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Madrid

La Fiscalía pedirá el ingreso en prisión de los condenados de la Manada de Collado Villalba

La Fiscalía Provincial de Madrid pedirá el ingreso en prisión de los tres jóvenes integrantes de la conocida como La Manada de Collado Villalba tras haber sido condenados por la agresión sexual a una joven el 13 de marzo de 2015 en esta localidad madrileña.

La Fiscalía pedirá el ingreso en prisión de los condenados de la Manada de Collado Villalba

La Fiscalía Provincial de Madrid pedirá el ingreso en prisión de los tres jóvenes integrantes de la conocida como La Manada de Collado Villalba tras haber sido condenados por la agresión sexual a una joven el 13 de marzo de 2015 en esta localidad madrileña.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó a 15 años de cárcel a dos de ellos y a 14 al tercero por agresión sexual continuada a la mujer en un piso, en una sentencia hecha pública el miércoles en la que las magistradas establecieron que cometieron el delito aprovechándose de lo que la jurisprudencia ha denominado «intimidación ambiental».

La Fiscalía ha remitido un escrito a la Sala en el que pide que convoque a las partes para celebrar una vista en la que solicitará el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de los tres jóvenes condenados.

En el escrito se recuerda que fueron condenados en una sentencia que aún no es firme, pues puede ser recurrida, pero añade que «dada la gravedad de las penas impuestas» la Fiscalía estima necesaria esta medida para «evitar el riesgo de fuga» de los condenados por no poderse gozar de los beneficios de la suspensión de la condena.

Para la Fiscalía en este caso concurren todos los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión preventiva, esto es, la existencia de un delito castigado con pena superior a dos años y motivos para creer al encausado responsable del delito y la necesidad de evitar que pueda sustraerse a la acción de la justicia.

Según la sentencia, los tres condenados estarán sometidos a una medida de libertad vigilada por espacio de siete años, que empezarán a cumplir una vez que hayan cancelado las penas privativas de libertad. Asimismo se les prohíbe comunicar por cualquier medio con la víctima, así como aproximarse a su domicilio o lugar de trabajo, por un tiempo de veinticinco años.

Además han sido condenados a indemnizar cada uno a la víctima con 30.000 euros para reparar en la medida de lo posible los graves daños morales y las consecuencias psicológicas.

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