Edmundo González afirma que la amnistía para presos políticos «no puede implicar impunidad»
El candidato a las elecciones ha esgrimido que el actual Gobierno tiene que asegurar que «haya reparación para las víctimas»
El opositor venezolano Edmundo González.
El opositor venezolano Edmundo González, quien fuera candidato a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, ha afirmado que la amnistía para presos políticos que se debate en la Asamblea Nacional «no puede implicar impunidad», sino que debe construirse «sobre reglas claras, justicia y garantías institucionales».
«Una ley de amnistía puede abrir el camino a la reconciliación, pero solo si cumple condiciones básicas: que nadie vuelva a ser perseguido por razones políticas, que todos puedan regresar sin miedo, que la verdad sea reconocida, que haya reparación para las víctimas y que existan garantías firmes de no repetición», ha dicho.
González ha reiterado así que «una amnistía debe ser entendida como lo que es, en espíritu y letra», mientras que también debe ser una medida encaminada al «tipo de país» que se quiere «reconstruir». «Más allá de los tecnicismos legales, que debe tenerlos, una amnistía es un ‘traje a la medida’ de un país, no solo de una parte de este», ha aseverado en un mensaje publicado en redes sociales.
Sus palabras se producen a pocas horas de que la Asamblea Nacional venezolana retome la discusión sobre el proyecto de ley impulsado por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, en medio de las críticas de las ONG ante un texto que obliga a los presos beneficiarios a reconocer hechos que niegan haber cometido.
Mientras, familiares de presos políticos siguen concentrados a estas horas frente a centros de detención y otras instalaciones, incluida una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, donde un grupo de ellos lleva desde en huelga de hambre desde el pasado sábado.
Por el momento, solo seis de los trece artículos de la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999, han sido aprobados por los diputados. Las discrepancias entre la oposición y el oficialismo con respecto al séptimo hicieron que quedara paralizada la votación.
La cuestionada disposición determina que los beneficiarios de la amnistía se tengan que poner «a derecho», es decir, a disposición de las autoridades pertinentes. Esto implica, a efectos prácticos, que aquellas personas que se exiliaron por la persecución deban volver al país y se personen ante la Justicia para reconocer estos presuntos delitos.