El chavismo normaliza la presión de EEUU y la crisis social se agravará en 2026

El conflicto de baja intensidad entre Trump y del chavista Nicolás Maduro tiende a prolongar el statu quo de una situación agobiante para las personas comunes. La crisis humanitaria compleja (como la define la ONU desde 2018) venía agravándose otra vez este 2025, con un empeoramiento general de las condiciones de vida de la gente de menos recursos. 

Estados Unidos ha acumulado en el Caribe su mayor despliegue militar en décadas: 15.000 efectivos y una docena de buques encabezados por el portaviones Gerald Ford, el más moderno y avanzado del mundo, así como aviones de combate, de suministro y espionaje.

El objetivo manifiesto es combatir el narcotráfico, y hasta ahora han asesinado a un centenar de supuestos narcotraficantes que navegaban en botes. Pero esa presión externa tiende a estancarse lejos del objetivo velado de la Administración Trump, de propiciar un cambio de régimen político en Venezuela.

En cambio, tiende a fortalecer y cohesionar más al chavismo, que ha emprendido una exitosa campaña de apoyo internacional, colecciona el respaldo verbal de Rusia, China, Cuba, Nicaragua y de media docena de gobiernos autoritarios africanos. Y la verdad es que en Venezuela no hay nada parecido a una transición política en marcha, y el chavismo se atornilla en el poder mientras endurece su represión contra disidentes.

Así terminan las cosas en este cierre de 2025: con el chavismo en fiestas decembrinas y aparentando normalidad en el poder, hasta el punto de que se permite el «magnánimo» gesto de excarcelar el día de Navidad a un centenar de presos políticos que seguirán sus procesos penales fuera de sus tenebrosas prisiones. Ninguno de ellos es un dirigente político de alto perfil, ni uno de los tantos defensores de los derechos humanos encerrados por hacer su trabajo.

El Ministerio de Asuntos Penitenciarios dijo que son 99 los excarcelados. Mientras la ONG Foro Penal había corroborado hasta la tarde el viernes que de ellos había 45 presos políticos. Pero la situación de los derechos humanos y el espantoso drama de los presos políticos no es el principal problema para los venezolanos en general. 

Para la gente con motivos para protestar (aunque no sale por miedo a la represión) el principal motivo (97%) es la situación económica y social; solo el 24,7% lo haría por los presos políticos y derechos humanos. Un 18,7% lo haría contra la injerencia extranjera en Venezuela.

Los hallazgos están en una encuesta confidencial de una reconocida firma de estudios políticos y socioeconómicos, presentada en un foro en privado y censurada por miedo a represalias. El 75,6% de los encuestados, en noviembre, desearía un cambio político, mientras solo el 22,9% se apunta a que siga Maduro en el poder hasta 2031. 

Al consultarles sobre lo que piensan que terminará sucediendo, el 37,2% cree que Maduro seguirá hasta el año 2031, mientras el 59% cree que pronto habrá un cambio político. Esos números mostraban que la proporción de quienes piensan que Maduro se queda es inclusive mayor a la de la base del chavismo, una fuerza minoritaria, pero armada y poderosa, con la que se identifican solo un 25,9% de los venezolanos. 

Según este mismo estudio, solo un 13,9% de los chavistas apoya incondicionalmente a Maduro. En noviembre solo el 31,7% estaba de acuerdo en la afirmación oficial de que las sanciones son el principal motivo de la crisis económica, y un 60,7% estaban en desacuerdo con esa tesis profusamente explotada por el Gobierno en su estrategia comunicacional.  

El año que viviremos peligrosamente

Con o sin conflicto con Estados Unidos, la venezolana es una sociedad empobrecida y entre las más desiguales de América. En promedio, solo el 7,6% de la población —la suma de los estratos A y B— tiene ingresos mensuales familiares por encima de 1.487 euros al mes. En los últimos días, el Gobierno de Trump ha ratificado que sus presiones contra Maduro se concentran en el terreno económico, con la incautación de petroleros sancionados —junto con sus cargamentos de crudo venezolano—.

Expertos calculan que al menos el 40% del crudo que comercializa Venezuela se mueve en estos buques de la flota fantasma, bajo banderas y registros falsos, justamente para evadir esas sanciones impuestas al régimen chavista en represalia por alegados atentados contra la democracia y los derechos humanos.

El 23 de diciembre, en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU el embajador de Estados Unidos, Mike Waltz ratificó que su gobierno elevará al máximo nivel las sanciones «para privar a Nicolás Maduro de los recursos utilizados para financiar actividades ilícitas». Waltz reiteró que «Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro ni a sus secuaces como el gobierno legítimo de Venezuela». «Los petroleros sancionados constituyen el principal sustento económico de Maduro y su régimen ilegítimo», remató.

En una declaración oficial, expertos de la ONU denuncian que el bloqueo marítimo parcial impuesto por Estados Unidos a Venezuela violaría las normas fundamentales del derecho internacional. Califican estas sanciones de «ilegales, desproporcionadas y punitivas conforme al derecho internacional». «No existe derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado», señalan.

Mientras, un reporte de la agencia Reuters advierte que la estrategia militar de EEUU se concentrará ahora en aplicar la cuarentena o bloqueo a los barcos petroleros. «Los esfuerzos realizados hasta el momento han ejercido una enorme presión sobre Maduro, y se cree que a fines de enero Venezuela enfrentará una calamidad económica a menos que acepte hacer concesiones significativas a Estados Unidos», dijo un funcionario a Reuters.

El problema es que en Venezuela los ingresos petroleros por exportaciones no vienen marcados, y no hay cómo diferenciar los que financian al régimen de Maduro de los que llegan al presupuesto nacional y al gasto social. Los efectos de esta situación sobre la población en general son claramente deducibles: se agrava la crisis humanitaria que afecta a millones de personas, especialmente a los más de siete millones (una cuarta parte de la población que queda dentro del país) que según la ONU requiere alguna forma de ayuda humanitaria y de ellos, 4,4 millones necesitan comida.

El bloqueo naval impuesto por Trump acelera los efectos de la nefasta política económica chavista que este año ha hecho perder al bolívar más de 82% de su valor frente al dólar, que ha subido su precio en 462%, más o menos la misma cifra de inflación esperada para el cierre del año.

Ya sin contar el efecto del bloqueo naval, se esperaba que en 2026 los venezolanos comunes vivirían al borde de la hiperinflación, con más desempleo, devaluación y empeoramiento de expectativas. El 28,4 de la población, el estrato C, percibe menos de 790 euros de ingreso familiar por mes y el 47,3%, los del estrato D, se las arreglan con 450 euros. Son los que encajarán el peor golpe, mientras la oligarquía en el poder político y económico se mantiene a salvo.

En Venezuela no existen políticas sociales compensatorias, ni sistema de previsión social, o acceso gratuito a la salud y a la educación de calidad. Los jubilados y pensionados reciben en total unos 47 euros por mes. Desde hace años, menos del 10% de la población tiene acceso a algún seguro privado de salud. Si por desventura uno termina en un hospital público por un accidente, tiene que llevar por su cuenta hasta la escayola, las vendas y la sutura.