Libertad para el presidente de la Diputación de Valencia y los otros 5 detenidos
El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, que fue detenido el miércoles por corrupción, así como los otros cinco detenidos por el caso Alquería, han quedado en libertad pero siguen investigados por malversación y prevaricación debido a las irregularidades en la contratación de personal.
El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, del PSPV-PSOE, que fue detenido el miércoles por corrupción, así como los otros cinco detenidos por el caso Alquería, han quedado en libertad pero siguen investigados por malversación y prevaricación debido a las irregularidades en la contratación de personal de alta dirección de Divalterra en 2015.
Los seis detenidos han sido trasladados a la Ciudad de la Justicia de Valencia poco después de las 16:00 horas y a las 18:15 horas ya habían terminado de declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9, informa Efe.
Los primeros en abandonar la Ciudad de la Justicia han sido uno de los gerentes de Divalterra, Xavier Simón, y el secretario del consejo de administración, Jorge Cuerda. Poco después lo ha hecho el asesor Manuel Reguard y el jefe de Gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego. Los últimos en salir han sido el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y la cogerente de Divalterra, Agustina Brines. Todos ellos se han acogido a su derechos de no declarar ante el juez.
Rodríguez ha declarado a los periodistas que estaba «muy tranquilo» y que las decisiones adoptadas por su partido son «lógicas en una situación como esta». Sobre su declaración, ha afirmado que le ha dicho al juez que no podía «decir nada porque todo está bajo secreto de sumario» y primero tiene que saber «de qué va la causa». «La acusación de una malversación de dos millones de euros es una barbaridad, es una desproporción absoluta», ha dicho.
También ha declarado que «esto es una barbaridad» Manuel Reguard, que entre gritos ha afirmado a la salida de su declaración ante el juez que «esto es una desproporción».
La causa, declarada secreta, se abrió tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. En el marco de la llamada operación Alquería, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) practicaron registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes del Ayuntamiento de Ontiyent y en la sede social de Divalterra, informa Efe.