2026 empieza bien: una Venezuela sin Maduro
Ahora queda lo más difícil: disolver la autocracia y organizar la democratización del país. España debería jugar un papel
Nicolás Maduro. | Ilustración de Alejandra Svriz
Nicolás Maduro, el autócrata venezolano heredero directo de Hugo Chávez, ha sido sacado del país por fuerzas estadounidenses después de varias horas de ataques selectivos contra instalaciones militares, baterías de defensa antiaérea, aeropuertos y centros de comunicaciones.
La extracción de Maduro, acusado de narcotráfico por la Casa Blanca, fue la culminación espectacular de una escalada que empezó en agosto de 2025 y que se ha ido incrementando progresivamente. Maduro, que falseó el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y que ha manejado Venezuela como un dictador, no aprovechó las oportunidades que se le dieron para dejar el poder. Al contrario: hasta el último momento mantuvo el tono fanfarrón que le caracterizaba. El pasado domingo, aseguró que sus Fuerzas Armadas estaban «más preparadas que nunca» y comparó a Venezuela con «David amenazado por Goliat».
Entre las celebraciones de los ocho millones de venezolanos expulsados del país por el chavismo -ocho millones, se dice pronto- y también de los países contrarios al régimen, y las condenas de los líderes que le apoyaban y que denuncian la intervención de EEUU como ilegal desde el punto de vista internacional, la realidad es que Maduro ha sido uno de los dirigentes políticos del mundo que más avisos ha recibido sobre lo insostenible de su posición.
El pasado 21 de noviembre habló por teléfono con Donald Trump, que le dijo -en plena escalada de presión por tierra, mar y aire- que no tenía más remedio que dejar el poder que detentaba ilegítimamente desde el fraude de las presidenciales de 2024. Según varios medios de comunicación de EEUU, entre ellos la agencia Reuters, Maduro le habría pedido una amnistía total para él y su familia, el levantamiento de sanciones para un centenar de altos cargos del chavismo, que EEUU impidiera su eventual procesamiento en el Tribunal Penal Internacional y que la vicepresidenta Delcy Rodríguez —la amiga del Gobierno español a la que, casualmente, la intervención ha pillado en Moscú— encabezara un gobierno de transición que convocara elecciones. Las mismas fuentes aseguraron que Trump se negó a todo excepto a la primera solicitud, y que le dio un ultimátum que expiró hace más de un mes.
La cadena de televisión estadounidense CBS informó de que la Casa Blanca autorizó «hace días» los ataques aéreos contra objetivos en Venezuela, pero la operación contra el grupo terrorista del estado Islámico (ISIS) en el noroeste de Nigeria del día 25 de diciembre a solicitud del Gobierno del país africano aconsejó aplazar la ofensiva desencadenada esta madrugada. El mal tiempo en la zona, añade la CBS, atrasó también la operación hasta ahora.
Ahora el reto -para EEUU, para la oposición venezolana, para todo el país- es hacer las cosas bien después de esta intervención armada y de la deposición por la fuerza de Maduro. El que a hierro mata, a hierro muere, pueden proclamar los defensores de la operación estadounidense. Es cierto que Maduro no era un presidente legal, y que su régimen tampoco lo era. Pero el autócrata ha sido depuesto por la fuerza, y ahora -sin entrar en el debate de la legalidad internacional- hay que resolver todos los problemas pendientes: qué hacer con el círculo militar y civil del régimen, con los autores y los cómplices de la represión encarnizada contra el pueblo venezolano, de qué manera organizar la depuración de los aparatos del Gobierno sin violencia y con justicia, y cómo garantizar una transición a la democracia.
Una tarea en la que el Gobierno español, demasiado transigente y conciliador -vía Rodríguez Zapatero- con la autocracia venezolana, podría tener un papel importante. No será fácil, a juzgar por las reacciones de los socios del Gobierno y por las estrechas relaciones de la extrema izquierda con el chavismo.
Albares ha dado ya una prueba de realismo al no condenar la intervención militar y recordar que España nunca reconoció el fraude del 28 de julio de 2024. Lástima haber ignorado la concesión del Nobel de la Paz a la dirigente de la oposición democrática venezolana, María Corina Machado, lástima no haberla felicitado y no haber asistido a la ceremonia de la entrega del premio en Oslo. Hubiera sido un excelente preámbulo al papel que ahora, en la reconstrucción de la democracia en Venezuela, debería tener un país históricamente amigo como España.