La sentencia de las hipotecas pone de manifiesto la división en el Tribunal Supremo
Doce de los 28 jueces que el pasado 6 de noviembre acordaron en pleno que fueran los clientes los que debían abonar el impuesto de actos jurídicos documentados sobre hipotecas han expresado por escrito sus votos particulares en contra del fallo y critican el arbitrismo judicial.
El Tribunal Supremo ha hecho pública este martes la sentencia completa sobre el fallo de las hipotecas en el que se evidencia la división de los magistrados. A principios de noviembre, el Supremo decidió en un polémico pleno que fueran los clientes, y no los bancos, los que pagaran el impuesto de las hipotecas. El fallo, que se conoció el 6 de noviembre, fue de 15 votos frente a 13.
Inmediatamente después de conocerse la sentencia y por la gran contestación social que suscitó, el presidente del Gobierno anunció un real decreto para que fuera la banca la que se hiciera cargo de la tasa. Esta decisión fue aprobada por el Consejo de Ministros dos días después, el 8 de noviembre, y fue avalada por el Congreso con 205 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, Compromís, PDeCAT, Foro Asturias y UPN, entre otros) y 137 abstenciones (PP, PNV y EH Bildu).
En la sentencia del 6 de noviembre se critica la decisión anterior del Supremo, la que obligaba a pagar el impuesto a los bancos, y la califican de «drástico viraje jurisprudencial respecto a lo que este Tribunal había declarado con anterioridad». Además se señala que fue un «giro que tuvo un amplio eco social y jurídico por la indudable trascendencia económica y social de la materia».
Por su parte, 12 de los 13 magistrados que votaron en contra de hacer pagar este impuesto a los clientes —y por tanto votaron en contra de la sentencia en el pleno—emitieron votos particulares en los que se criticaba el «arbitrismo judicial«.
En su voto particular, el magistrado José Manuel Sieiro señala que el cambio jurisprudencial que tuvo lugar con la sentencia del 16 de octubre —que establecía que los bancos debían pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados— está «a diferencia de lo que se dice en la sentencia mayoritaria, plenamente justificado«, ya que el fallo estaba «motivado, fundado en derecho y sus tesis compartidas por una parte de la doctrina científica y académica».
Sieiro asegura además que «si el propio Tribunal Supremo pone en cuestión el valor de su jurisprudencia, cómo podrá pedirse el respeto a la misma por los juzgados salas de lo contencioso de los tribunales superiores de justicia y de la Audiencia Nacional».
El magistrado Nicolás Maurandi, por su parte, reprocha que la confianza social en la justicia «queda gravemente quebrantada si, después de un cambio jurisprudencial extensamente argumentado, el más alto órgano jurisdiccional del Estado lo deja sin efecto, sin justificar que sea un claro desacierto jurídico, en el breve espacio temporal de un número de días que no completa un mes».
Los otros magistrados que han expresado su voto particular son Pablo Lucas Murillo, Isabel Perelló, José María del Riego, Diego Córdoba, José Manuel Bandrés, Francisco José Navarto Sanchís, Eduardo Calvo Rojas, Ángel Aguallo Avilés, Jesús Cudero Blas y Fernando Román.
