La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que como miembro del Gobierno está obligada a cumplir las recomendaciones sanitarias y la prohibición de las manifestaciones del 8 de marzo, pero ha denunciado un «señalamiento» y «criminalización» del movimiento feminista.
En contexto: la Delegación del Gobierno en Madrid ha anunciado este jueves la prohibición «por motivos de salud pública» de todas las convocatorias de manifestaciones o de concentraciones que habían sido comunicadas para los días 7 y 8 de marzo en la Comunidad.
La ministra de Igualdad ha participado este jueves en un acto organizado por el sindicato CCOO con motivo del próximo Día de la Mujer y ha lamentado que hay quienes quieren «negar» la calle a las mujeres, «el derecho a la calle que tanto nos costó conseguir, la calle para estudiar, la calle para trabajar, la calle para reivindicar y conquistar derechos».
«Como miembro del Gobierno lógicamente estoy obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias y así lo hemos dicho estos días insistentemente. Debemos hacer caso a las recomendaciones sanitarias», ha subrayado la titular de Igualdad.
Sin embargo, ha advertido que ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el «señalamiento» a la lucha feminista «por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada».
«A mí, a nosotras, no nos van a encontrar en esa criminalización del movimiento feminista», ha asegurado la ministra. En el Ministerio de Igualdad -ha dicho- «van a encontrar una oposición firme a esa España gris, machista, que nos quiere de vuelta a nuestras casa por parte de la extrema derecha».