La Justicia ordena a la familia Franco que devuelva el Pazo de Meirás

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La Justicia ordena a la familia Franco que devuelva el Pazo de Meirás
Foto: Loischantada| Wikimedia

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha declarado que el Pazo de Meirás es del Estado, por lo que ordena a la familia Franco su devolución.

Lo más importante: la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña establece que la compraventa, realizada en el año 1941, fue una «simulación» y se declara nula. La sentencia no es firme y puede ser recurrida.

«El Juzgado declara que el Pazo de Meirás es del Estado y ordena a la familia Franco su devolución. La jueza indica que la Junta Pro Pazo regaló el inmueble al jefe del Estado, no a Franco a título personal», ha indicado en un tuit la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

«La jueza, Marta Canales, rechaza la existencia de retraso en la interposición de la demanda y destaca que la posibilidad de presentarla ‘nace de un importante estudio histórico y de un consenso social logrado tras muchos años’», añade el tribunal.

En la sentencia, el tribunal declara la «nulidad» de la donación hecha en 1938 y declara nula la compraventa del año 1941, por considerarla una «simulación« en la que «Franco nada paga». «Al entender que la propiedad del pazo corresponde al Estado, la juez declara también nula la parte de la escritura por la que los herederos de Franco se hicieron con el inmueble» tras la muerte del dictador en 1975, explica además en un comunicado el Poder Judicial.

En consecuencia, el tribunal coruñés ha anunciado que «condena a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad».

La sentencia, pronunciada en primera instancia, puede ser recurrida en un plazo de veinte días desde la notificación a las partes, puntualizó la sentencia.

La residencia, construida entre 1893 y 1907, había sido declarada monumento de interés cultural por el parlamento regional de Galicia en 2018, lo que significa que debía ser abierto al público, pero los descendientes de Franco cuestionaron la decisión, argumentando que era una propiedad privada.