Los cuerpos de seguridad de Venezuela asesinaron a 19 personas en las protestas contra Maduro

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha asegurado que 19 de las 63 muertes que se han producido en escenarios de protestas en el país son atribuidas a los cuerpos policiales y militares que actúan en la contención de las manifestaciones.

En entrevista con la emisora Unión Radio, Ortega ha dicho que de los 63 fallecidos son atribuidos «ciertamente, a cuerpos de seguridad, 19», y ha destacado que la Fiscalía ha solicitado aprehender a 19 uniformados y que esto no se ha materializado porque los señalados no han sido puestos a la orden del Ministerio Público (MP).

Asimismo, ha indicado que al menos 422 personas han sido privadas de libertad por los hechos violentos que han derivado de la ola de manifestaciones que ha iniciado el pasado 1 de abril y, ha remarcado, que de ese total hay 28 personas privadas de libertad por violar derechos fundamentales.

La fiscal ha precisado que el MP ha abierto 3.390 investigaciones por hechos violentos ocurridos en medio de la crispación social y política que ha dejado además, según ha dicho, 1.189 heridos y 35 órdenes de captura pendientes por ejecutar.

En este sentido, ha reiterado que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), que actúa en la contención de las protestas opositoras, «no puede ejecutar funciones militares» en estos escenarios, por lo que le ha pedido hacer un uso moderado de la fuerza y no disparar lacrimógenas directamente contra manifestantes.

Por otra parte, ante las acusaciones que ha emitido la fiscal estos últimos días, ha dicho tener conocimiento de una posible decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, Supremo) para quitarle a la Fiscalía la titularidad de la acción penal.

«Esa es una aventura que tiene un alto costo político, sería otro retroceso en materia de derechos humanos (…) El proceso penal acusatorio constituye una garantía muy importante en el país (…) no existe una forma constitucionalmente válida de retroceder a un proceso penal distinto», ha dicho.

La fiscal ha afirmado también que la sociedad «aspira» que el máximo tribunal «garantice la vigencia de la Constitución» y que «no se preste para los fraudes a la Constitución».

Asamblea Nacional Constituyente

La fiscal general ha pedido además al jefe de Estado, Nicolás Maduro, «echar para atrás» su iniciativa de cambiar la Constitución vigente mediante una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Ha asegurado que no se considera una adversaria política de Maduro y, por el contrario, ha dicho, le «gustaría que, en el marco de lo que está ocurriendo en el país, echara para atrás esta Constituyente».

La funcionaria también cree que el Ejecutivo debería pedir al Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantar las elecciones regionales que debieron realizarse a finales del año pasado y hace unas semanas han sido fijadas para el 10 de diciembre de este año.