La policía venezolana disuelve una marcha opositora e impide el acceso al Parlamento

La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB, policía militar) disolvió este martes con gases lacrimógenos y perdigones una manifestación de decenas de opositores que intentaban marchar hacia el Parlamento en apoyo a la destitución de los magistrados del Supremo, según constató Efe.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Julio Borges, afirmó a los periodistas desde la marcha que el Gobierno ha impedido que la mayoría de los diputados llegue a la capital para participar en la sesión de parlamentaria, prevista para las 14.30 hora local (18.30 GMT).

Por otra parte, el Ministerio Público venezolano informó este martes que investigará las agresiones a dos diputados opositores que resultaron heridos el lunes durante otra protesta frente a la Defensoría del Pueblo en contra de la «violación del orden constitucional» por parte del Tribunal Supremo.

La Fiscalía designó a un fiscal nacional «para que investigue las lesiones ocasionadas a los diputados a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Juan Requesens y José Brito después de que un grupo de personas les atacara este lunes en los alrededores de la Defensoría del Pueblo», señaló en un comunicado. De acuerdo a la información que maneja el Ministerio Público los diputados se encontraban junto a otro grupo de parlamentarios en las cercanías de la Defensoría, en el centro de Caracas, «cuando varias personas arremetieron contra ellos». La Fiscalía afirmó que iniciará los procedimientos del caso a fin «de esclarecer este hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes».

Los opositores denunciaron este lunes que fueron abordados por supuestos «colectivos armados» afectos al Gobierno que arremetieron violentamente contra la protesta y que causaron las heridas a Requesens y Brito. La protesta de los opositores en la Defensoría tenía como objetivo exigir al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que defendiera el derecho de los venezolanos ante la «violación del orden constitucional» que, a su juicio, significó la decisión del Supremo que dejó sin competencias al Parlamento.

Aunque la decisión fue revocada poco después por el propio Tribunal Supremo después de que lo solicitaran los poderes públicos, la oposición ha insistido en que lo ocurrido debe ser sancionado por el Poder Ciudadano (Fiscalía, Contraloría y Defensoria del Pueblo).

La protesta de los opositores se desarrollaba mientras el defensor hacía un pronunciamiento, en calidad de jefe del Poder Ciudadano, en el que negó implícitamente que se haya producido una ruptura del orden constitucional tras la decisión del Supremo de arrogarse la facultades del Legislativo.