El día que detuvieron a Andrés: el expríncipe que se creyó imbatible
El hermano de Carlos III fue detenido el pasado jueves tras encontrarse nuevas relaciones con el ‘caso Epstein’

El exprincipe Andrés de Inglaterra tras ser puesto en libertad. | Phil Noble (Reuters)
El 19 de febrero de 2026 entrará en los anales de la monarquía británica como una de las jornadas más complejas y simbólicamente dolorosas de su historia reciente. Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III y durante años una de las figuras más visibles de la Corona, fue detenido por la policía británica en el marco de las investigaciones vinculadas al caso Epstein. Este acontecimiento, completamente inédito en la historia moderna de la monarquía británica, convierte el escándalo reputacional de una persona en un episodio que cruza las barreras de Buckingham y cuestiona los cordones sanitarios impuestos por el rey.
La detención, la liberación y el delito investigado
Según informó la policía tras arrestar a Andrés en Norfolk, el expríncipe fue detenido por «mala conducta en cargo público», acusaciones que se enmarcan en las nuevas evidencias derivadas de los Epstein files. Estas comunicaciones y documentos filtrados apuntan a su posible transmisión de información oficial a Jeffrey Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido en Asia (2001-2011).
El delito, que en el derecho británico se aplica cuando alguien en funciones públicas traiciona la confianza depositada en él, puede acarrear penas de prisión si se demuestra que hubo uso indebido de información sensible que perjudicó el interés público. Sin embargo, la detención no está relacionada con el resto de causas abiertas contra Andrés y que derivan de una conducta inapropiada con menores durante su amistad con Epstein. La detención está exclusivamente vinculada a la seguridad nacional y a secretos de Estado que podrían haber sido expuestos.
El evento, que tuvo lugar el mismo día que Andrés cumplía 66 años, duró alrededor de diez horas, tras las cuales fue liberado después de prestar declaración, según las últimas imágenes y reportes publicados por medios nacionales. Las fotografías en la estación policial muestran al expríncipe saliendo en libertad acompañado de su equipo legal. Esta evolución, por ahora, indica que la investigación aún está en fase de recopilación y análisis de pruebas, no de instrucción formal de cargos.
De escándalo reputacional a problema judicial
La relación de Andrés Mountbatten-Windsor con Jeffrey Epstein no es un asunto nuevo: se remonta a principios de la década de 2000 y ya había sido objeto de controversia durante años. Sin embargo, fue en 2019 cuando el vínculo explotó en la conciencia pública británica con la célebre entrevista televisiva que el príncipe concedió a la BBC. Aquella comparecencia, lejos de contener los daños, agravó la percepción pública de falta de empatía y de responsabilidad. Eso precipitó su retirada de facto de la vida oficial: Buckingham Palace le obligó a abandonar funciones públicas, se le retiraron honores y patronazgos y su imagen institucional quedó severamente erosionada.
En 2021, Virginia Giuffre interpuso acciones legales en Estados Unidos por abusos ocurridos cuando tenía 17 años, presuntamente bajo la red de Epstein. Para zanjar ese proceso civil, en 2022 se alcanzó un acuerdo extrajudicial que evitó el juicio; Andrés pagó una suma no revelada y reconoció a Giuffre como víctima, aunque sin admitir responsabilidad.
Pero el verdadero punto de inflexión institucional llegó en el otoño de 2025. El rey Carlos III decidió ejecutar una ruptura sin precedentes con su hermano: retiró formalmente sus títulos, incluidos el de príncipe y el ducado de York, y lo apartó de su residencia oficial en Royal Lodge. El anuncio, coordinado con el Parlamento para su ratificación, fue presentado como una medida necesaria para proteger la monarquía de nuevas oleadas de polémica.
El rey se pronuncia
Horas después del arresto, Carlos III emitió un comunicado oficial, un gesto inusual en su concisión y firmeza. El rey expresó su «profunda preocupación» y puntualizó: «La ley debe seguir su curso», subrayando lo que ya dijo hace unas semanas: que la Familia Real colaboraría con las autoridades en caso de ser necesario. Sin embargo, el rey ha querido mantener cautela, argumentando que no quiere interferir de forma indirecta en el proceso judicial, destacando su absoluta confianza en la justicia.
Esa frase sintetiza el enfoque institucional que ha buscado impersonalizar la crisis: la autoridad está por encima de los vínculos familiares. Tras años de intentar modernizar la Casa de Windsor hacia un modelo más pequeño, transparente y acotado en sus funciones, la respuesta de Carlos III indica que la Corona no se refugiará en la opacidad. Esta decisión termina de construir la imagen que el rey quiso proyectar hace unos meses: los privilegios se ganan, no se asumen. En una institución cuyos pilares son la tradición y la ejemplaridad, perder uno de sus elementos sustentadores resulta prácticamente mortal.
Lo que está en juego
La monarquía británica ha sobrevivido a abdicaciones, conflictos dinásticos y escándalos familiares. Incluso al trauma de la muerte de Diana de Gales o a las tensiones con los duques de Sussex. Pero el siglo XXI exige algo distinto: responsabilidad, transparencia y sometimiento claro a las normas que rigen a cualquier ciudadano.
Si la fiscalía decide presentar cargos formales contra Andrés, el Reino Unido podría enfrentarse al cuadro sin precedentes de un juicio penal contra un hermano del rey. Si no lo hace, la presión pública y mediática por explicaciones detalladas continuará. En ambos casos, la legitimidad de la Corona se medirá menos por su historia centenaria que por su capacidad de responder sin doble estándar.
Una falta de previsión
La detención del expríncipe Andrés no es un hecho aislado ni un simple incidente personal. Se trata de un caso del que la monarquía ha tratado de huir sin interponer las medidas necesarias a tiempo. Aunque las medidas que adopta el rey son las correctas, a diferencia de otros casos como hemos podido observar recientemente en Noruega, puede ser que una ruptura sin paliativos a tiempo hubiera evitado asociar las acciones del expríncipe con la imagen de la Familia Real.
Y esto, de nuevo, demuestra que existe una falta de conciencia en muchas monarquías donde ponerse en el peor de los casos no es una opción. La responsabilidad que acarrea un título y un cargo que no nace de una elección, sino de una tradición que es cómodamente aceptada porque, en principio, no genera inconvenientes, no puede permitirse estrellarse ante una muerte civil anunciada que todos sabíamos que tarde o temprano terminaría de materializarse. Aunque es cierto que no existe ninguna sentencia y que el proceso judicial ni siquiera ha comenzado, lo que hemos podido saber hasta ahora a través de las filtraciones de los Epstein files resulta tan revelador como perturbador.
La Corona británica se encuentra una vez más frente a un espejo: la monarquía no puede aspirar a seguir siendo relevante en el siglo XXI si incluso sus miembros más cercanos no están exentos de responsabilidad. Una realidad que, a diferencia de otras ocasiones, viene acompañada de la justicia, cuya balanza no puede decantarse por ningún nombre ni apellido.
