La delegada contra la Violencia de Género propone aplicar el 155 en Murcia para suprimir el pin parental
Victoria Rosell ha propuesto esta opción como medida excepcional en caso de que falle el diálogo político
Victoria Rosell, la nueva delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha planteado la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Murcia para impedir que el proyecto del pin parental salga adelante.
La aplicación de dicho artículo implicaría intervenir en la Comunidad de Murcia (como en su día se hizo en Cataluña) para obligar al Gobierno autonómico a suspender la aplicación del ‘pin’ en sus escuelas.
Cuando la educación afectivo sexual por educador@s expert@s desaparece de las políticas públicas, se acude a otras fuentes. Ya hemos visto las consecuencias de su sustitución por la pornografía.
El #PINAbascal es una irresponsabilidad. Y atenta contra los derechos de la infancia. https://t.co/pEHvpYe0uO— Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) January 17, 2020
El pin parental, propuesto por Vox, es una medida que pretende preservar el derecho de los padres a impedir que sus hijos asistan a determinadas charlas o actividades complementarias en horario escolar, en caso de que vayan en contra de sus valores o convicciones morales. El partido de ultraderecha ha sacado adelante esta medida en Murcia, con el apoyo del PP y de Ciudadanos a cambio de que Vox apoye los presupuestos de la Comunidad de 2020.
En unas declaraciones a Cadena SER, Rosell ha justificado la posible aplicación del 155 en Murcia «si falla el diálogo político» porque «se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables». «Sería el camino similar al de Cataluña, la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico», ha añadido la delegada para Violencia de Género.
El artículo 155 de la constitución recoge las medidas excepcionales que tiene el Estado para controlar a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. Establecer dispositivos de control subsidiario para obligar a la región al «cumplimiento forzoso» de sus deberes está entre estas medida.
