Europa abre una infracción a España por un complejo turístico en Fuerteventura

La Comisión Europea ha iniciado este jueves un «procedimiento formal de infracción contra España» por vulnerar la normativa europea relativa a la protección ambiental en el desarrollo del proyecto urbanístico Origo Mare en Majanicho (Fuerteventura), que se aprobó sin los informes previos necesarios. Así lo ha reflejado la Comisión en su paquete mensual de infracciones, en el que esta vez el organismo ha llamado la atención a España y le ha pedido que garantice que las construcciones ilegales regularizadas de acuerdo a la legislación regional cumplen con las normas europeas.

La comunicación oficial ha destacado que el plan urbanístico de Majanicho incumple dos directivas: la de evaluación de impacto ambiental, que exige la elaboración de un informe previo a su desarrollo, y la de hábitat, que requiere una evaluación de impactos sobre las «Áreas de Protección Especial». Según ha informado a Efe la portavoz del área de medio ambiente de la Comisión Europea, Iris Petsa, la construcción del complejo turístico Origo Mare supone la instalación de villas de lujo en un área «parcialmente localizada» en la costa del norte de Fuerteventura (incluida en la Red Natura 2000).

Aunque este proyecto fue «declarado nulo e invalidado por los tribunales españoles», la Comisión ha explicado que «las obras continuaron bajo un proyecto modificado», por lo que ha decidido abrir el procedimiento formal de infracción. España tiene dos meses para contestar a la Comisión, de no hacerlo esta podría enviar un dictamen motivado -segunda carta de advertencia-.

En cuanto a la contaminación del aire, la Oficina Europea de Medio Ambiente, una red que incluye a 140 organizaciones ecologistas europeas, ha criticado en un comunicado la «inacción» de la Comisión Europea en este asunto. A su juicio, esta «ha dejado pasar la oportunidad» -con este nuevo paquete de infracciones- de exigir a España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido que rindan cuentas por quebrantar la legislación europea en relación a la contaminación atmosférica. El organismo ha acusado a la Comisión de «lentitud» en este proceso y ha recordado que fue en febrero cuando se advirtió a estos países de que habían sobrepasado los límites de contaminación fijados por la UE.