Qué es el ICE, la polémica fuerza policial de EEUU que tensiona el Estado de derecho

Los términos de búsqueda «ICE Minnesota» ya no brindan como resultado el tiroteo de Renée Good en Google. La mujer a la que mató un agente de fronteras (ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) estadounidense identificado como Jonathan Ross, estaba, según Ilhan Omar (Demócrata, Minnesota), actuando como observadora legal. Su exmarido afirmó que acababa de dejar a sus hijos en el colegio. No. Los resultados más recientes versan sobre la muerte de un particular identificado como Alex Pretti, enfermero de urgencias.

En varios vídeos compartidos en redes (contenido visual extremadamente violento) se ve a un agente empujar a una persona y cuando Pretti interviene, aparentemente grabando con su teléfono, varios agentes le reducen y golpean. Tras un primer disparo, los agentes abren fuego contra la víctima, reducida en el suelo. Los vídeos parecen desmentir las declaraciones del Servicio de Inmigración, en las que aseguraron que Pretti «blandía un arma» (aunque es cierto que el fallecido tenía permiso de portación oculta, legal en Minnesota, los vídeos parecen mostrarle sujetando un teléfono móvil para grabar a los agentes). Debido al comportamiento de los agentes de ICE, particulares en las redes se están refiriendo a su actuación como una «ejecución».

Las protestas, en respuesta a la muerte de Renée Good, llevan en marcha varios días, puesto que su muerte hizo de catalizador. En el vídeo compartido por el NYT (contenido visual extremadamente violento), se veía al agente disparar por la ventanilla lateral, a la altura de la cabeza, unas tres veces. El agente grabó un vídeo con su propio móvil, poniéndose a sí mismo en peligro de manera innecesaria e ignorando su entrenamiento —el hombre entró al departamento hace más de una década—. La Administración Trump utilizó ese vídeo para justificar las acciones de Ross. El análisis del NYT, desde diferentes ángulos, desmiente dicha versión oficial, según la cual Renée Good era la responsable de poner al agente en peligro.

A lo largo de estas semanas, la búsqueda de «ICE Minnesota» ofrecía informaciones sobre la detención de un niño de cinco años, el uso de gas lacrimógeno contra la población de manera contraria a las propias reglas de enfrentamiento de la institución o, incluso, el uso de granadas aturdidoras por parte de Bortac (el equivalente al GEO del Servicio de Inmigración, aproximadamente), pintando un panorama en el que adolescentes y niños están dejando de ir al colegio e instituto debido a una mayor presencia de agentes de inmigración.

Es por eso que el Estado de Minnesota se ha visto sumido en protestas en respuesta al comportamiento de ICE y su refuerzo de actividades antiinmigración, conllevando el despliegue del anteriormente mencionado Bortac. Estas operaciones vienen dadas por el documento Mandate for leadership (Mandato para el liderazgo), también conocido como Project 2025. El documento, extenso —más de 900 páginas— quiere ser una respuesta a los problemas percibidos por la Heritage Foundation y ofrecer un plan de ruta para la II Administración Trump, que comenzó en 2025.

Uso ilegítimo de fuerza

Entre los objetivos planteados, uno de ellos es la «inmigración ilegal», uno de los asuntos contra los que Trump lleva cargando desde 2016. Hay pasajes que, por ejemplo, explicitan «rescindir zonas en las que el personal de ICE tiene prohibido operar» (pág.: 142), que parecería apuntar a acabar con lo que se conocen como «ciudades santuario», espacios en los que la Administración local —generalmente demócrata— no colaboraría con la federal a la hora de detener a inmigrantes sin papeles.

Para ello, dentro del Servicio de Inmigración, parecerían haberse implementado cuotas que, según The Atlantic, podrían alcanzar los 3.000 arrestos al día, lo que explicaría por qué, desde 2025, ha habido una escalada en sus actividades y comportamiento. Entre ellas, el uso indiscriminado de armas menos letales (el término «arma no letal» no resulta apropiado, puesto que si se usan de manera incorrecta pueden llegar a causar lesiones serias o a matar) contra población civil, ignorando protocolos de seguridad y reglas de enfrentamiento.

Granadas aturdidoras y de gas contra población civil

Más allá de la muerte de Renée Good y de Alex Pretti, se pueden destacar tres casos, de los cuales, dos tuvieron lugar el mismo día, el 14 de enero, a raíz del caso de Sosa-Celis —siendo este el primero—, que sigue dirimiéndose. Según los agentes, el herido huyó de ellos y dos particulares les atacaron con una pala y una escoba, por lo que dispararon en respuesta. Según la familia del herido, estaba llegando a casa cuando los agentes abrieron fuego, hiriéndole en la pierna. Corroborar esto se complica porque los agentes de ICE no llevan cámaras de seguridad corporales que graben sus intervenciones —por eso Jonathan Ross grabó su vídeo él mismo, con su propio móvil—.

Después del tiroteo, el barrio donde hirieron a Sosa-Celis se llenó de manifestantes, complicando el tráfico y llevando al despliegue de más operativos, tanto de ICE como de la Guardia Nacional.

El segundo incidente tuvo lugar esa misma noche, cuando Destiny Jackson estaba conduciendo por el barrio con su marido e hijos. Un grupo de agentes de fronteras le ordenaron que se marcharan. Antes de que la mujer pudiera cumplir sus órdenes —aunque puede darse el caso de que los agentes den órdenes contradictorias, la mujer afirmó que no pudo maniobrar a tiempo—, dijo ver cómo lanzaban granadas aturdidoras —cuyo ruido puede alcanzar los 180 decibelios (75 más que un avión despegando)— a su alrededor y una granada de gas explotó debajo de su coche. Tras la detonación y activación de todos sus airbags, el coche —con sus hijos, de entre 6 meses y 11 años, en el interior— empezó a llenarse de gas lacrimógeno.

El tercer caso destacable, explicado por el medio de investigación independiente Bellingcat, son los disparos de cinco granadas de gas lacrimógeno contra manifestantes por parte del agente EZ-17, contraviniendo la normativa del uso de fuerza de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). EZ-17, en el vídeo compartido por el medio (contenido visual violento), abre fuego con un lanzagranadas cargado con munición lacrimógena, apuntando directamente a la cara de manifestantes que estaban protestando la presencia no solo de ICE, sino de Gregory Bovino, un oficial antiinmigración. Como se ha mencionado antes, el uso de la fuerza por parte del agente iría en contra de los protocolos de su propia agencia, véase:

«Apuntar de manera intencionada a áreas donde existiera un riesgo considerable de lesiones o muerte se considera uso de fuerza letal. Los agentes/oficiales autorizados no apuntarán intencionadamente a la cabeza, cuello, columna, o entrepierna del sujeto, a no ser que el uso de fuerza letal sea razonable».

Además, se han dado caso de agentes de inmigración arrestando no solo a presuntos inmigrantes y a ciudadanos estadounidenses de nacimiento, sino también a nativos americanos.

Más allá de las actividades que el Servicio de Inmigración está llevando a cabo en Minnesota, JD Vance, el vicepresidente de los EEUU, explicitó los motivos para encarcelar a manifestantes en una rueda de prensa, incluyendo «insulta[r] a un agente de policía», situación en la que se haría todo lo posible para «encarcelar» al responsable.

Las actividades que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está llevando a cabo en Minnesota están enmarcadas en un incremento en el presupuesto para actividades de inmigración —una media de 37.500 millones de dólares (alrededor de 32.000 millones en euros) al año hasta 2029—, así como la entrada sin órdenes judiciales en domicilios, requeridas por la cuarta enmienda de la constitución estadounidense. Además, ICE ha visto un incremento de más de un 100% en sus contrataciones —aparentemente impulsado por la oferta de bónuses— y, también, de una aparente reducción en el tiempo de formación de los agentes —en parte, gracias a la eliminación de las clases de español—.

En el caso de las entradas sin órdenes judiciales, se podría explicar por la filtración de un memorando interno en el que se explicaría a los agentes que bastaría con el formulario I-205 (una orden administrativa, que no judicial) para entrar en domicilios, indistintamente de la existencia o no de una orden judicial, consentimiento, o emergencia —las razones que permiten a un agente de la ley entrar—. El documento analizando la filtración explica que el «formulario I-205 no se considera una orden judicial emitida por un ‘magistrado neutral e imparcial’».