Los Tribunales de Madrid, Extremadura y Castilla y León rechazan la propuesta de PSOE y Podemos para renovar el poder judicial

Las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Castilla y León y Extremadura han criticado este lunes la propuesta de ley del PSOE y Podemos para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En contexto: la iniciativa del Gobierno pretende rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a 12 de los 20 vocales del Consejo y, de ese modo, sortear la negativa del PP a renovarlo, pues hace casi dos años que debería haberse nombrado a sus nuevos integrantes. En cambio, los tres tribunales se han posicionado a favor de la elección directa de esos doce vocales por los jueces, como ocurría hasta 1985 y tal y como recomiendan las instituciones europeas.

Primero el Tribunal Superior de Extremadura, más tarde el de Castilla y León y finalmente el madrileño han emitido sendos comunicados para oponerse a una propuesta legislativa por la erosión que, a su juicio, puede causar en la independencia judicial. Se suman así a la protesta del Colegio de Abogados de Madrid y otras asociaciones.

Al mismo tiempo, el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, a propuesta de siete de sus veinte vocales, ha decidido convocar un pleno extraordinario el miércoles 28 de octubre para analizar esa proposición de ley, que aún no ha iniciado el trámite parlamentario. Aunque el Consejo podrá examinar el texto, su informe no será preceptivo al no tratarse de un proyecto de ley procedente del Ejecutivo.

Por otro lado, el PP ha registrado hoy en el Congreso su propia proposición de ley que apuesta por esa elección directa de los doce vocales por parte de los jueces. Sostienen los populares que, tras más de 35 años con el actual sistema, ahora «es imprescindible» que la ley recoja que los jueces deben elegir de forma directa a sus representantes.

La propuesta del PP pretende, además, que quienes hayan ocupado cargos políticos en los últimos diez años tengan vedado el acceso al CGPJ por el otro turno, el de juristas de reconocido prestigio, que eligen las Cortes por mayoría de tres quintos por mandato constitucional. Ese mismo requisito lo establecen los populares para la elección del fiscal general del Estado, que además podrá ser objeto de recusación por las partes intervinientes en un procedimiento. Ha sido el presidente del PP, Pablo Casado, el encargado de presentar la iniciativa.

Ciudadanos ha aplaudido que los populares se sumen ahora a su apuesta, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, del PP, ha advertido al Ejecutivo de que no es bueno que «amenace» al único partido con el que necesita pactar para renovar el CGPJ porque «no se negocia con amenazas», un comportamiento que ha considerado «impropio de un Gobierno democrático».