La represión de las fuerzas del gobierno en Nicaragua deja 8 muertos, incluido un bebé

Ocho muertos, incluido un niño de un año, es el balance tras los ataques de las fuerzas combinadas del gobierno de Daniel Ortega contra barrios de Managua y otras ciudades, en un recrudecimiento de la represión de protestas opositoras, que en dos meses deja unos 200 muertos.

Durante ocho horas desde la medianoche, fuerzas policiales, parapoliciales y paramilitares encapuchados, incursionaron en unos seis barrios del oriente de Managua y en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) -suroeste-, donde decenas de estudiantes están atrincherados.

Durante el día, otras ciudades como Jinopete, Carazo y Masaya -que se declaró en rebeldía- también registraron ataques, según grupos humanitarios.

«Ocho muertos (incluidos el bebé y un menor de 17 años). Siete en Managua y uno en Masaya», dijo a la AFP Georgina Ruiz, activista del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Entre los muertos están dos estudiantes en el ataque a la UNAN, principal universidad pública del país, y dos menores en barrios de Managua, un adolescente de 17 años y el bebé que recibió un balazo en la cabeza.

«La policía disparó. Nadie me contó yo lo ví, eran policías y nos comenzaron a disparar (…) Espero justicia», declaró a la AFP la madre del bebé, Karina Navarrete. La Policía responsabilizó del crimen a «delincuentes» que «asedian» los barrios.

Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero se ampliaron para demandar justicia y la salida del poder de Ortega, a quien acusan de instaurar, con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, un gobierno autocrático.

«Nos están tirando a matar»

Un joven encapuchado, que se identificó como un estudiante de medicina de 25 años, contó a AFP: «Desde la una de la mañana inició el ataque de paramilitares del gobierno con arsenal bélico».

«Nos están tirando a matar. Al pueblo lo están masacrando, a los jóvenes. Estamos siendo asediados. Es una guerra muy desigual», dijo el muchacho en los predios de la UNAN, quien lleva 50 días en barricadas custodiadas por decenas de jóvenes con morteros artesanales.

Durante el ataque, un chico con un pañuelo en el rostro, que transmitió por Facebook Live, dijo que había «francotiradores» y «cuatro drones» sobrevolando el campus. Mientras hablaba se oían disparos. «No nos vamos a rendir», gritaron otros jóvenes que estaban con él.

El cardenal Leopoldo Brenes pidió al gobierno y a los grupos armados legales e ilegales «que no apunten el arma para quitarle la vida a un hermano».

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) envió a cuatro sacerdotes a la zona. «Les pedimos en el nombre de Dios que cesen los ataques, la ola de violencia y los muertos», dijo el padre Raúl Zamora en la Universidad.

Ante los ataques, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -de grupos de la sociedad civil- suspendió la «Marcha de las Flores», que estaba prevista esta tarde en memoria de las víctimas de la violencia.

¿Adelanto de elecciones?

Antes de los ataques, la CEN había convocado al gobierno y a la Alianza Cívica a reanudar el lunes el diálogo para discutir la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019.

«Es imprescindible que el gobierno nos comunique oficial y formalmente su aceptación a la propuesta que, recogiendo los sentimientos de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, le presentamos el 7 de junio», subrayaron los obispos en un comunicado.

Ortega, un exguerrillero de 72 años que gobierna por tercer periodo consecutivo desde 2007, no ha respondido a la demanda, pero se dijo dispuesto a trabajar por la democratización del país.

Las conversaciones fueron suspendidas tres veces, la última hace una semana porque el gobierno no había invitado a organismos internacionales para investigar la violencia. Tres días después accedió. Una comisión de la CIDH llegará el domingo y el martes otra de la ONU.

El sociólogo Oscar René Vargas consideró lo ocurrido este sábado como una reacción al informe que dio el viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Consejo Permanente de la OEA, que consigna 212 muertos, 1.300 heridos y más de 500 detenidos en los dos meses de «represión».

El gobierno «cree que tiene chance de crear una nueva correlación de fuerzas» antes de que lleguen organismos internacionales humanitarios y se reanude el diálogo, según Vargas.

En la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller Denis Moncada tildó el informe de la CIDH de «subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado».

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó las muertes y pidió el «cese inmediato de toda forma de violencia y represión».

Al condenar los ataques, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, consideró que el gobierno «se deslegitimó».