Purga sin precedentes en China tras detectar un millón de casos de supuesta corrupción

El régimen de Pekín ha llevado a cabo una purga sin precedentes entre sus filas en los últimos meses. El líder chino, Xi Jinping, ha establecido la lucha anticorrupción como una de las prioridades de su Gobierno, y este ha sido el motivo oficial esgrimido para apartar o sancionar a cientos de miles de altos cargos y funcionarios. Sin embargo, la apertura de una cifra récord de investigaciones ha intensificado las sospechas internacionales de que basta con no estar lo suficientemente alineado con la línea actual del Partido Comunista del país para ser tachado de corrupto, y que lo que se pretende en realidad es imponer un estado de terror entre los dirigentes.

A lo largo de 2025, la Comisión Central para la Inspección de Disciplina y la Comisión Supervisora Nacional han abierto más de un millón de casos de corrupción. Estos expedientes han derivado en medidas disciplinarias contra un total de 983.000 personas, según el Occrp (Organized Crime and Corruption Reporting Project, Proyecto de Información sobre la Corrupción y el Crimen Organizado), que cita los datos aportados por estos órganos encargados de fiscalizar la buena conducta de los responsables políticos del gigante asiático.

Los condenados por aceptar sobornos o incurrir en prácticas como tráfico de influencias se enfrentan a la pena de muerte en los casos más extremos, en los que el régimen entiende que se ha producido un daño irreparable contra la sociedad. Sin embargo, la mayoría de ellos no entran en este supuesto y se saldan con prisión o simples multas económicas, aunque también pueden ser apartados de sus funciones por este motivo.

De los sancionados por corrupción en 2025, solo 69 eran políticos de alto rango a nivel provincial, ministerial o superior. También se investigó a 115 altos cargos y 5.016 burócratas. Los acusados de aceptar sobornos ascienden a 33.000, de los cuales 4.306 fueron remitidos para ser imputados por la justicia.

A lo largo de dicho año, varios mandatarios han sido condenados a la pena de muerte —algo que solo había ocurrido en dos ocasiones en los últimos 13 años—. Uno de ellos fue Bai Tianhui, el que fuera director general de la gestora financiera China Huarong International, acusado de aceptar unos 133 millones de euros en mordidas.

Aunque en 2024 ya estaba en marcha la campaña anticorrupción impulsada por Xi Jinping, en 2025 creció un 12% el número de altos cargos detenidos por esta razón. La prensa del régimen ha comunicado este nuevo récord como una muestra de que esta persecución contra los corruptos está funcionando y subraya que se ha llegado a investigar a exdirectivos que llevan 15 años apartados del poder, lo demuestra que nadie está por encima de la ley ni goza de impunidad.

Según el Global Times, solo en la primera mitad del año pasado, 420.000 personas recibieron penas administrativas o disciplinarias por incurrir en estos delitos. Comparada al total del ejercicio, refleja que las autoridades intensificaron sus pesquisas en el segundo semestre. El mismo medio habla de una «elevada presión» en la tarea para «purificar» el partido.

Por su parte, China Daily admite un «grave» problema con la corrupción al que ha aludido Xi Jinping en sus últimos discursos. Este periódico ha publicado que entre enero y noviembre del año pasado se disciplinó a 536.000 funcionarios de bajo rango, mientras que se derivó a 20.000 a la Justicia.

Asimismo, la operación Sky Net permitió repatriar a 782 fugitivos en el extranjero y recuperar unos 3.000 millones de euros en activos ilícitos durante el mismo periodo. Además, el Partido Comunista Chino inició el pasado mes de marzo una campaña formativa de cuatro meses para garantizar el cumplimiento del estricto código de conducta al que están sujetos sus 100 millones de miembros.