Máxima tensión en Venezuela: el día 24 comienza una nueva era para EEUU

En medio de la expectativa regional por al enorme despliegue bélico de Estados Unidos en el Caribe, cerca de aguas territoriales de Venezuela, desde los pasillos de Washington DC, otro movimiento táctico podría alcanzar la línea de flotación de la menguada economía venezolana, tan pronto como este lunes 24 de noviembre. Según lo anunciado por el Departamento de Estado, en esta fecha entrará en vigencia una controversial designación que incluye indirectamente al Gobierno de Venezuela en una lista mundial de organizaciones consideradas como «terroristas» por Estados Unidos.

La designación, en realidad, se refiere al presunto Cartel de los Soles, una supuesta organización narcoterrorista que, según el Gobierno de Donald Trump, está formada por la cúpula del régimen chavista que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Como el Gobierno de Trump acusa a este supuesto Cartel de los Soles de haber usurpado el poder en Venezuela, la designación recae en una zona imprecisa y por eso podría alcanzar al Gobierno de Venezuela y a sus principales instituciones.

El propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo el anuncio hace una semana al anticipar que su gobierno «tiene la intención de designar al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE). Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa».

La designación, dijo Rubio, será a partir del 24 de noviembre, lo que fue interpretado por analistas como una especie de ultimátum, una negociación con una ametralladora sobre la mesa, buscando un acuerdo mientras crece la concentración del poder bélico de EEUU en el Caribe. «El régimen de Maduro es un régimen narcoterrorista acusado en el Distrito Sur de los Estados Unidos por narcoterrorismo, pero, más importante aún, también es una organización de tránsito que permite a estos grupos operar desde su territorio nacional», ha dejado sentado Rubio hasta en sus redes sociales y comparecencias públicas.

Tampoco está claro si hay negociaciones o al menos conversaciones de alto vuelo entre los Gobiernos de Trump y Maduro, pero esta designación habrá de tener un fuerte impacto en la viabilidad financiera de un régimen que no tiene el reconocimiento de las principales democracias de corte occidental. El problema es que —como en todo bombardeo— los daños colaterales pueden dejar muchas víctimas inocentes.

Esta designación puede llevar más estragos a una economía precaria, donde sufren especialmente los sectores más pobres de la población, víctimas de una nefasta gerencia de la economía y del colapso de los servicios públicos y de los sistemas de salud y educación. Esta gerencia pública ha pulverizado los salarios y beneficios sociales del trabajo y ha sumido al país en devaluaciones constantes y tasas de inflación anuales entre las más altas del mundo.

Los voceros del chavismo afirman que todo esto es una patraña, que el verdadero objetivo de Estados Unidos con esa movilización militar y con las sanciones y designaciones es propiciar un cambio de régimen para instalar un gobierno títere y acceder libremente a los enormes recursos naturales enterrados en el subsuelo de Venezuela.

El presidente también culpa a las sanciones de todos los males de Venezuela, uno de los países más desiguales de América Latina en términos de distribución de la riqueza. «El imperialismo sabe que no pueden acusar a Maduro ni a Venezuela de tener armas de destrucción masiva, que no pueden acusar a Maduro ni a Venezuela de tener armas químicas y biológicas, y que tampoco nos pueden acusar de tener el cohete nuclear, ¿Nos pudieran acusar de tener la bomba atómica? Entonces nos acusan con mentiras estrafalarias y extravagantes», dijo el heredero de Hugo Chávez.

Analistas políticos señalan que todos estos extremos se hubieran podido evitar si el chavismo hubiera respetado la voluntad de las mayorías expresada a través del voto, un expediente democrático devaluado en Venezuela, donde desde hace lustros se vota, pero no se elige, pues la llamada «revolución bolivariana» es acusada de imponer sus designios a la fuerza cuando los resultados electorales no le han sido propicios. En el país también hay un millar de presos políticos y el chavismo es acusado por una misión de la ONU de ejecutar desapariciones forzosas y asesinatos extrajudiciales.

La nueva designación

Las sanciones y las designaciones de enemigos extranjeros son parte de la diplomacia del garrote y la zanahoria usada tradicionalmente por Washington. Pero en el caso del chavismo no ha mostrado pruebas de estos procesos. La Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado (CT) señala que monitorea continuamente las actividades de los grupos terroristas activos en todo el mundo para identificar posibles objetivos. 

Así, «considera no solo los ataques terroristas perpetrados por un grupo, sino también si este ha planificado y preparado posibles actos terroristas futuros o si conserva la capacidad y la intención de llevarlos a cabo». Y, como a «actividad terrorista» la Ley de Estados Unidos considera «cualquier actividad que sea ilegal según las leyes del lugar donde se comete», inclusive fuera de Estados Unidos. Esto incluye «el secuestro o sabotaje de cualquier medio de transporte; la captura o detención, y la amenaza de matar, herir o continuar deteniendo, a otra persona» con fines extorsivos, o «un ataque violento contra una persona internacionalmente protegida».

El asunto se complica para empresas o personas que tengan relación con esa designada organización terrorista. En Venezuela, el Gobierno tiene un peso determinante en casi todas las actividades económicas, de manera directa e indirecta, de forma institucional o a través de terceras personas y de los famosos «enchufados», empresarios que se enriquecen, a veces ilícitamente, haciendo negocios con el régimen. Así, los castigos potenciales, que incluyen desde carísimas multas hasta 15 años de prisión y cadena perpetua, pueden alcanzar de manera indirecta a quien proporciona a la organización designada «apoyo material, transporte, comunicaciones, fondos, transferencia de fondos u otro beneficio financiero material, documentación o identificación falsa, armas (incluidas armas químicas, biológicas o radiológicas), explosivos o entrenamiento».

La designación «constituye un medio eficaz para reducir el apoyo a las actividades terroristas y presionar a los grupos para que abandonen dichas actividades», señala el Gobierno de EEUU. Esto apunta a reducir las fuentes financieras del grupo designado. «Es ilegal que una persona en los Estados Unidos o sujeta a su jurisdicción proporcione a sabiendas apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera», explica el Departamento de Estado.

También incluye congelamiento de fondos de la organización designada o su agente. Por estas horas los departamentos legales de empresas como Chevron, Repsol, o ENI, que prestan servicios petroleros como contratistas y socios del Gobierno venezolano, así como bancos internacionales y otras organizaciones financieras y de servicios, exportadores, proveedores y transportistas deben estar repasando los aspectos de esta designación para medir su nivel de exposición al riesgo por mantener negocios con el gobierno de Venezuela. 

Es que no es igual designar como organización terrorista a oscuras bandas de guerrilleros que operan en las selvas colombianas o en territorio venezolano, como el ELN y las FARC, que hacerlo con el Gobierno de una nación entera. La designación «Apoya nuestros esfuerzos para frenar la financiación del terrorismo y anima a otras naciones a hacer lo mismo»; «Estigmatiza y aísla internacionalmente a las organizaciones terroristas designadas», «Disuade las donaciones o contribuciones y las transacciones económicas con las organizaciones mencionadas»; «Aumenta la concienciación y el conocimiento público sobre las organizaciones terroristas», señala el Departamento. En un país en crisis humanitaria compleja, hasta las transferencias de donaciones pueden estar afectadas, así como las remesas de migrantes, pues los bancos habrán de extremar sus medias de sobre cumplimiento para evitar sanciones.