La realidad de tener un familiar preso por motivos políticos en Venezuela

Santiago Andrés Rocha, venezolano, residente en Madrid, asegura que recuerda el día en que se llevaron a su padre «como si fuera ayer». Perkins Rocha fue detenido arbitrariamente el 27 de agosto de 2024 en Caracas (Venezuela), a las afueras de una farmacia y a plena luz del día.

«Varios testigos nos contaron que hubo un forcejeo bastante fuerte. Llegaron alrededor de diez personas encapuchadas en camionetas no identificadas», relata. «Mi papá no se dejaba llevar; entonces lo golpearon en la cabeza, lo tiraron al piso y lo arrastraron».

La familia temió de inmediato por la salud de Perkins. Él tiene una válvula cerebral que le permite drenar el líquido del cerebro y, explica su hijo, un golpe en la cabeza puede ser fatal, ya que existe el riesgo de desarrollar hidrocefalia, una acumulación excesiva de líquido cerebral.

Pasaron 14 meses desesperantes hasta que sus familiares pudieron confirmar su estado de salud. Durante todo ese tiempo, ni su familia, ni el defensor público impuesto por el Estado, ni personal de salud especializado tuvieron acceso a Perkins. «Se intentó con la Cruz Roja Internacional; no se pudo. Se intentó con la Iglesia; tampoco se pudo. Se intentó con el consulado de Italia —la familia de Perkins tiene nacionalidad italiana—; tampoco se pudo. Y bueno, la familia directamente, menos todavía», cuenta Santiago Andrés.

Perkins Rocha fue imputado por los delitos de «terrorismo, instigación al odio, traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir». Sin embargo, ni su familia ni el defensor público han tenido acceso a un expediente que sustente estas acusaciones. Su hijo afirma que fue privado de su libertad «por pensar distinto, por hablar con la verdad y por buscar que se haga justicia». Antes de su detención, Rocha ejercía como abogado de la líder opositora María Corina Machado, era asesor jurídico de su partido, Vente Venezuela, y representante oficial del Comando con Vzla, la plataforma de la oposición venezolana.

El encarcelamiento de Rocha se enmarca en la ola represiva impulsada por el régimen venezolano tras las elecciones de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado presidente pese a la existencia de evidencia generalizada de la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Según cifras de la organización no gubernamental Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, entre el 28 de julio y el 31 de diciembre de ese año se verificaron 2.062 detenciones por motivos políticos en el país.

La política sistemática de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias fue denominada por el propio régimen como la Operación Tun Tun, en alusión al villancico venezolano Tun tun, ¿quién es?, una referencia a que generalmente los arrestos se ejecutaban tras allanamientos en viviendas particulares. Desde entonces, se ha mantenido la práctica de la llamada «puerta giratoria», donde cada vez que algunos presos políticos son liberados, otros son detenidos.

Michelle Simon, coordinadora de Foro Penal en Madrid, señala que estos encarcelamientos forman parte de «un mecanismo con el que el gobierno intenta sostenerse en el poder». Ella mantiene que mediante detenciones políticas masivas, el régimen «genera miedo, autocensura, apaciguamiento social, lo que vulnera derechos humanos fundamentales como la protesta pacífica y la libertad de expresión y asociación».

Como muchos de los presos políticos de la dictadura, Perkins Rocha se encuentra recluido en El Helicoide, conocido popularmente como el mayor centro de torturas del país. Sobre su estado actual, su hijo explica que «está muy, muy flaco. Ha perdido entre 10 y 15 kilos y está totalmente pálido; no sabemos siquiera si ha podido ver la luz del sol». Aun así, destaca que «se mantiene firme de ánimo y consciente de que su encarcelamiento es momentáneo y de que, si vale por su sueño de una Venezuela para todos, está dispuesto a asumirlo».

Según informes de Foro Penal y otras organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y la World Organisation Against Torture, las condiciones de reclusión en centros como El Helicoide incluyen prolongados periodos de incomunicación, torturas físicas y psicológicas y falta de atención médica, entre otras violaciones.

Patrón de detenciones arbitrarias y silencio oficial

María Laura Márquez es otra venezolana residente en España con un familiar recluido en El Helicoide. Su tía, Dignora Hernández, secretaria nacional de Vente Venezuela y dirigente del Comando con Vzla, fue detenida el 20 de marzo de 2024, alrededor del mediodía, en Caracas.

«Fue una detención bastante traumática», relata María Laura. «La metieron a la fuerza en un auto sin matrícula, identificado como parte de las fuerzas del Estado. Eran personas uniformadas; ella gritaba y pedía ayuda». Un testigo logró grabar el momento de la detención y el vídeo se difundió rápidamente en redes sociales.

La familia de Dignora conoció los cargos que se le imputaban a través de una alocución del fiscal general de la República, Tarek William Saab. Ella y su compañero de Vente Venezuela, Henry Alviarez, detenido el mismo día, fueron acusados de estar vinculados con supuestos actos de «conspiración» contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, las autoridades nunca informaron sobre el lugar de reclusión de Dignora, lo que obligó a la familia a «empezar a peregrinar pidiendo información en los centros donde sabemos que suelen tener presos políticos», explica María Laura. «Pero al llegar nos negaban la información; nos decían: ‘no sabemos quién es esa persona’».

Semanas después, los funcionarios de El Helicoide empezaron a aceptar paquetes a nombre de Dignora, lo que, según su sobrina, «nos hizo entender tácitamente que estaba allí».

Ante el silencio oficial, la familia inició una campaña de presión en redes sociales para alertar de que, al momento de su detención, Dignora se encontraba bajo tratamiento médico por alergias severas. «El resultado podía ser fatal si no se actuaba a tiempo». No fue sino al tercer mes cuando se les permitió visitarla y constatar su estado físico.

Desde entonces, la familia de Dignora, como la mayoría de los familiares de presos políticos, ha tenido que asumir los costes de cubrir sus necesidades básicas dentro del centro de reclusión. «El Helicoide, como toda Venezuela, no escapa a los cortes de acceso al agua y a la electricidad. Mi mamá ha tenido que asegurarse de que tenga agua potable, lámparas de emergencia… Dignora ha tenido que crear su propio ecosistema allí dentro, acompañada de otras presas políticas», explica María Laura.

La sobrina de Dignora también advierte que el bloqueo informativo en Venezuela afecta de manera especialmente dura a los presos políticos. «No tienen acceso a redes sociales y esa falta de información, sumada a la desinformación, los ha llevado a momentos de desesperación muy fuertes».

No obstante, María Laura asegura que su tía se mantiene resiliente. «Siempre nos ha transmitido que ella es fuerte y que va a seguir resistiendo». Afirma que lo único que les ha pedido es «que estemos juntos como familia», algo que le da tranquilidad mientras hace «el mayor sacrificio: entregar parte de su libertad, un tiempo que jamás se le va a devolver».

Los familiares de presos políticos, víctimas directas del régimen

Michelle Simon señala que los familiares de los presos políticos son también víctimas directas de la represión estatal. «La detención de un familiar afecta la integridad física y psicológica de cada uno de los miembros de la familia y tiene un impacto directo en sus derechos económicos y sociales», explica.

Asimismo, advierte que estas familias suelen ser objeto de persecución por parte del régimen en forma de hostigamiento, vigilancia y amenazas, especialmente cuando denuncian públicamente las condiciones de detención de sus seres queridos. Como consecuencia, añade, «muchos familiares no quieren compartir sus testimonios ni denunciar las detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos humanos».

Esta persecución constante puede llevar a que algunos familiares se vean forzados a abandonar el país. Ese fue el caso de María Laura Márquez, quien meses después de la detención de su tía se exilió en España.

Por su parte, Santiago Andrés Rocha relata que su familia ha sido objeto de hostigamiento por parte del régimen venezolano desde los tiempos de Hugo Chávez. «La represión en Venezuela no distingue», afirma. Desde España, se ha enfocado en denunciar no solo el caso de su padre sino el de todos los presos políticos. «Todos valen lo mismo y la libertad de cada uno es la libertad de todos», sostiene.

Promesas de excarcelación no cumplidas

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en la madrugada del pasado 3 de enero, el gobierno chavista, ahora encabezado por la exvicepresidenta Delcy Rodríguez, anunció la liberación de «un número importante» de presos políticos. Para el 14 de enero, solo se habían confirmado 72 excarcelaciones frente a más de 800 presos políticos.

Mientras tanto, las familias de Perkins Rocha y Dignora Hernández siguen esperando el día en el que termine su pesadilla.