La fiscalía brasileña acusa a Lula de ser el "cabecilla" de la trama de corrupción de Petrobras
Lula y su mujer han quedado formalmente acusados de haber recibido sobornos de la empresa OAS, implicada en el escándalo de Petrobras. La fiscalía acusa al exmandatario y a su esposa de tres delitos: corrupción pasiva, fraude documental y lavado de capitales. Concretamente, Lula habría recibido hasta 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) para una casa de tres plantas en Guarujá, a las afueras de São Paulo. 1,1 millones (330.000 dólares) fueron para la compra de la casa, 926.000 (278,000 dólares) para la reforma y 350.000 (105.000 dólares) para equipar la cocina. Lula, por su parte, ha negado ser propietario de la vivienda y asegura que los cargos presentados por la fiscalía en su contra “tienen motivación política”, carecen de respaldo jurídico y son una “farsa”, según un comunicado de sus abogados. El futuro del exmandatario, que ha manifestado en varias ocasiones su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2018, pende de la decisión del juez Sérgio Moro, responsable de la investigación y considerado un archienemigo declarado del exmandatario del Partido de los Trabajadores.
El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados tras la demoledora acusación de la fiscalía brasileña, que le señala como «el comandante máximo del esquema de corrupción» enquistada en la petrolera estatal Petrobras. Se trata del mayor escándalo de desvío de fondos públicos en la historia del país.
Lula y su mujer han quedado formalmente acusados de haber recibido sobornos de la empresa OAS, implicada en el escándalo de Petrobras. La fiscalía acusa al exmandatario y a su esposa de tres delitos: corrupción pasiva, fraude documental y lavado de capitales. Concretamente, Lula habría recibido hasta 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) para una casa de tres plantas en Guarujá, a las afueras de São Paulo. 1,1 millones (330.000 dólares) fueron para la compra de la casa, 926.000 (278,000 dólares) para la reforma y 350.000 (105.000 dólares) para equipar la cocina. Lula, por su parte, ha negado ser propietario de la vivienda y asegura que los cargos presentados por la fiscalía en su contra “tienen motivación política”, carecen de respaldo jurídico y son una “farsa”, según un comunicado de sus abogados.
El futuro del exmandatario, que ha manifestado en varias ocasiones su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2018, pende de la decisión del juez Sérgio Moro, responsable de la investigación y considerado un archienemigo declarado del exmandatario del Partido de los Trabajadores.