Kast llega al poder con la mira puesta en el crimen organizado y la inmigración en Chile

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, ha jurado este 11 de marzo de 2026 como nuevo presidente de Chile con un programa centrado en reforzar la seguridad, frenar la inmigración irregular y aliviar la carga fiscal de las familias. El exlíder del Partido Republicano llega al Palacio de La Moneda tras imponerse en las elecciones presidenciales con cerca del 60% de los votos, en un contexto marcado por el aumento del crimen organizado y el descontento social por el coste de la vida.

«Sí, juro», ha expresado Kast ante más de mil invitados, entre ellos Gabriel Boric —el ya expresidente de Chile—, quien le ha colocado la Medalla O’Higgins en la banda presidencial. A la ceremonia asistieron varios jefes de Estado, como el rey Felipe VI, el presidente de Argentina Javier Milei, el de Ecuador Daniel Noboa, entre otros.

Poco antes, Kast posó junto a su gabinete en el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar (Valparaíso), desde donde reaccionó al ataque que sufrió este mismo miércoles un carabinero en Puerto Varas, que lo ha dejado en muerte cerebral. El nuevo presidente de Chile aseguró que «a partir de hoy las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros —Policía Nacional en Chile—, nos ataca a todos nosotros, prometo que los vamos a perseguir, a encontrar, a juzgar y a encerrar».

Kast tiene otros desafíos, como la reconstrucción de la zona centro-sur del país, la cual quedó arrasada por los incendios forestales, además de lidiar con las decisiones que hereda de la Administración Boric, como el acuerdo con China para conectarse a través de un cable submarino de fibra óptica que provocó el malestar de Estados Unidos, puesto que «socavaría la seguridad regional» y pondría en riesgo la infraestructura crítica.

Kast se enfrentó en la segunda vuelta de las elecciones a la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, que había obtenido el primer puesto en la primera ronda. Sin embargo, la unión del voto de los partidos de derecha terminó inclinando el resultado final a favor del dirigente conservador. Durante la campaña y los meses posteriores a su victoria electoral, el nuevo mandatario presentó más de quince propuestas de gobierno. Entre ellas destacan cinco iniciativas que se han convertido en el eje de su agenda política: Plan Implacable, Plan Cancerbero, Barrido Total, Escudo Fronterizo y No más contribuciones.

Guerra contra el crimen organizado

La primera de estas medidas es el Plan Implacable, una estrategia de seguridad que Kast ha definido como una «declaración de guerra contra el crimen organizado». El plan responde al aumento de la violencia, la expansión de redes narcotraficantes y el incremento de los homicidios registrados en Chile en los últimos años.

Entre las principales medidas figura el endurecimiento de las penas para delitos relacionados con el crimen organizado, la construcción de cárceles de máxima seguridad con bloqueo de comunicaciones y sistemas de vigilancia biométrica, la prohibición de los llamados narcofunerales —funerales organizados por bandas criminales que suelen convertirse en demostraciones de poder— y la ampliación de los supuestos de legítima defensa.

Régimen penitenciario más restrictivo

Otra de las propuestas destacadas es el Plan Cancerbero, cuyo nombre hace referencia al perro mitológico que custodiaba las puertas del inframundo en la tradición griega. Con esta iniciativa, el nuevo presidente pretende establecer un régimen penitenciario mucho más restrictivo para los delincuentes más peligrosos.

El plan contempla la creación de centros penitenciarios de alta seguridad inspirados en el régimen 41-bis italiano, utilizado para aislar a miembros de la mafia. Este sistema implicaría fuertes limitaciones en las visitas, llamadas telefónicas y comunicaciones externas, así como la prohibición de teléfonos móviles, televisores u otros dispositivos electrónicos. También se introducirían uniformes obligatorios y un régimen especial para presos reincidentes o vinculados a organizaciones criminales.

Combatir la economía sumergida

La tercera iniciativa, denominada Barrido Total, busca combatir el comercio ilegal y la economía informal, un fenómeno que, según el equipo de José Antonio Kast, supone un riesgo para la seguridad y una competencia desleal para los negocios que operan dentro de la legalidad.

El plan incluye tolerancia cero frente a la venta ilegal en la vía pública, refuerzo policial en zonas con alta presencia de comercio ilícito y la instalación de medidas físicas de control en estaciones de metro, edificios públicos o plazas, como torniquetes, barreras o sistemas de vigilancia. Además, se prevé la creación de un Sistema Nacional de Información contra el Comercio Ilícito, que coordinaría a administraciones públicas y empresas privadas para detectar y denunciar estas actividades.

Frenar la inmigración

Otra de las medidas centrales del programa del nuevo presidente es el Plan Escudo Fronterizo, destinado a frenar la inmigración irregular en las zonas limítrofes del país. La propuesta plantea reforzar la seguridad en las fronteras mediante vallas de hasta cinco metros de altura equipadas con sensores de movimiento, torres de vigilancia, radares térmicos y drones con cámaras de reconocimiento facial e infrarrojo. También se contempla la excavación de zanjas en los sectores con mayor presión inmigratoria, así como el despliegue permanente de patrullas de vigilancia.

Eliminación del IBI

La quinta propuesta, denominada No más contribuciones, busca eliminar progresivamente el impuesto sobre la primera vivienda que pagan los propietarios en Chile. Este tributo —similar al impuesto sobre bienes inmuebles existente en otros países— se aplica a determinadas propiedades y constituye una fuente de ingresos para las administraciones locales.

El plan del nuevo gobierno plantea suprimir este impuesto para la vivienda principal de las personas físicas, comenzando por los adultos mayores, con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias. Según las estimaciones presentadas durante la campaña, la medida supondría una reducción de ingresos públicos cercana a 320 millones de euros anuales, aunque beneficiaría a unas 750.000 familias.

El equipo de Kast sostiene que esta rebaja fiscal podría incentivar la actividad económica y reducir la economía informal, uno de los espacios donde operan redes de comercio ilegal y contrabando. El nuevo Ejecutivo considera que combinar menos presión fiscal con un refuerzo de la seguridad y del control fronterizo permitiría mejorar el crecimiento económico y contener el avance del crimen organizado en el país.