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Medios de comunicación

El Gobierno acelera la concesión de los 100 millones de euros para "digitalizar" los medios

Se trabaja en la elaboración de las bases de la convocatoria, que podría lanzarse en la primera parte del año 2025

El Gobierno acelera la concesión de los 100 millones de euros para «digitalizar» los medios

Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública. | A. Pérez Meca / Europa Press

El Ministerio de Transformación Digital acelera la adjudicación de los 100 millones de euros en ayudas a los medios de comunicación prometidos en el Plan de Acción por la Democracia aprobado hace un mes por el Consejo de Ministros. Fuentes conocedoras consultadas por THE OBJECTIVE indican que la cartera de Óscar López está cerrando los flecos para tener un primer borrador de orden de bases al finalizar este año, lo que implica que la convocatoria oficial podría resolverse antes del verano de 2025.

Desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, encargada de la convocatoria a través del Perte de la Lengua, se indica a este periódico que se sigue trabajando en el proceso, aunque no se comprometen con plazos. Esta ayuda enmarcada dentro de los fondos europeos Next Generation es uno de los puntos más cuestionados del plan. El Partido Popular (PP) considera que es una herramienta con la que el Gobierno quiere, con la excusa de impulsar la «digitalización», premiar a los medios de comunicación que le apoyan, asegurar la fidelidad de las grandes cabeceras y penalizar a los críticos.

Este proceso coincide con los casos que afectan al Gobierno, con una causa abierta a la mujer del presidente, Begoña Gómez, y la trama Koldo: el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) implica directamente al exministro de Transportes y número dos del PSOE, José Luis Ábalos, en los manejos del rescate de Air Europa o el viaje de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a Madrid en el año 2020.

Anuncio de Calviño

A mediados de octubre, el Ejecutivo confirmó en su plan de acción la puesta en marcha de un programa de ayudas dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios de comunicación a través de «la creación de bases de datos, el desarrollo de herramientas de mejora de la productividad y calidad informativa, así como el refuerzo de la ciberseguridad». El proyecto es parte del tercer eje destinado a «fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestro ecosistema informativo» y en la cuarta línea de acción referida a la «promoción de una mayor calidad del debate público».

En septiembre de 2023, la entonces vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció que se abriría el proceso de consultas para dar ayudas al sector de los medios de comunicación en el ámbito de la digitalización y la ciberseguridad, aunque no dio cifras. El objetivo por esas fechas era conocer cuáles eran las necesidades de inversión del sector y el tipo de proyectos que podrían ponerse en marcha.

Diez meses después y en plena avalancha de informaciones periodísticas que cuestionan ciertas acciones de la vida profesional de su mujer, Pedro Sánchez puso números a este programa: 100 millones de euros . «Debemos ayudar a los medios a seguir digitalizándose de forma independiente y segura», con el objetivo de «crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren su productividad y calidad informativa y reforzar su ciberseguridad», dijo el presidente

Ayudas a los medios

A mediados de octubre se incluyó en el plan de acción democrática y desde entonces -con la supervisión de ministro Óscar López– la Secretaría de Estado de Digitalización ha estado trabajando en el plan. La primera incógnita que se está resolviendo es la forma en que se articulará la ayuda; si se hará en una sola convocatoria o si, por el contrario, se dividirá por temáticas.

En principio hay dos grandes objetivos. El más inmediato es el de la seguridad digital; la idea es que las ayudas mejoren el nivel de ciberseguridad y ciberresiliencia en el sector de los medios de información, facilitar la identificación de vulnerabilidades y fortalecer la capacidad de respuesta frente a condiciones adversas, sobrecargas o ataques.

El segundo gran eje es el de la inteligencia artificial. Al tratarse de ayudas sujetas al Perte de la Lengua se busca conocer qué soluciones digitales tienen actualmente implantadas los medios de comunicación, qué tecnologías y procesos se ajustan mejor a las necesidades del sector, así como cuáles son sus necesidades y planes de inversión en I+D​, corpus lingüísticos y aplicaciones basadas en la IA en lengua española y lenguas cooficiales.

La secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz, departamento responsable de la concesión de las ayudas de 100 millones a los medios.
La secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz, departamento responsable de la concesión de las ayudas de 100 millones a los medios. | Eduardo Parra / Europa Press

Plazos de la adjudicación

En cuanto a plazos, las fuentes consultadas indican que estamos en la etapa final del borrador de la orden de bases en la que se incluirá quienes son elegibles para las ayudas y en qué condiciones se otorgarán. Se espera tener terminado este documento antes de finales de este año para luego preparar la convocatoria oficial, que podría tardar otros tres meses más. Finalmente, se haría la adjudicación definitiva en uno o dos meses a contar del fin del plazo de presentación, por lo que se espera que estén entregadas antes del próximo verano.

La convocatoria está bastante avanzada, ya que el Gobierno cuenta con los resultados de la manifestación de interés que ya realizó hace un año. El Ministerio de Transformación Digital ya tiene desde hace diez meses en su poder las propuestas y el sentir del sector, información clave que le permite avanzar de manera más rápida .

Fuentes consultadas por este diario indican además que con esta consulta preliminar (de octubre de 2023) se ha cumplido la obligatoriedad de someterlo a participación pública y, por tanto, al no ser proyecto de ley podría saltarse el requerimiento de hacer una nueva audiencia, esta vez sobre la orden de bases. Una situación que recorta de manera importante los plazos totales.

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