La Mesa del Parlament aprueba querellarse contra el juez Llarena

La Mesa del Parlament ha aprobado este viernes querellarse contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por un presunto delito de prevaricación a pesar de las dudas sobre su viabilidad expresadas por los letrados de la Cámara y el rechazo de los partidos constitucionalistas. El objetivo de la querella es defender los «derechos políticos» de los diputados después de que el magistrado denegara la salida de prisión del parlamentario de Junts per Catalunya Jordi Sànchez para ser investido presidente de la Generalitat. Tras conocer esta decisión, el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazó el pleno de investidura de Sànchez de manera indefinida.

La decisión ha sido tomada en una reunión extraordinaria de la Mesa convocada el jueves por Roger Torrent, para estudiar la respuesta a la decisión del juez Llarena. Los partidos independentistas, que cuentan con mayoría en la Mesa, no han escuchado las voces de la oposición ni de los letrados del Parlament, que consideran que la querella debería ser presentada por partidos políticos o personas concretas ya que no son de «interés común» para el Parlament.

La propuesta ha sido avalada por Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, que tienen mayoría, mientras que Catalunya en Comú Podem comparte la idea pero ha recomendado optar por otras vías por las «dudas jurídicas» planteadas por los letrados. El PSC y Ciudadanos han votado en contra de la iniciativa de Torrent.

La querella que, en principio se interpondrá contra Llarena aunque también está abierta a todos los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se ha encargado ya a los servicios jurídicos de la Cámara, pese a las reticencias de los letrados, informa EFE.

Torrent propuso a Jordi Sànchez como candidato el pasado 7 de abril “al comprobar que era el diputado del Parlament con más apoyos para poder ser investido”. El día 9 envió un escrito al juez Llarena en el que, basándose en la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU del 23 de marzo, le pedía que tomara las medidas necesarias para garantizar que Sànchez pudiera acudir al pleno de investidura.

Antes de la suspensión del pleno de investidura de Sànchez, el Parlament ya lo había intentado sin éxito con el expresidente Carles Puigdemont y con el exconseller Jordi Turull. Este último se sometió a una primera votación de investidura el 23 de marzo en la que no consiguió los votos necesarios, y cuya segunda votación 48 horas después no pudo celebrarse ya que el juez Llerena había ordenado la víspera su entrada en prisión y la de otros exmiembros del gobierno catalán.

El Gobierno advierte que la querella  puede ser delito

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertido este viernes de que la querella que el Parlament ha decidido presentar puede constituir «malversación de fondos, aparte de otros delitos». Méndez de Vigo ha destacado que esta decisión de la Mesa se ha llevado a cabo «contra el parecer de los letrados» de la Cámara, que han manifestado que esa posible querella tenían que hacerla, en todo caso, unos grupos políticos concretos y no el Parlament.

Por eso, el portavoz del Gobierno ha considerado que «estaría bien» que el Parlament se ajustase a lo que dicen los letrados. «Que luego no digan que no sabían las consecuencias de lo que estaban haciendo porque se lo han dicho con toda claridad», ha concluido.