El Parlamento británico aprueba una "moción de desacato" hacia May por ocultar informes del Brexit

El Parlamento británico ha asestado este martes un duro revés al Gobierno de Theresa May al aprobar una «moción de desacato» por su rechazo a proporcionar todos los informes legales sobre el acuerdo del Brexit, que los diputados deben votar dentro de una semana.

Por 311 votos a favor y 293 votos en contra, la Cámara de los Comunes aprobó una moción sin precedentes contra el ejecutivo, que deberá publicar esos informes en su totalidad y aparece aún más debilitado antes de la votación histórica del 11 de diciembre.

Acentuando la tensión que rodea al Brexit, la oposición laborista ha acusado este martes al Gobierno británico de «negarse deliberadamente a cumplir» una orden del Parlamento, antes de iniciar cinco días de acalorado debate sobre un acuerdo que parece correr al fracaso.

«El ejecutivo se está negando deliberadamente a cumplir una orden vinculante de esta cámara», ha afirmado el diputado laborista Keir Starmer, autor de una moción de «desacato». «Es extremadamente importante por su significado constitucional y político«, ha agregado.

Los legisladores habían exigido en noviembre conocer «en su integridad» los informes legales sobre el acuerdo de Brexit negociado por Londres con la Unión Europea antes de la votación crucial del 11 de diciembre, en que debe ratificar o rechazar el texto.

Pero el lunes, el fiscal general Geoffrey Cox solo presentó un resumen, alegando que los informes legales son confidenciales. Hay «información que puede comprometer la seguridad nacional», ha enfatizado este martes la representante del ejecutivo ante la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, para defender su rechazo.

El acuerdo sellado por la primera ministra británica Theresa May con sus 27 socios europeos, al término de 17 meses de difíciles negociaciones, ha previsto, entre otras cuestiones, un periodo de transición que puede prolongarse hasta finales de 2022 durante el cual Reino Unido sigue sometido a las reglas europeas pero sin voz ni voto.

Y un complejo sistema denominado backstop o «red de seguridad», para evitar instaurar una frontera dura entre la provincia británica de Irlanda del Norte (Ulster) y la República de Irlanda, que muchos diputados temen mantenga al país inevitablemente atrapado en Europa, lo que sospechan que queda reflejado en los informes legales de Cox.

Sin acuerdo a cuatro meses de la fecha de salida

Una vez resuelta la cuestión del desacato, el parlamento debe comenzar a debatir sobre el acuerdo de Brexit cuando faltan menos de cuatro meses para la fecha fijada: el 29 de marzo.

«El pueblo británico quiere que avancemos con un acuerdo que honra el resultado del referéndum» de 2016 en que un 52% votó por salir de la UE «y nos permite volver a unirnos como país, independientemente de lo que votó cada uno», tiene previsto decir May, según extractos de su discurso avanzados por Downing Street.

En un país profundamente dividido, el acuerdo sellado entre Londres y Bruselas desagrada tanto a los proeuropeos, que ven condiciones peores a las actuales, como a los euroescépticos, convencidos de que hace concesiones inaceptables a la UE. Choca así con el rechazo de la oposición laborista, de los eurófilos del centrista Partido Liberaldemócrata, de los independentistas escoceses, del pequeño partido unionista norirlandés DUP —en el que May se apoyaba para gobernar— y de decenas de diputados rebeldes del Partido Conservador de la primera ministra.

Embarcada en una intensiva campaña para convencer a la opinión pública de que su acuerdo es «el único posible», la jefa de gobierno advirtió de que si el parlamento lo tumba existe el riesgo de un Brexit sin acuerdo o incluso de que no haya Brexit.

El Banco de Inglaterra advirtió la semana pasada de que un Brexit sin acuerdo desencadenaría una crisis económica de enormes proporciones, con disparada del desempleo y la inflación, desplome de la libra y el precio de la vivienda y casi 10% de reducción del PIB.

Campaña a favor de un segundo referéndum 

Ante esta oscura perspectiva, los partidarios de permanecer en la UE intensificaron la campaña a favor de un segundo referéndum que permita dar marcha atrás: el lunes diputados conservadores proeuropeos, laboristas, liberaldemócratas y verdes entregaron al Gobierno una petición con más de un millón de firmas.

Confortando su postura, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró el martes que Reino Unido puede revocar unilateralmente su decisión de abandonar el bloque antes del 29 de marzo.

Pero está aún por ver qué decide el parlamento dentro de una semana. Si tumba el acuerdo como se prevé, algunos diputados quieren que May vuelva a negociar a Bruselas aprovechando la cumbre europea del 13 y 14, una opción calificada de imposible por ella y por sus socios europeos. Otros escenarios: una segunda votación parlamentaria bajo la presión de unos mercados en pánico, una moción de censura al gobierno o elecciones legislativas anticipadas.