El chavismo desata el síndrome de Estocolmo con su dudosa ley de amnistía

Mientras el país se aparta de una transición a la democracia, el chavismo hace malabares para aferrarse al poder, abre un supuesto diálogo, lanza una ley de amnistía a su medida y excluye a la oposición abrumadoramente mayoritaria, la representada por María Corina Machado. Como si fuera el flamante funcionario de un Gobierno recién llegado, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, hermano de la encargada de la presidencia, Delcy, y desde hace años una de las figuras más poderosas del chavismo, se mostró conmovido al escuchar desgarradores testimonios de familiares de presos políticos.

Jorge acudió la tarde del viernes a los alrededores de la Zona 7, una sede de la tenebrosa Policía Nacional, en el este de Caracas, donde hay al menos 43 presos políticos. En el séquito de funcionarios destacaba Jorge Arreaza, otro chavista de pedigrí, yerno del difunto Hugo Chávez, excanciller, diputado, y ahora presidente de una comisión promovida por Delcy y Jorge para poner en efecto una ley de amnistía, ya aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional (Congreso) chavista.

Los funcionarios y sus asistentes se mostraron conmovidos con los testimonios de familiares de los prisioneros: a uno le han amputado un dedo por ser diabético y corre grave peligro, otro es un joven de 19 años, «un niño especial», autista; otro hombre debe ser operado de la próstata. La escena, entre gritos, llantos y abrazos, resume lo que ocurre en Venezuela: muchos le agradecen al propio chavismo que lentamente abra unas rendijas al reclamo, que vaya excarcelando presos políticos y que privatice la clave industria petrolera con apoyo de Donald Trump.

El martes será la segunda discusión de la ley de amnistía «y se aprobará de forma definitiva. Al estar aprobada, ese mismo día salen todos» los presos, dijo Jorge a un grupo de mujeres que lo increpaban, en una escena grabada por su séquito y difundida en las redes oficiales del dirigente. «Aspiramos a que a más tardar entre martes y viernes estén todos sueltos. Vamos a reparar todos los errores que se hayan cometido», dijo Jorge, el más influyente de los civiles chavistas.

Más tarde, otra mujer, Evelis Cano, quien lleva un mes junto a otros familiares acampando en la calle frente a la Zona 7 para pedir la libertad de sus familiares, aseguraba que no conoce a los que hablaron con Jorge. «Las personas que pernoctamos aquí desde el día 8 [de enero] ninguna salimos en el vídeo», dijo sobre la pieza en la que Jorge se mostraba casi tan inclinado al llanto como las mujeres que lo abrazaban y le rogaban.

Fue una puesta en escena, según algunos comentarios en redes sociales. Como la total puesta en escena que lleva a cabo el chavismo desde el 3 de enero, cuando quedó en la incómoda obligación de entenderse con Washington y denunciar ante sus seguidores la agresión militar de Trump que dejó 120 muertos —según la cifra oficial— para llevarse a Maduro. Pero a la vez el régimen se entiende en los mejores términos con el magnate, quien no escatima elogios para Delcy y otros «líderes del país». Jorge ha pedido perdón por la situación de los detenidos, aunque el chavismo se niega a reconocer la existencia de los presos políticos y afirma que a lo sumo hay «políticos presos».

Pero este es un tema que atraviesa la situación de Venezuela porque tiene que ver con los derechos civiles, con la participación política, con el ejercicio de la democracia, la elección libre mediante el sufragio de las autoridades a todos los niveles, con la libertad de expresión y el derecho a la vida y el fin de la tortura.

Hasta el imperdible José Luis Rodríguez Zapatero aterrizó otra vez en Caracas, invitado por Delcy, para participar en el nuevo show montado en torno a la Ley de Amnistía. Los opositores han acusado al expresidente del Gobierno español de aprovechar su influencia y sus supuestos negocios en el chavismo para mediar en oscuras transacciones que han permitido llevar a España a algunos perseguidos del propio régimen, del cual el español es firme aliado. 

Sin perdón en Venezuela

La Ley de Amnistía, reducida ahora a solo 13 artículos, llena de lagunas y ambigüedades, es la nueva carta del chavismo en su oferta de «ofrecer una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela» como reza la exposición de motivos. Pero el texto está muy lejos de las leyes aprobadas en transiciones democráticas en países que lograron salir de dictaduras y que buscaron restañar las heridas, reconocieron y castigaron abominables violaciones a los derechos humanos y buscaron la reconciliación mediante la justicia.

La Ley ofrece clemencia a todas aquellas personas «que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos», desde el primero de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026. «¡Ese proyecto es un adefesio! ¡¿Delitos políticos y conexos?!», exclamó un académico del derecho tras una primera lectura.

Sin explicar cómo será determinado, el «acto de clemencia» se aplicará exclusivamente a delitos «supuestos o probados» ocurridos en 10 eventos específicos de la historia contemporánea venezolana. Eso incluye un fracasado golpe de Estado el 11 de abril de 2002 contra Chávez, hasta «los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024». No está claro qué pasa con los casos ocurridos fuera de esos meses.

Después de julio de 2024, la represión ejecutada por el chavismo contra quienes se opusieron a la proclamación de Maduro dejó un centenar de muertos, más de 2.000 presos políticos (muchos ya excarcelados) y miles de activistas políticos en la clandestinidad o en el exilio. Entre ellos, Machado y su candidato Edmundo González, verdadero ganador de la presidencia, según las actas electorales en poder de la oposición. 

El activista Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, advierte que «la persecución ha sido continua. Quedan por fuera muchas situaciones que califican claramente para la amnistía pero que no tuvieron lugar en los momentos elegidos». «La persecución política ha tenido muchas caras. No puede limitarse estrictamente a casos o investigaciones penales. Existen y han existido persecuciones laborales administrativas, disciplinarias, civiles que también debe ser anuladas», critica Himiob.

Entre los excluidos de la amnistía están «los delitos contra el patrimonio público». Es una frase ambigua que deja por fuera a muchos políticos perseguidos con el arma de inhabilitaciones administrativas por casos nunca enjuiciados y que tenían motivaciones políticas, no jurídicas.

Según registros de la ONG Foro Penal, en Venezuela permanecen al menos 687 presos políticos; de ellos, 51 están en paradero desconocido, lo que las organizaciones de derechos humanos consideran desapariciones forzosas. Desde el 8 de enero, cuando Jorge Rodríguez anunció una liberación de prisioneros, 383 han sido excarcelados, sin el disfrute de libertad plena, sin derechos, y obligados a presentarse semanalmente ante tribunales, con prohibición de salida del país y de hablar públicamente de sus casos.

El propio Gobierno chavista será quien asegurará «el cumplimiento de esta Ley», lo cual, según expertos, contradice la naturaleza de procesos de reconciliación. Como advierte Himiob, debe permitirse la participación de las propias víctimas, de sus representantes, de las ONG y organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos.

Varios juristas, como Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, advierten que esa ley tiene que pedir perdón y ofrecerle reparación a los presos políticos porque ellos no cometieron ningún delito y se les han causado daños a ellos y a sus familias. Apitz, entre un grupo de académicos invitados por el chavismo para discutir el proyecto, alertó de que deben ser derogadas varias leyes que facilitan la persecución política, como la ley contra el odio; otra contra las ONG; otra de extinción de dominio que confisca propiedades a opositores y una ley de Contraloría que promueve inhabilitaciones.

Sin una amnistía real, está lejos la posibilidad de que regresen los exiliados y que tengan plenos derechos políticos y civiles para competir en unas elecciones libres que tampoco están en el mapa, ni del chavismo, ni de Washington.