría de forma drástica los fondos destinados a premios, mantenimiento de pistas y empleo. En otras palabras, una tradición que ha sobrevivido a guerras, crisis y convulsiones políticas podría verse debilitada no por una prohibición directa, sino por una asfixia económica de origen político.
La reacción del Gobierno ha intentado ser tranquilizadora. Un portavoz del Ministerio de Hacienda ha señalado que las carreras forman parte del «tejido cultural del país» y que el sector disfruta de una deducción fiscal del 100% que no está teóricamente en riesgo. Sin embargo, el sector desconfía. El mero hecho de que Downing Street esté considerando revisar los tributos que sostienen indirectamente esta tradición se interpreta como una señal de cambio profundo. En un país con conciencia histórica tan aguda, los representantes del sector ecuestre recuerdan que no se trata solo de un negocio, sino de una costumbre socialmente enraizada y asociada incluso a la institución monárquica. Cualquier interferencia se percibe como un desafío político de primera magnitud.
«El deporte de la clase trabajadora, en el punto de mira»
Si las carreras de caballos viven un sobresalto económico, las de galgos atraviesan una crisis de naturaleza distinta: ética, social y abiertamente política. En los últimos años, los animalistas han intensificado sus campañas en contra de esta práctica, denunciando lesiones frecuentes, abandono de animales y escándalos protagonizados por propietarios sin escrúpulos. Algunas regiones, como Gales —gobernada también por los laboristas—, han ido más lejos. Sus autoridades pretenden prohibir completamente las competiciones caninas.
La respuesta ha sido contundente. Los partidarios de las carreras aseguran que se trata «del último gran espectáculo de la clase trabajadora», un espacio de sociabilidad ligado a barrios populares y a una tradición comunitaria que ha sobrevivido incluso al declive de muchas zonas industriales. Sin embargo, el cierre de pistas, el deterioro de su imagen pública y la difusión de documentales centrados en los escándalos de bienestar animal han acelerado el debate.
El Gobierno central insiste en que no tiene planes de extender la prohibición, pero su postura resulta ambigua para un sector que percibe una afinidad política entre activistas y parte de la izquierda. Esta ambivalencia alimenta el temor de que la desaparición de la tradición en Gales sea solo el primer paso de una estrategia más amplia, aunque en Inglaterra e Irlanda del Norte todavía hay muchas pistas abiertas. Para sus defensores, las carreras de galgos han pasado a ser un símbolo de resistencia cultural ante un clima político que consideran hostil.
La comparación con España no es casual. Igual que en nuestro país el mundo alrededor de los toros se ha convertido en un símbolo que la izquierda intenta relegar por motivos éticos y que la derecha reivindica como patrimonio cultural, en Reino Unido hay también debate paralelo. Allí no se trata de toros, sino de caballos y galgos; no se discute sobre una plaza, sino sobre hipódromos y canódromos. Lo que en España se vive como una disputa sobre identidad y libertad cultural, en Reino Unido empieza a tomar forma como una pugna entre memoria colectiva y moralismo de izquierdas.
El resultado es que, por primera vez en décadas, dos costumbres británicas profundamente arraigada se sienten abiertamente cuestionadas. Las carreras de caballos por la vía económica; las de galgos por la prohibicionista. Y aunque el Gobierno laborista insiste en que no pretende eliminar ninguna de las dos, el sector no oculta su temor. En una época en la que la batalla cultural alimenta el debate ideológico, ninguna tradición está a salvo de la presión abolicionista.