Los Mossos presentan a la Justicia el informe de sus actuaciones en el 1-O

Los Mossos d’Escuadra han presentado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el informe que recoge las actuaciones realizadas por este cuerpo policial para dar cumplimiento a las órdenes judiciales y de Fiscalía en relación con el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha rechazado declinar su competencia a favor de los juzgados de instrucción de Barcelona y ha citado nuevamente a declarar el próximo lunes 16 al comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Traperoy a los presidentes de la Asamblea Nacional y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

Según el comunicado oficial de los Mossos, las gestiones policiales que llevaron a cabo para dar cumplimiento a las órdenes fijadas en el auto del TSJC y de Fiscalía comportaron que antes del día 1 de octubre acreditaran más de 6.700 actuaciones en los locales donde se tenía conocimiento de que se podía estar realizando alguna actividad relacionada con el referéndum suspendido.

Comunicat en relació amb l'informe lliurat al @tsj_cat sobre el dispositiu policial de l'1 d'octubre https://t.co/LdkqZ9MR6y pic.twitter.com/whz1eCoVW9

— Mossos (@mossos) October 11, 2017

Estas más 6.700 actuaciones incluyen 2.240 actas de advertencia hechas durante el día 27 y 28 de septiembre y más de 4.450 actos y minutas policiales confeccionadas los días 29 y 30 de septiembre después de que efectivos de mozos se desplazaran hasta los locales de votación. «Allí el objetivo era comprobar si los locales estaban abiertos o cerrados, averiguar si se estaba haciendo alguna actividad de preparación del referéndum suspendido y/o hacer salvedades relativas a la prohibición de realizarlos y que debían desalojar los locales antes de las 6:00 horas del 1 de octubre», se puede leer en el comunicado de la Policía autonómica.

El mismo día 1 de octubre los agentes custodiaron 297 centros de votación que no habían llegado a abrir después de las advertencias hechas por los Mossos. Estas advertencias hacían referencia a la prohibición de utilizar el local para hacer ningún tipo de actividad de preparación y ejecución del referéndum suspendido. Asimismo, el día 1 de octubre los policías detuvieron la actividad de votación que se estaba haciendo en 99 centros de votación, decomisaron más de 400 urnas en 141 centros, papeletas de votación, documentos relacionados con el censo, material informático que se encontraba en algunos de los centros, así como documentación diversa relacionada con la preparación de alguna de las mesas electorales.

Por tanto, según los datos de los Mossos, se impidió la votación a un total de 446 centros de votación repartidos en: 297 centros que no abrieron y que fueron custodiados desde primera hora de la mañana para asegurar que nadie accediera; y 149 centros en los que, o bien se detuvo la actividad de votación o bien sin lograr detener del todo esta actividad sí se decomisaron urnas antes de la hora prevista del cierre de locales.

«Cabe destacar que en aquellos centros donde no se pudo impedir la votación fue por la gran cantidad de personas que había y por el hecho que proceder al cierre efectivo hubiera comportado un uso de la fuerza que podía haber generado un daño superior al que se pretendía evitar y, que con toda seguridad, hubiera resultado imposible de ejecutar siguiendo los principios de congruencia, proporcionalidad y oportunidad», informan los Mossos.

El dispositivo que se llevó a cabo durante toda la jornada del día 1 de octubre para dar respuesta a las órdenes dadas por el TSJC conllevó la movilización de 7.850 agentes y se pidió apoyo a las policías locales que aportaron cerca de 500 efectivos el dispositivo.

Coordinación con los otros cuerpos policiales

En relación con la coordinación con otros cuerpos policiales, los Mossos han asegurado que definieron su dispositivo ajustándose a los criterios establecidos en las reuniones de coordinación celebradas los días 25, 28, 29 y 30 de septiembre en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña con el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y los mandos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.

El objetivo de todas las reuniones celebradas previamente al día 1 de octubre era compartir la información que tenían los tres cuerpos policiales sobre el desarrollo de la jornada de votación y establecer un dispositivo en el que los tres cuerpos dieran respuesta a la auto emitido por el TSJC.

Dado el elevado número de centros de votación (2.294) se acordó que fueran los Mossos quienes se encargaran de garantizar una presencia mínima de dos agentes en todos y cada uno de estos centros. Asimismo, se descartó conjuntamente una actuación de más presencia en la totalidad de los locales porque esto habría requerido un número de policías totalmente inalcanzable. «En todas las reuniones las informaciones que se compartieron iban en el mismo sentido: habría una alta movilización ciudadana de carácter pacífico y, en el caso de actuación de la policía, de resistencia pasiva.» Nunca se habló de resistencia activa ni de grupos que, de manera organizada, estuvieran planeando acciones violentas contra la policía.

Por su parte, las unidades de orden público debían estar a reacción, sin estar presentes inicialmente en los centros de votación. Esta reacción debía recaer, mayoritariamente, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y siempre debía ser a requerimiento de los Mossos. El coordinador del dispositivo anunció que esta reacción correspondería al Cuerpo Nacional de Policía o Guardia Civil en función de sus antiguas demarcaciones, aquellas en las que operaban antes del despliegue de los Mossos.

«Tal y como se había fijado en estas reuniones, alrededor de un cuarto de la mañana del día 1 de octubre y tras constatar en muchos casos que las dotaciones uniformadas de Mossos presentes y las requeridas a posteriori a determinados locales no podían proceder al cierre de los mismos, se solicitó el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía llevaron a cabo actuaciones previas a este requerimiento a varios puntos de votación, sin informar ni comunicar estas acciones a los Mossos», han asegurado los Mossos.

«A lo largo de toda la jornada tampoco se dio ninguna explicación a la PG-ME del por qué había actuado de manera diferente a la acordada en las reuniones de coordinación. En relación con esta coordinación cabe destacar pues que los sistemas establecidos no resultaron eficaces», sentencia la Policía Autonómica a través de su comunicado.