Venezuela: el día después

Los efectos del poder militar son tan dramáticos que suelen empujar a los observadores a confundir preferencias con hechos y apresurarse a tomar partido con lo que les parece justo, conveniente o sencillamente más cómodo de creer. Una vez que las tropas empiezan a moverse y las bombas a caer, casi por naturaleza, la mayoría de las miradas escogen lado y a partir de ahí las valoraciones solamente son una justificación a prejuicios que anteceden a las acciones que se están evaluando. Muchos de los comentarios sobre la intervención militar estadounidense para capturar al ahora expresidente Nicolás Maduro tienen bastante de esto. La llegada del exmandatario venezolano esposado a Nueva York, alguien que pocos días atrás bailaba ante la televisión venezolana con su habitual aire de impunidad, ha generado un alud de opiniones encontradas, más fruto de ansiedades y deseos que de una evaluación cuidadosa de que pasó en Caracas y las consecuencias que esperan más adelante. Sin embargo, lo sucedido promete ser de una significación para la seguridad de EEUU y de América Latina como para requerir un repaso cuidadoso y desapasionado.

La operación militar y sus consecuencias 

En términos militares hay poco que decir de la acción desarrollada por las fuerzas armadas y la comunidad de inteligencia de EEUU aparte de que resultó otro ejercicio brillante de aplicación de la fuerza. El asalto de la Fuerza Delta estuvo precedido de un cuidadoso trabajo de inteligencia y una serie de bombardeos extremadamente selectivos que la información disponible permite afirmar estaban destinados a garantizar que los comandos podían alcanzar su blanco sin interferencias y replegarse con seguridad una vez cumplida la misión. Esa cápsula en la que Delta pudo ejecutar la operación estaba garantizada por una inteligencia dominante y un total control del espacio aéreo hasta el punto de que no parece que fuese necesario desplegar un contingente de marines del 22 MEU —Marine Expeditionary Unit, una unidad de entidad batallón reforzado— que en otras circunstancias debería haber establecido un perímetro defensivo físico entorno al complejo donde se encontraba Maduro como parte de la configuración del espacio de batalla para la intervención de Delta. Este es el tipo de operaciones sobre las que EEUU ha demostrado un dominio absoluto durante la Guerra Global contra el Terrorismo y una muestra más de la calidad profesional del equipo liderado por el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas de EEUU. 

Por lo que respecta al presidente Nicolás Maduro, las manifestaciones de la diáspora venezolana en todo el mundo celebrando la intervención en su país de las fuerzas armadas de EEUU para librarse de una tiranía de más de dos décadas son el mejor testimonio de que no hay razones para echarle de menos. Para quienes cuestionan la legalidad de la operación, desde el presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, hasta la dinastía comunista norcoreana, vale la pena recordar que Maduro provocó la mayor crisis humanitaria de la historia de América Latina tras forzar la salida del país de 7,9 millones de compatriotas con una combinación de políticas económicas catastróficas, corrupción a escala industrial y represión política sin cuento. También vale la pena señalar que la tiranía de Maduro, como su antecedente en el poder, Hugo Chávez, utilizó a los grupos guerrilleros colombianos para sostener una campaña de guerra no convencional contra Colombia que ha costado un número incontable de vidas y convirtió Venezuela en un canal para la exportación masiva de cocaína, mayoritariamente destinada a Europa, con la que llenó sus bolsillos y los del régimen. De igual forma no se debe olvidar que ofreció el territorio venezolano a Hezbollah para que el grupo terrorista libanés y sus patrones iraníes trasladasen su operación latinoamericana desde el sur del continente y ha sido un fiel socio de Putin para facilitar la penetración de Rusia en la región. La lista se podría extender más para incluir el encarcelamiento y tortura sistemática de disidentes, asesinatos por encargo en el exterior y actividades políticas encubiertas en América Latina y Europa. Considerar ilegal una operación militar para contener un foco de inestabilidad regional de esta magnitud tras dos décadas de intentarlo por otros medios podría asemejarse a haber renunciado a lanzar una campaña aérea contra Serbia para frenar la limpieza étnica de los musulmanes de Kosovo porque no se contaba con los votos para que el Consejo de Seguridad de la ONU bendijese la operación. 

Con estos antecedentes, los agoreros están equivocados cuando esperan que se levante una ola de indignación en América Latina en defensa de un dictador al mismo tiempo cruel e incompetente. No parece que Javier Milei de Argentina, José Antonio Katz de Chile y Rodrigo Paz de Bolivia vayan a sentir nada más que satisfacción por ver salir del poder a un mandatario que practicó una injerencia sin pudor en sus respectivos países. Por su parte, Claudia Sheinbaum de México puede ver con la mayor aprensión la acción de las tropas norteamericanas en Venezuela; pero ha desarrollado una relación de trabajo con la administración Trump y no puede permitirse tensar las relaciones comerciales con su vecino del norte justo cuando la economía mexicana presenta un crecimiento anémico. Eso deja al presidente Gustavo Petro de Colombia como uno de los pocos que ha manifestado su rechazo frontal a la intervención, una voz crecida por la necesidad de apoyar a su candidato en las elecciones presidenciales del próximo mayo, pero con poco crédito en materia de lucha contra el narcotráfico a la vista de que su país alberga cultivos de coca que produjeron más de 3000 toneladas de cocaína en 2024 de acuerdo a estimaciones de la ONU. 

Una mención aparte merece el caso de Brasil por sus implicaciones geopolíticas para toda la región. Esta crisis ha puesto a prueba su capacidad para asumir el papel de líder regional y el veredicto es claramente negativo. Atrapado entre sus prejuicios ideológicos y la falta de herramientas para la acción exterior del estado brasileño, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva fracasó en forzar el más mínimo cambio en el régimen chavista, dejando al desnudo la debilidad estratégica del gigante brasileño y creando el espacio para la intervención de EEUU. Ahora, los planificadores estratégicos de Brasilia enfrentan un escenario preocupante con un régimen en colapso a cámara lenta en Venezuela al tiempo que la situación de seguridad en Colombia se deteriora rápidamente sin la certeza de poder concertar con Washington una estrategia coordinada para enfrentar el crecimiento de la inestabilidad en una región clave para sus intereses. 

A corto plazo es probable que el establecimiento de política exterior brasileño se tenga que conformar con capear como pueda el deterioro de la seguridad en su entorno estratégico más inmediato. Sin embargo, es más que probable que la intervención en Caracas haya acrecentado la desconfianza hacia Washington y anime a Brasilia a acercarse a otros socios. Europa está la primera en la lista y es seguro que Brasil renueve su confianza en los proveedores de equipo militar del Viejo Continente, siempre que estos puedan garantizar su independencia de EEUU. Eso puede representar un problema para Saab, la fabricante de los cazabombarderos Gripen adquiridos por la Fuerza Aérea que operan con un motor norteamericano; pero puede abrir oportunidades para la industria francesa que está detrás del nuevo submarino de propulsión nuclear de la Marina. Además, Lula podría estar tentado de explorar relaciones más peligrosas. De momento, Brasil tiene un programa conjunto de satélites de observación con la República Popular China e invitó a un pequeño contingente de infantes de marina de este país a participar en el ejercicio multinacional «Operação Formosa» en septiembre de 2024. De cara al futuro, esta cooperación militar podría ampliarse. Tampoco se puede descartar un movimiento en la misma dirección con Rusia. Los diálogos entre Washington y Moscú podrían tener como efecto colateral que Brasilia pierda cualquier prevención a cooperar con el Kremlin. 

Las fragilidades del régimen chavista

Desde luego, la pregunta clave es que viene ahora para Venezuela. Para entender cuáles son los posibles desenlaces vale la pena señalar lo que hace evidente la operación norteamericana en Caracas: la extrema debilidad del Estado venezolano y, en particular, de sus fuerzas armadas. La capacidad de los operadores de Delta para tomar el control de la residencia del presidente venezolano, capturarle y trasladarle en tiempo récord al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima es un tributo a su pericia; pero también una señal de la fragilidad del régimen cuyo equipo de defensa antiaérea de fabricación rusa —fundamentalmente S-300 y Buk-M2E— estaba en su mayoría fuera de servicio justo en medio de la crisis con EEUU. Lo cierto es que la decrepitud del aparato de seguridad venezolano va mucho más allá de la falta de mantenimiento de su equipo y llega a una completa fragmentación de la estructura de mando y al aumento de la autonomía de grupos armados tradicionalmente aliados al régimen. 

Para mantenerse en el poder con una economía rota y una creciente oposición interna, Nicolás Maduro optó por entregar el control de fragmentos del territorio y la población venezolanos a miríada actores armados de muy diversa índole y condición. La lista incluye la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), varias bandas de disidentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz con el gobierno de Bogotá, los «colectivos» chavistas que operan como milicias en las zonas urbanas y un número de bandas criminales de distinto tamaño cuyo ejemplo más notorio es el «Tren de Aragua». Cada una de estas estructuras desarrollaron su propia economía criminal que incluye desde narcotráfico y minería ilegal hasta la trata de personas con fines de explotación sexual. Para complicar el escenario aún más, muchas unidades de las fuerzas armadas venezolanas comenzaron a involucrarse en actividades ilegales en parte para sostenerse en medio de la bancarrota del Estado y en parte porque sus mandos encontraron una forma fácil de enriquecerse. El resultado ha sido que la capacidad de control de la cúpula chavista sobre el sistema de seguridad del régimen chavista se ha ido diluyendo progresivamente. 

Como consecuencia, Maduro y su camarilla pasaron de ser los líderes de un régimen autoritario a convertirse en gestores de frágiles equilibrios de poder entre los distintos grupos que controlaban fracciones de Venezuela. Para ayudarse en esta tarea, el dictador venezolano contaba con dos palancas. Por un lado, confiaba en el respaldo de una lista de socios internacionales que incluía en primer lugar a Cuba y a cierta distancia a Irán y Rusia. Por otra parte, mantenía el acceso a los ingresos legales de la economía venezolana —fundamentalmente petróleo— y una fracción de los recursos de procedencia ilícita, particularmente los asociados al tráfico de cocaína y oro. Respaldo internacional y recursos económicos permitieron a Maduro mantener el control sobre ciertos elementos claves del aparato de seguridad y comprar las lealtades de otros actores armados. Sin embargo, este castillo de naipes se ha ido desmoronando. Cuba arruinada, Irán quebrado por la campaña militar israelí y Rusia empantanada en Ucrania han perdido la capacidad y el interés para prestar una ayuda relevante a su incompetente socio venezolano. Las sanciones económicas y el bloqueo naval han privado al núcleo dirigente de una parte sustancial de los ingresos que le daban una ventaja a la hora de negociar con el resto de los jugadores en el tablero venezolano. Finalmente, la captura de Maduro ha asestado un golpe decisivo a todo el sistema criminal que es el régimen chavista. 

En este escenario, las expectativas estadounidenses de que Delcy Rodríguez, como sucesora de Maduro en la presidencia, pilote la transición hacia un régimen menos peligroso para la región podrían no durar mucho. La lógica de la apuesta es fácil de entender. Desde su llegada a la Casa Blanca, la administración Trump ha apostado por un uso limitado de la fuerza y ha rechazado el despliegue de fuerzas terrestres por periodos prolongados como parte de su compromiso electoral de no involucrar al país en guerras largas y costosas. Bajo este prisma, el arreglo a primera vista más sencillo sería un compromiso con sectores pragmáticos del régimen que controlen el país e introduzcan cambios de acuerdo a las prioridades estadounidenses sin que resulte necesario desplegar una voluminosa misión de estabilización y reconstrucción nacional.

El problema es que esta opción se enfrenta a barreras claves. Para empezar, el personaje escogido parece particularmente inadecuado. Delcy y su hermano Jorge Rodríguez son dos figuras extremadamente radicales dentro del universo chavista cuya militancia izquierdista se enraíza en sus orígenes familiares y se vio reforzada por la tortura y asesinato de su padre a manos de la policía secreta venezolana en 1976. Por otra parte, ninguno de ellos controla los resortes claves de poder en la Venezuela post-Maduro: el ejército que permanece nominalmente bajo el control del ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, y los grupos criminales sobre los que mantiene algún ascendiente el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Para hacer las cosas más difíciles, no parece probable que la oposición democrática encabezada por la premio nobel de la paz, Marina Corina Machado, esté dispuesta aceptar una transición a la cabeza de figuras como los Rodríguez con lo que el nuevo chavismo sin Maduro carecería de la mínima legitimidad para ser políticamente viable. Así las cosas, el reinado de Delcy Rodríguez podría ser efímero, no solamente por su incapacidad para entregar la transición prometida sino también por la tradicional tendencia del chavismo a devorar a sus hijos predilectos. 

¿Estabilización o desmoronamiento?

Entretanto, el tiempo corre en contra de la frágil estabilidad venezolana. Con las relaciones entre los distintos actores armados presentes en el país trastornadas por la salida de Maduro y la economía criminal que los sostiene dislocada por la campaña militar norteamericana, las fricciones entre bandas, colectivos y unidades militares podrían hacerse visibles pronto. Al mismo tiempo, la esperanza con la que millones de opositores venezolanos han recibido la captura de Maduro podría convertirse en frustración si sus vidas cotidianas continúan ancladas en la miseria y la represión mientras Maduro es reemplazado por otra cara conocida del chavismo. Bajo estas circunstancias, Venezuela se enfrenta al riesgo de hundirse en una espiral de caos violento que facilite aún más el negocio del narcotráfico y expulse aún más refugiados a la región. Intervención sin estabilización fue exactamente el experimento entusiásticamente ensayado por los europeos en Libia donde el colapso del régimen de Gadafi fue sucedido por una guerra civil que permanece viva 15 años después. Sin apoyo externo y tras veinte años en manos de un régimen predador, Venezuela podría deslizarse peligrosamente en la misma dirección. 

Así las cosas, podría ser que la administración Trump se vea obligada a revisar su rechazo al concepto de estabilización y termine apadrinando un esfuerzo de este tipo para Venezuela. Para muestra de hacia donde podrían ir las cosas, vale la pena mirar el caso de Haití. Con la república caribeña hundida en una guerra de pandillas y convertida en una fuente de refugiados y narcóticos para toda la región, Washington exploró distintas opciones para apoyar la cuestionada misión policial desplegada por Kenia en la isla, incluido el uso de contratistas privados. Para sorpresa de algunos, la opción finalmente escogida fueron las Naciones Unidas. El pasado mes de septiembre el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2793 para la creación de una denominada «Fuerza de Supresión de Pandillas» (GSF por sus siglas inglesas) que debería suceder al contingente policial keniata actualmente en la isla. Más allá de su sonoro nombre, la nueva misión tendrá como objetivos proporcionar seguridad a la infraestructura crítica, apoyar el acceso de ayuda humanitaria, proteger grupos vulnerables y ayudar a crear condiciones para la celebración de elecciones, dicho en una palabra, estabilización. 

Una misión de este tipo podría tener las cosas más fáciles en Venezuela. El país cuenta con una oposición democrática liderada por María Corina Machado, disfrutó de décadas de democracia antes de caer en manos del chavismo, tiene un abrumador volumen de recursos naturales para financiar la reconstrucción, dispone de una clase de profesionales bien educados que podrían estar tentados de regresar a su país y puede apoyarse en una próspera comunidad empresarial en el exilio dispuesta a contribuir con fondos y know-how. Sin embargo, los pilares de la administración gubernamental, el orden público y el aparato de seguridad solo podrán ser reconstruidos con apoyo exterior en un ejercicio estabilización y asistencia de seguridad. Si la administración Trump desenterró el concepto de estabilización para un caso desesperado como Haití, es probable que también lo haga para Venezuela donde las perspectivas son mejores. El éxito de esta apuesta dependerá en gran medida de que se llega a tiempo para aprovechar lo que se conoce como la «hora de oro» de la estabilización, ese periodo en el que la población todavía conserva la esperanza de un mejor futuro y el antiguo régimen no se ha reorganizado para seguir depredando su propio país. Si la corrección de rumbo de Washington llega a tiempo, Venezuela puede tener una oportunidad seria de recuperarse como un estado funcional. De lo contrario, el precio de contener el colapso crecerá de manera exponencial en vidas y tesoro. 

Por lo que se refiere a España, ni está, ni se la espera en esta crisis. Tampoco se la echa de menos. Es el resultado de tener un presidente de Gobierno como Pedro Sánchez que insultó a su homólogo argentino calificándole de «ultraderechista» al tiempo que su gabinete enfrenta acusaciones de corrupción por la concesión de subvenciones a una línea aérea del régimen chavista, un expresidente de Gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero al que Delcy Rodríguez calificó de «mi príncipe» y un exvicepresidente como Pablo Iglesias que gestiona una maquinaria de propaganda antiestadounidense y antiOTAN para España y América Latina. El caso de Venezuela se ha convertido en el último ejemplo de cómo Sánchez ha privatizado la política exterior española para beneficio suyo y de sus socios políticos. Antes, ya se había visto con Marruecos y con la Unión Europea. La tarea no ha sido difícil dada la preferencia de muchos españoles por vivir de espaldas a la realidad internacional. El precio a pagar será abrumador cuando descubran que el mundo también se ha vuelto más peligroso para ellos.