España condena la decisión de Israel de aprobar nuevos asentamientos en Cisjordania
El Ejecutivo critica la aprobación israelí de llevar a cabo 19 asentamientos en el norte de Cisjordania

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. | Carlos Luján (Europa Press)
El Gobierno ha condenado este lunes la aprobación definitiva por parte de Israel de 19 asentamientos en el norte de Cisjordania, una decisión que, según el Ejecutivo español, «viola el Derecho Internacional», por lo que ha pedido «su revocación en los términos más enérgicos».
Entre los asentamientos figuran Ganim y Kadim, al oeste de Yenín; en 2005, Israel desalojó a sus habitantes y el Ejército israelí desmanteló la sinagoga durante la retirada de la Franja de Gaza.
«Seguimos haciendo historia en los asentamientos y en el Estado de Israel. Después de veinte años, estamos arreglando una dolorosa injusticia para devolver Ganim y Kadim al mapa de asentamientos», anunció el ultranacionalista ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, sobre la medida que ha impulsado junto al ministro de Exteriores, Israel Katz.
En un comunicado, el Ministerio de Exteriores español ha reiterado su condena «a la expansión de los asentamientos» que son «ilegales, según el Derecho Internacional», y a cualquier iniciativa «para impedir la implementación de la solución de los dos Estados, única vía para una paz duradera en la región».
«Profunda preocupación»
De esta manera, la cartera diplomática ha expresado su «profunda preocupación» por la «gravísima situación» en Cisjordania, «donde la escalada de violencia de los colonos contra la población palestina y sus medios de vida, facilitada por la impunidad, las operaciones militares, y la política expansionista del Gobierno de Israel, son claros obstáculos para la paz, la seguridad y la prosperidad».
La Liga Árabe también ha condenado la aprobación dada por el Consejo de Ministros de Israel a la declaración de otros 19 asentamientos en Cisjordania, en lo que el bloque considera «un desafío flagrante a la voluntad internacional» y «una violación del Derecho Internacional».
