La ONU ha reclamado este martes a las potencias internacionales una clara condena del golpe de Estado en Birmania y les ha pedido que rechacen el plan de los militares para celebrar unas nuevas elecciones.
En contexto: los militares, que gobernaron con puño de hierro de 1962 a 2011, denunciaron un supuesto fraude electoral y este lunes asumieron el poder tras detener a varios líderes políticos, incluida Suu Kyi y el presidente del país, Win Myint.
«La propuesta de los militares para celebrar elecciones otra vez debe ser desalentada. Es importante que unamos nuestros esfuerzos para ayudar a asegurar que el Ejército respeta la voluntad del pueblo birmano y respeta las normas democráticas», ha dicho la enviada de la organización para el país, Christine Schraner Burgener. La diplomática ha trasladado ese mensaje a las potencias en una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, convocada de urgencia tras el golpe de este lunes.
Aunque el encuentro fue privado, la ONU ha hecho pública la intervención de Schraner Burgener, quien ha insistido en la necesidad de que el mundo muestre unidad ante la situación en Birmania. Hasta ahora, la reacción de las potencias con asiento permanente y poder de veto en el Consejo de Seguridad ha sido dispar, con Estados Unidos y las naciones europeas condenando con claridad el golpe, mientras que Rusia y China han evitado hacerlo y dicen confiar en un arreglo de la crisis.
El Gobierno ruso, de hecho, lamentó que «las fuerzas políticas del país no hayan podido resolver sus diferencias tras las elecciones parlamentarias de noviembre de 2020» y expresó su confianza en que los militares convoquen a nuevas elecciones parlamentarias el próximo año. Esa postura parece chocar con la que recomienda la ONU, que no quiere otros comicios, pues considera que los últimos dejaron una victoria «arrolladora» de la Liga Nacional para la Democracia (LND), encabezada por la líder de facto del Gobierno y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.
Naciones Unidas está también preocupada por el efecto que la actual crisis pueda tener en la situación de la minoría rohinyá y en el posible retorno de los cientos de miles de refugiados de este grupo musulmán que se encuentran en la vecina Bangladesh, según ha dicho a los periodistas el portavoz Stéphane Dujarric. La represión militar en el estado birmano de Rakáin, que forzó a más de 700.000 rohinyás a huir en 2017, fue entonces considerada una «limpieza étnica» por parte de la ONU y las potencias occidentales. En el Consejo de Seguridad, sin embargo, China y Rusia frenaron cualquier intento de tomar medidas contra Birmania.
«La declaración del estado de emergencia y el arresto de líderes civiles son inconstitucionales e ilegales», ha defendido la enviada de la ONU ante el Consejo de Seguridad. Según ha dicho, esa declaración debería ser rescindida, los detenidos liberados inmediatamente y cualquier acusación de fraude debería resolverse a través de los canales estipulados para ello.