Crímenes de guerra: ¿qué tribunales los juzgan?

Los crímenes de guerra son considerados entre las violaciones más graves del derecho internacional. Incluyen asesinatos deliberados, torturas, ataques contra civiles, maltrato a prisioneros, deportaciones forzadas y otras prácticas que contravienen las normas del derecho humanitario en conflictos armados. Para enfrentarlos existen mecanismos judiciales múltiples, tanto a nivel internacional como nacional, con competencias, límites y criterios distintos, y que han evolucionado a lo largo del tiempo para tratar de cerrar las brechas de impunidad que se han observado en numerosos conflictos.

La Corte Penal Internacional

Según el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998 y entró en vigor en 2002, la CPI es el único tribunal penal internacional de carácter permanente cuya misión es investigar y juzgar a personas por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, desde 2018, crímenes de agresión. Expertos en derecho penal internacional sostienen que la CPI actúa cuando las jurisdicciones nacionales no pueden o no quieren juzgar estos delitos, siguiendo el principio de “complementariedad”. Eso significa que la corte solo toma casos si el Estado competente no ha actuado de manera genuina para procesar a los responsables. Para algunos juristas, el establecimiento de una corte penal internacional permanente era una necesidad evidente tras los abusos masivos del siglo XX, y la CPI representa esa respuesta institucional con capacidad jurídica para emitir órdenes de detención y celebrar juicios.

Tribunales ‘ad hoc’: respuestas específicas a conflictos concretos

Antes de la CPI existieron tribunales internacionales creados temporalmente por mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar atrocidades en lugares específicos. Académicos del derecho internacional citan ampliamente este modelo de tribunales como crucial para desarrollar la justicia penal internacional. Uno de los ejemplos más relevantes fue el Tribunal Penal Internacional para la ex‑Yugoslavia (TPIY), establecido en 1993 para procesar crímenes de guerra cometidos durante las guerras balcánicas, y que operó hasta 2017. Otro caso paradigmático fue el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado en 1994 para juzgar a los responsables del genocidio en ese país. Los tribunales ad hoc sirvieron, según criterios académicos, para consolidar normas y procedimientos que luego inspiraron el Estatuto de Roma, pero su alcance estaba limitado al conflicto y al tiempo en que actuaron.

Tribunales híbridos: justicia internacional más local

Además de los tribunales permanentes y ad hoc, existen tribunales híbridos que combinan elementos nacionales e internacionales, tanto en normas como en jueces y fiscales. Estos tribunales, según organizaciones y estudios sobre justicia post‑conflicto, se configuran cuando el sistema judicial propio del país afectado no tiene la capacidad o independencia necesarias para abordar crímenes graves. Un ejemplo de este modelo fue el Tribunal Especial para Sierra Leona, creado tras la guerra civil en ese país para procesar violaciones del derecho internacional humanitario y otros delitos atroces. Modelos similares se han implementado en otros contextos para asegurar que los procesos se adapten a la realidad local sin renunciar a estándares internacionales de justicia.

Jurisdicción nacional y universal: los Estados como jueces

Además de los mecanismos internacionales, los tribunales nacionales también pueden perseguir crímenes de guerra, especialmente bajo la doctrina de jurisdicción universal, que autoriza a un Estado a investigar y juzgar delitos internacionales graves aunque no hayan ocurrido en su territorio ni involucren a sus nacionales. Casos recientes ilustran cómo la justicia nacional complementa la internacional: por ejemplo, una corte francesa condenó a un exlíder rebelde congoleño a 30 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Segunda Guerra del Congo, aplicando la jurisdicción universal. No obstante, la acción nacional puede verse limitada si ya existe un proceso internacional en curso. Así, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España rechazó investigar al primer ministro israelí por presuntos crímenes de guerra alegando que ya hay una causa abierta en la CPI, una postura respaldada por normas internas que buscan evitar duplicidades judiciales.

Obstáculos prácticos y políticos en la justicia penal internacional

A pesar del marco institucional, la aplicación efectiva de la justicia penal internacional enfrenta desafíos notables. La cooperación de Estados, la captura y entrega de sospechosos, la obtención de pruebas en zonas de conflicto y las consideraciones políticas internacionales pueden afectar el avance de los procesos. Cuando países no reconocen la jurisdicción de la CPI, como Estados Unidos, Rusia o China, se crean espacios donde la corte no puede actuar plenamente sin mecanismos adicionales de cooperación.