La caza del lobo será prohibida en España y varias comunidades rechazan un acuerdo sin consenso

El lobo ibérico ha sido incluido en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre), lo que abre el camino a la prohibición de su caza para el control y regulación de la especie. Tras esta decisión, varias comunidades autónomas han rechazado el acuerdo porque aseguran que ha sido adoptado sin consenso ni diálogo.

Lo más importante: las autonomías donde habita el 95% de los ejemplares en España, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, han expresado su malestar por esta resolución adoptada en el seno de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a instancias de una organización ecologista (Ascel) y después de una segunda votación que ha decidido el voto de calidad del representante del Ministerio para la Transición Ecológica.

Además de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, han votado en contra de esta decisión País Vasco, Madrid, Andalucía y Murcia, mientras que Navarra y Comunidad Valenciana han renunciado al alegar la necesidad de un mayor consenso, y la ciudad autónoma de Ceuta no ha podido ejercer su derecho por problemas técnicos.

«Por vez primera en la larga historia del funcionamiento de esta comisión y del comité técnico y de los grupos de trabajo dependientes de la misma, un ministerio lleva la propuesta de inclusión de una especie en el Listado de Protección Especial o el Catálogo de Especies Amenazadas sin haber logrado un consenso, especialmente de aquellas comunidades que albergan de forma mayoritaria la población de una especie», señala la nota conjunta de las cuatro autonomías.

Durante la reunión, añaden, «ni el Ministerio ni ninguna de las comunidades autónomas que han apoyado la propuesta ministerial han presentado documentos que avalen su postura o contradigan los informes técnicos que Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia han enviado» a todos los representantes.

Lo servicios jurídicos de esos cuatro territorios autonómicos «analizarán las circunstancias que han rodeado la sesión de la comisión estatal» así como el propio acuerdo adoptado, y promoverán los recursos a su alcance «para impedir una decisión que no tiene ningún fundamento técnico ni científico».

Las comunidades que alojan al 95% de los lobos españoles consideran que esta prohibición supondrá un «gravísimo problema» para la gestión de la propia especie y su incompatibilidad con la ganadería extensiva, «una actividad económica clave para nuestros territorios rurales, generar alimentos de calidad y luchar contra el despoblamiento».

En la misma línea, con idénticos argumentos, la organización agraria COAG-Castilla y León ha solicitado la dimisión de la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), ha recordado que son los ganaderos, y no el lobo ibérico, quienes corren «peligro de extinción», al considerar que la máxima protección sobre el lobo ibérico «dejará sin alternativas a la ganadería autóctona, extensiva y ecológica», que en su opinión «pagará los platos rotos de esta medida».