La Fiscalía se querella contra Jaime Botín por evitar pagar un millón de euros a Hacienda

La Fiscalía ha interpuesto una querella contra Jaime Botín y otras tres personas por eludir un pago a la Hacienda Pública de 1.014.298 euros. Están acusados de haber creado un entramado de empresas “a través del que deslocalizaron de manera ‘artificiosa’ una aeronave, propiedad de Botín, en Portugal, donde no existen impuestos para este tipo de actividades”, ha explicado la Fiscalía Provincial de Madrid en un comunicado.

Con este operativo, los querellados evitaron pagar el Impuesto Especial Sobre Determinados Medios de Transporte, a pesar de que el avión en cuestión tenía su base de movimientos en España, principalmente en el aeropuerto de Torrejón.

La empresa World Tour S.A., creada en 1989 y de la que Jaime Botín era propietario mayoritario, firmó un contrato de compra con la compañía estadounidense Cessna Aircraft Company para comprar un avión por más de 10 millones de dólares. El contrato establecía que la aeronave debía contar con una certificación comercial expedida en España y que la entrega se realizaría en Torrejón.

Sin embargo, la necesidad de pagar a Hacienda más de un millón de euros en impuestos por esta compra motivó la matriculación del avión en Portugal y de que otro de los querellados creara una sociedad en el aeródromo municipal de Cascais llamada World Tour Portugal.

La Fiscalía sostiene que, dado que los querellados conocían la existencia de un procedimiento de inspección por parte de la Agencia Tributaria a World Tour S.A. desde octubre de 2016, celebraron una Junta General de Accionistas para liquidar la sociedad y adjudicar “la totalidad del haber social a Jaime Botín, tales como 19.581,51 euros, el derecho de uso y disfrute de amarre para embarcaciones de gran eslora en el Real Club Náutico de Valencia, así como 28.611 participaciones en el capital social de la entidad Cherokee Bay Limited”.

Jaime Botín no ha declarado sus activos patrimoniales situados en el extranjero y esto, junto a la deslocalización de los activos de la sociedad y su disolución, son hechos que la Fiscalía considera que “estuvieron preordenados para hacer inútil o dificultosa cualquier reclamación administrativa o judicial de la cuota defraudada”.