La familia de Francisco Franco enterrará al dictador en la cripta de la catedral de la Almudena, en Madrid, si finalmente se procede a la exhumación de su cadáver del Valle de los Caídos.
Así consta en el escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso la Agencia Efe, al acuerdo del Consejo de Ministros del 31 de agosto pasado que los nietos de Franco presentaron ayer ante el Ministerio de Justicia, en el que se oponen a la exhumación del cadáver de su abuelo.
En los once puntos del documento, la familia plantea la «inconstitucionalidad» de la modificación de la conocida como ley de memoria histórica por «la inexistencia de una situación de ‘extraordinaria y urgente necesidad'» y asimismo alega que el Gobierno vulnera «el derecho fundamental a la intimidad personal del artículo 18.1 de la Constitución».
Los nietos de Franco afirman que el poder de disposición de los restos del anterior jefe del Estado «corresponde, en exclusiva, a su familia, que ha manifestado de forma firme y unánime su expresa oposición a la exhumación y traslado de sus restos a lugar distinto del sepulcro que ocupan en la actualidad».
«Se trata de la imposición forzosa por parte del Estado de una exhumación no consentida por los titulares del derecho fundamental, una imposición que vulnera frontalmente tales derechos fundamentales y que, por ello, no debe encontrar encaje constitucional», señala el texto de alegaciones.
Asimismo argumenta que se produce «una violación del derecho fundamental a la libertad religiosa» y que «infringe el derecho a recibir una sepultura digna por la exhumación por motivos ideológicos ajenos a cualquier justificación por motivo de orden público».
En el documento, presentado ayer por Francisco Franco Martínez-Bordiu, también razona la «nulidad radical del acuerdo de incoación del presente procedimiento ante la falta de jurisdicción de la Administración del Estado sobre la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que, como lugar de culto, tiene garantizada su inviolabilidad en virtud de los Acuerdos de 3 de enero de 1979 firmados entre el Reino de España y la Santa Sede».
Señala que se infringe así la ley que «reconoce al Valle de los Caídos como lugar de culto, al prescindir absolutamente de la necesidad indispensable de obtener la autorización expresa de la autoridad eclesiástica competente, en este caso, el prior administrador de la abadía de la Santa Cruz».
Según los Franco, también hay una invasión de competencias transferidas a la Comunidad de Madrid relativas a la sanidad mortuoria y de las «facultades exclusivas de la familia para autorizar la exhumación».
«El Real Decreto Ley 10/2018, pese a su pretendido carácter general, es una disposición de carácter singular o de caso único, afectada por tanto de un vicio de inconstitucionalidad, al infringir el principio de igualdad ante la ley reconocido en el artículo 14 de la vigente Constitución», arguyen.
Y añaden que «el procedimiento de exhumación vulnera frontalmente la Disposición Adicional 6ª bis del Real Decreto Ley 10/2018 toda vez que el Procedimiento debería ser único para todos los enterrados en el Valle de los Caídos que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 52/2007».
Esa normativa dispone que «en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda».
Tras calificar de «torpe» la redacción del Real Decreto, afirman los herederos del dictador que existen muchos enterramientos en ese lugar de personas que no fallecieron a consecuencia de la guerra civil.
El documento argumenta la «existencia del delito de profanación del artículo 526 del Código Penal el cual, como es obvio, no puede ser modificado por un Real Decreto-Ley, ni por una norma que no tenga carácter de Ley Orgánica».
La familia Franco, que agradece «el generoso apoyo» que ha recibido de «un sinfín de personas», opina que la exhumación «constituye un auténtico atropello a una familia española, una monumental infracción de preceptos fundamentales del ordenamiento jurídico y una colosal chapuza jurídica que apenas encubre el rostro totalitario y revanchista del gobierno que la promueve«.
«Asimismo, los familiares de Francisco Franco han decidido recusar a la Instructora del Procedimiento, la Subsecretaria de Justicia Dª. Cristina Latorre Sancho por concurrir en ella una evidente causa de abstención y, por ende, de recusación en el procedimiento iniciado, al ser evidente por su trayectoria política, su falta de parcialidad», según consta en el escrito.
Agrega que Latorre «fue vicesecretaria general (y durante algunos meses secretaria general) de Presidencia del Gobierno durante los años 2008 al 2011, bajo la presidencia de D. José Luis Rodríguez Zapatero, lo que denota su adscripción ideológica al partido del gobierno, y la inhabilita para instruir el presente procedimiento».
En el caso de que fueran desestimadas sus alegaciones y la exhumación se produjese, «deberá procederse a la inmediata entrega del féretro» a su familia en la propia basílica para «que ésta, previas las honras fúnebres y oficios religiosos correspondientes, proceda a darles cristiana sepultura en la cripta de la catedral de la Almudena de Madrid, donde disponen del correspondiente derecho de inhumación».
