Trump firma una orden para blindar el dinero del petróleo venezolano ante el riesgo de embargo
El presidente de EEUU se ampara en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977

Donald Trump en una imagen de archivo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para blindar los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano depositados en cuentas del Tesoro estadounidense, impidiendo que sean objeto de embargos o procesos judiciales por parte de acreedores. La Casa Blanca informó de que esta medida de emergencia busca garantizar que dichos fondos se destinen a promover la estabilidad política y económica en Venezuela tras la reciente captura de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses.
Según informa la prensa estadounidense y agencias como EFE y Reuters, el decreto establece que estos activos financieros, considerados propiedad soberana de Venezuela bajo custodia de Estados Unidos para fines gubernamentales y diplomáticos, quedan fuera del alcance de reclamaciones privadas. La decisión afecta directamente a las aspiraciones de compañías como Exxon Mobil y ConocoPhillips, que mantienen litigios millonarios por la nacionalización de sus activos hace casi dos décadas.
Trump justificó la medida bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, calificando la posibilidad de confiscación de los fondos como una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de su país. La orden se ha hecho pública el mismo día en que el mandatario estadounidense se reunió con directivos de las principales petroleras para incentivar inversiones en la industria energética del país sudamericano. Según el Gobierno de Estados Unidos, el acuerdo con las autoridades interinas venezolanas prevé el suministro de hasta 50 millones de barriles de crudo destinados a las refinerías estadounidenses, mientras que el control de los fondos en el Tesoro será gestionado por las Secretarías de Estado y del Tesoro para asegurar los objetivos estratégicos en la región.
Esta decisión presidencial se enmarca en una estrategia de presión sobre el sector energético, mediante la cual Washington pretende captar hasta 100.000 millones de dólares en inversiones privadas para reconstruir la infraestructura de la industria venezolana. Pese a las garantías ofrecidas por el Ejecutivo estadounidense, los directivos de las principales petroleras han manifestado cautela, supeditando su regreso al país a una reforma profunda de los sistemas legal y comercial que garantice la seguridad jurídica a largo plazo.
Por otro lado, la Casa Blanca ha vinculado directamente la protección de estos fondos con la lucha contra el narcotráfico y el control migratorio, argumentando que una Venezuela desestabilizada financieramente favorecería la influencia de actores hostiles con occidente. Mientras tanto, el Departamento de Energía ha comenzado a coordinar la logística para el transporte inmediato de los 50 millones de barriles de crudo acordados, que serán procesados íntegramente en refinerías de la costa del Golfo de México bajo supervisión directa de las autoridades estadounidenses.
