La Fiscalía de Madrid, a favor del confinamiento de los municipios de más de 100.000 habitantes
Víctor Lerena | EFE
La Fiscalía de la Comunidad Madrid ha remitido un escrito a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que considera «procedente» la ratificación de las medidas que prevén actuaciones sanitarias coordinadas en salud pública. El Ministerio Público entiende que las restricciones de entrada y salida en territorios de mayor o menor extensión pueden adoptarse con fundamento en la legislación estatal y autonómica de Sanidad.
Lo más importante: la Fiscalía considera que las medidas restrictivas adoptadas por el Ministerio de Sanidad «se ajustan a los criterios de proporcionalidad y necesidad sin tener en cuenta razones económicas o sociales que también pudieran ser dignas de protección, porque la salud pública es el único bien jurídico que se tiene que salvaguardar para ratificar la medida».
El escrito subraya que la posibilidad de que la orden afecte al derecho fundamental a la libertad de circulación tiene una «menor» trascendencia porque atiende a un amplio catálogo de supuestos «en que se puede salir o entrar, por razones sanitarias, empresariales, educativas, laborales, profesionales, gestiones bancarias y administrativas, entre otras».
La Fiscalía reitera que las limitaciones que afectan a la circulación por la vía pública, salvo en los supuestos contemplados en el decreto de alarma en todo el territorio nacional o en localidades particulares, solo pueden adoptarse con una legislación «excepcional» por tratarse de una limitación «relevante» del derecho fundamental a la libertad de circulación.
La Fiscalía destaca que las medidas que deben aplicarse por la pandemia de coronavirus a personas sanas han de entenderse entre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las estrategias sanitarias de todos los países, como mantener las distancias y evitar reuniones o aglomeraciones, así como limitar los desplazamientos.
Este anuncio llega un día después de que la Audiencia Nacional anunciara que ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por un abogado particular en lo relativo a paralizar la orden del Ministerio de Sanidad en la que se acordaron medidas restrictivas para diez municipios de la Comunidad de Madrid, entre ellos la capital, como medida para atajar los contagios por la COVID-19[contexto id=»460724″] en la región madrileña.
