¿Tiene base legal el ataque a Irán? Los expertos analizan los argumentos esgrimidos por EEUU
Los expertos consultados valoran las justificaciones esgrimidas por el presidente de Estados Unidos
Una figura de Donald Trump ante una bandera de Irán. | Reuters
El ataque conjunto de Israel y Estados Unidos a Irán para derrotar al régimen de los ayatolás ha dividido a la comunidad internacional entre quienes apoyan la intervención y los que la critican por contravenir el derecho internacional. En España, Sánchez insiste en el respeto al orden internacional, y coincide en este caso con la visión de China y Rusia, además de otros países. Los expertos en esta materia consultados por THE OBJECTIVE, señalan que aunque se trata de una operación fuera del marco legal, hay matices que deben analizarse.
El presidente del país norteamericano, Donald Trump, ha justificado en las últimas semanas tanto esta acción en Oriente Próximo como la incursión que tuvo lugar en enero en Venezuela. Si bien en el segundo caso se trató de una intervención contra el «narcoterrorismo», el bombardeo contra los ayatolás se ha presentado como un «ataque preventivo» ante la amenaza nuclear que supone Irán, que tenía intención de atacar a terceros Estados, según la Casa Blanca. Sin embargo, no se han presentado pruebas en este sentido. Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, añadió que la mera posibilidad de que Irán construya una bomba justifica la intervención militar del Estado hebreo.
A la hora de emprender un análisis de estos argumentos, hay que tener en cuenta algunas cuestiones, como explica la jurista española especialista en derecho constitucional español y europeo Teresa Freixes: «Primero está en juego el principio de ‘no intervención’, porque esta tiene que estar autorizada por el dichoso Consejo de Seguridad. Y digo ‘dichoso’ porque es un organismo obsoleto que no hay manera de que hoy en día sirva para algo. Luego está la responsabilidad de proteger a la población civil, de la que todo el mundo se está olvidando estos días. ¿Qué hacemos con la población que ha estado siendo masacrada durante tanto tiempo?», se pregunta la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales y analista de seguridad y conflictos armados, reconoce que Donald Trump, «como cualquier presidente, puede tomar la decisión como comandante en jefe», aunque expresa su disconformidad con la intervención desde un punto de vista legal. «Una decisión así es, además, aconsejable que pase por la Cámara correspondiente porque estas decisiones condicionan muchísimo la seguridad nacional y esta guerra le va a trascender a él».
El Consejo de Seguridad de la ONU como «órgano obsoleto»
«El ataque es ilegal porque falta el permiso del Consejo de Seguridad de la ONU», aseguran tanto Freixas como los otros expertos consultados por este diario. «Más allá de eso, yo lo que hago es plantearme la legitimidad de este órgano», indica la catedrática de la UAB, que asegura que «está haciendo caso omiso de lo sustancial», ya que no protege «contra los crímenes a la humanidad».
El derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU —el principal órgano sobre la paz y la seguridad en el mundo— o la legítima defensa tras recibir un ataque armado, como recoge el artículo 51 de las Naciones Unidas: «Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa […] en caso de ataque armado». El «derecho a un ataque preventivo» es, sin embargo, una interpretación particular de las normativas existentes y no se reconoce como tal.
Como recuerda Gazapo, Donald Trump no confía en Naciones Unidas. Eso es, en buena medida, porque «no existe la voluntad política de sus miembros para hacer que funcione, partiendo de ese famosísimo Consejo de Seguridad en el que unos se vetan a otros. Claro, así es muy complicado». A juicio del experto, este tipo de actuaciones debilitan el sistema multilateral y aumentan la incertidumbre geopolítica.
La legítima defensa y la defensa colectiva
El debate de si se ha tratado de un ataque por legítima defensa también está sobre la mesa. Es cierto que Irán apoyó los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, pero Freixes se pregunta si no fueron «hace ya demasiado tiempo»: «El problema es que no está regulado un margen temporal». La cuestión es si EEUU podía defenderse a sí misma «de forma preventiva», como ahora se esgrime.
Cosme Ojeda, profesor de la asignatura América Hoy en la Universidad San Pablo-CEU, señala que EEUU entendía que la intervención de Israel habría conllevado una respuesta iraní que habría afectado a sus bases en Oriente Próximo: «La Administración Trump dice que había un peligro inminente; ellos sabían que los hebreos iban a atacar y eso ponía en peligro a sus soldados en toda la región», explica para THE OBJECTIVE. «Ellos usan esto para justificar que tenían legitimado el ataque».
«Cuidado con eso», alerta Gazapo, «porque los ataques preventivos son la caja de Pandora. La respuesta de Irán podía afectar a bases militares en la región, sí, pero no a la seguridad directa del país», opina el consultor. «El que sí tenía un miedo justificado era Israel porque Irán pudiera aplastarlo. Eso es un hecho».
En cuanto a la defensa colectiva, está prevista en tratados como, por ejemplo, la OTAN. El artículo 5 podría invocarse si Irán atacase un territorio aliado, como puede ser el lanzamiento de misiles contra Turquía, pero EEUU lo ha descartado.
El deber de proteger a la población
En este análisis de argumentos, el siguiente que se presta a debate es la «intervención humanitaria», es decir, la responsabilidad de proteger a la población, que carece de base jurídica sin el aval del Consejo de Seguridad. Así las cosas, se está omitiendo la responsabilidad del órgano de la ONU de proteger a la población: «Cuando un Estado no protege a su gente y se producen actos como crímenes de lesa humanidad, el resto de países estarían en el deber de proteger a esa población», explica la jurista Teresa Freixes a THE OBJECTIVE. «Aquí se quiebra también este principio porque también es necesario el permiso del Consejo de Seguridad de la ONU, pero nunca se lo da a nadie. Esto supone una falacia; hay que ponderar las dos cuestiones».
EEUU arroga poderes especiales a su presidente
La Constitución de EEUU dice que debe ser el Congreso el que tiene que autorizar este tipo de acciones, pero el procedimiento lo establecen las leyes: El presidente puede actuar si después lo explica ante la Cámara, como ha hecho Trump en el Senado, donde los demócratas han presentado una propuesta para recriminar la actuación. Los republicanos han votado en contra de la propuesta, por lo que, de algún modo, se le ha dado el visto bueno.
El profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo-CEU, Cosme Ojeda, lo explica: «La legislación de EEUU presenta un problema porque tienen que cumplir los tratados internacionales que firman, pero al mismo tiempo su presidente tiene autorizados poderes como ‘comandante en jefe’ que le permiten incumplir en algunos casos esos tratados», expone para THE OBJECTIVE. «Eso lo invocan muchas veces, como cuando capturaron a Maduro».
«Para declarar una guerra, Trump sí necesita la autorización del Congreso», puntualiza Ojeda. «Hay una ley de 1973 por la que cada vez que van a la guerra le piden permiso a la Cámara. Sin embargo, cuando han ido a por Bin Laden y casos parecidos, no se ha pedido permiso al Congreso [porque se trata de una operación secreta que debe ser llevada a cabo rápida y confidencialmente]. En ese caso tiene 60 días para hacer lo que considere oportuno». En cualquier caso, «esta es la primera vez que hay una acción militar tan descomunal sin pasar antes por el Congreso».
Existe una orden ejecutiva de EEUU, aprobada por el presidente Ford, por la que ninguna persona empleada por el Gobierno del país podrá cometer un asesinato. «Entonces, teóricamente, no pueden matar a un presidente de otro país, pero luego dicen que hay un peligro inminente y Jamenei ahí tiene poderes militares», explica Cosme Ojeda. «Ahí están los matices».
«Hay que concienciar a la ciudadanía de que el derecho internacional es mucho más complejo de lo que muchos quieren hacer ver», añade Freixes para concluir.