El chavismo abre la industria petrolera y se traga su discurso nacionalista

Con unos cartelitos como los del viejo Oeste, el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro, a quien nunca consideró un presidente legítimo, sino el supuesto capo de una organización criminal. Pero Washington terminó invirtiendo unos 1.000 millones de dólares por esta detención, que seguramente es una de las más caras de la historia de alguien destinado a un juicio por narcotráfico.

Agentes del FBI y de la DEA (Administración de Control de Drogas) estuvieron presentes —según varias fuentes— para leerle sus derechos en español al heredero de Hugo Chávez al momento en que —en medio de explosiones de metralla y misiles— operativos de la Delta Force lo metían en un helicóptero para llevárselo rumbo a Nueva York, donde a partir de marzo será juzgado por presunto narcotráfico.

«El bloqueo naval estadounidense a Venezuela y la incursión ya han costado a los contribuyentes estadounidenses cientos de millones de dólares. Se estima que llegan a 1.000 millones de dólares. Y, sin embargo, el régimen de Maduro sigue prácticamente en el poder. Las mismas personas gobiernan el país», dijo la senadora Jeanne Shaheen durante la interpelación al secretario de Estado, Marco Rubio, este 28 de enero en una audiencia en el Congreso.

Pero esas mismas personas que formaban la línea dura de Maduro y dicen seguir los lineamientos de su líder desde la cárcel, están propiciando cambios sorprendentes y acercándose a Washington. Así, la inversión militar de Donald Trump podría dar réditos mucho mayores a EEUU en el mediano plazo, al menos a sus empresas petroleras, grandes pagadoras de impuestos y grandes contribuyentes a las campañas electorales.

Paradójicamente, la incursión del 3 de enero ha llevado las relaciones entre el Gobierno de Venezuela y el de Estados Unidos a su más cálido nivel en casi 30 años de la llamada revolución bolivariana, el movimiento «popular, militar y policial» de corte nacionalista socialista iniciado en 1999 por el excomandante de paracaidistas Hugo Chávez, tras intentar un sangriento golpe de Estado en 1992.

«Recibí una llamada del presidente de EEUU, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio, donde se informa que, en el marco de la agenda de trabajo de la cual hemos conversado y hablando, estamos dando pasos importantes», declaró la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el jueves al confirmar un anuncio previo de Trump sobre el inminente regreso de los vuelos comerciales directos entre la metrópoli y Venezuela. «Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir», remató la sustituta de Maduro.

Señales en el aire de Venezuela

En medio de las presiones de Estados Unidos, dos grandes cambios destacan por estos días en la Venezuela bajo el Gobierno de Delcy, de su hermano Jorge Rodríguez y del poderoso ministro del Interior, el capitán Diosdado Cabello. Se trata de una reforma de la Ley de Hidrocarburos, aprobada en tiempo récord por la Asamblea Nacional chavista (que preside Jorge Rodríguez) para permitir la participación de empresas privadas en áreas clave del negocio petrolero. «Damos la bienvenida a la inversión externa y nacional para potenciar el desarrollo productivo en las áreas de petróleo, gas y petroquímica», proclamó Delcy al promulgar la reforma.

«¿De qué sirven las reservas más grandes de petróleo del planeta si no las podemos convertir en salarios, hospitales, alimentación y educación?», dijo con aires de revisionismo. La reforma parcial, que reduce el control del Estado sobre este neurálgico negocio, tiene como objetivo «dar mayor valor jurídico a las inversiones internacionales que llegan a Venezuela».

La reforma supone los cambios más liberales desde la nacionalización de la industria petrolera en 1976. También desde la segunda estatización ordenada por Hugo Chávez entre 2007 y 2009, cuando nacionalizó hasta los servicios en los campos petroleros y revirtió una apertura que había sido impulsada en los años 90 por visionarios tecnócratas.

Ya hace 30 años se sabía que sin copiosos capitales extranjeros Venezuela no iba a poder aprovechar sus enormes reservas de petróleo y gas natural (la primera y la octava más grandes del mundo, respectivamente). Pero el nacionalismo y el socialismo populista hicieron colapsar esa industria, arrastrando consigo a toda la economía.

Ahora la reforma petrolera reduce las regalías pagadas al Estado venezolano; permite a los privados producir y comercializar hidrocarburos sin tener que asociarse con Pdvsa; y establece que las diferencias contractuales podrán ser dirimidas en instancias fuera de Venezuela. El fin es atraer capitales internacionales, especialmente de compañías de Estados Unidos, para elevar la producción. Trump promete que llegarán miles de millones de dólares a Venezuela y que en los próximos meses el país ganará más dinero que en los últimos años.

Horas después de la aprobación de la reforma, la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro), que administra las sanciones aplicadas por EEUU contra el chavismo por sus violaciones a los derechos humanos y atentados contra la democracia, emitió una nueva licencia que afloja la camisa de fuerza que controla la comercialización del petróleo venezolano, pero lo deja bajo control de Washington.

La nueva licencia 46 autoriza a empresas de Estados Unidos a participar en «la extracción, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo de origen venezolano» y productos refinados.

Pero ese petróleo debe ir a Estados Unidos y la venta a cualquier otro cliente debe ser notificada al gobierno de Trump. También se prohíben transacciones petroleras con clientes o empresas controladas por Rusia, Cuba, Irán o China, que hasta ahora eran los principales compradores del crudo venezolano mediante engorrosos procesos de pagos y trasiego en barcos de una flota fantasma.

También se prohíben los pagos del petróleo en forma de oro, intercambio de deuda o criptomonedas, fórmulas usadas hasta ahora por el chavismo para eludir las sanciones. Estos métodos facilitaban la corrupción en un país donde no existe contraloría sobre los manejos de fondos públicos.

Zanahoria y garrote

La otra gran señal de posibles cambios en un Gobierno chavista que se aferra al poder en un precario equilibrio en una relación tutorada por Washington es el anuncio hecho la noche del viernes por Delcy en la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). «Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político de violencia política de 1999 al presente», dijo la presidenta encargada.

En ese año ascendió al poder Hugo Chávez, e instauró su régimen para hundir a Venezuela en una perpetua crisis política, económica y social. Ese desmadre en nombre del socialismo del siglo XXI y la defensa del petróleo provocaría el mayor hundimiento de una economía documentado en el mundo en tiempos de paz, con una caída del 80% del producto interno bruto, hiperinflación, escasez y más del 75% de pobreza.

En ese viacrucis, el régimen chavista provocaría el éxodo de más de ocho millones de venezolanos, hoy convertidos en una nación dispersa por decenas de países. Todo esto ocurrió en medio de los mayores ingresos petroleros de la historia, que en su momento cumbre ascendieron a un billón de dólares (un millón de millones, en español) y fueron dilapidados por años de populismo, corrupción, malversación, incompetencia y pésimos manejos gerenciales, hasta el punto de quebrar a Pdvsa, la petrolera estatal que antes del chavismo fue una de las cuatro principales compañías de su tipo en el mundo.

Por toda Venezuela hay testimonios de este colapso: líneas de metro inconclusas, supuestos ferrocarriles mohosos que no conducen a ninguna parte; hidroeléctricas y termoeléctricas abandonadas; puentes a ninguna parte; empresas del aluminio y el acero quebradas; refinerías que trabajan a un tercio de su capacidad; campos petroleros abandonados y la quema impune, cada minuto, de miles de toneladas de gas natural arrojadas a la atmósfera.

Todo este hundimiento se ha dado simultáneamente con la persecución política contra los disidentes, el desconocimiento del voto y sus resultados como forma de elegir gobernantes, y con un quiebre de las instituciones hoy cooptadas por completo por el chavismo. Ahora, ese mismo chavismo malabarista que causó ese desastre promete sacar al país de ese abismo… y con la ayuda de su principal enemigo: Estados Unidos.