El Gobierno bate todos los récords de opacidad informativa durante el primer trimestre de 2025

El Gobierno ha superado su propio récord de opacidad informativa durante el primer trimestre de este año. Los últimos datos del Portal de Transparencia analizados por THE OBJECTIVE indican que entre enero y marzo de 2025 los diferentes ministerios denegaron 172 solicitudes de información hechas por ciudadanos, la mayor cifra desde que existen registros y que coincide con un bloqueo cada vez más persistente de la Administración central a requerimientos públicos en todos los temas y ámbitos de interés.

Estas 172 solicitudes de información denegada representan un 79% de crecimiento respecto de los 96 requerimientos rechazados entre enero y marzo de 2024. El dato es incluso superior a las 120 que se registraron en el primer trimestre de 2021, periodo que ostentaba el récord hasta la fecha. Si se mantiene este ritmo en lo que resta de este año se superarán con facilidad las 533 denegaciones con las que cerró 2022, la cifra anual más alta desde que existen registros.

En los últimos meses, el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha una serie de iniciativas para mejorar la “calidad democrática” y una de ellas es precisamente pedir más transparencia a las instituciones y a los medios de comunicación. Sin ir más lejos, el denominado “Plan de Acción por la Democracia” tiene tres ejes principales: ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestro ecosistema informativo; y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.

Opacidad informativa de Sánchez

Entre otras cosas, el Ejecutivo exige máxima transparencia en la financiación y la propiedad de los medios –con un registro ante la CNMC— al mismo tiempo que acusa de difundir bulos a los periódicos críticos que revelan información respectos de los casos judiciales que le acosan como el de la mujer del presidente, Begoña Gómez; el de su hermano, David Sánchez; el de su exnúmero dos, José Luis Ábalos; y el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Sin embargo, lejos de aumentar su propia transparencia, se mantiene como uno de los Gobiernos más opacos en cuanto a entrega de información. Durante 2024 –el año del lanzamiento del plan de acción democrática– registró el segundo dato anual más alto con 498 solicitudes denegadas y este primer trimestre de 2025 se han alcanzado cotas que, de mantenerse, marcarán el récord histórico en este año en curso.

Esta opacidad informativa va en aumento. En términos anuales, los diferentes ministerios rechazaron 228 solicitudes en 2019 –su primer año completo– para subir a 283 en 2020, marcar 419 en 2021; situarse en 533 en 2022, 352 en 2023 y las mencionadas 498 en 2024. En términos trimestrales se registraron 58 en 2019, 66 en 2020, 120 en 2021, 100 en 2022, 88 en 2023, 96 en 2024 y las 172 de 2025. Una tendencia que crece con el paso de los meses.

Ley de transparencia

En el caso de este trimestre se ha rechazado dar información o se ha concedido de manera parcial respecto de temas como las inversiones chinas en España; número de menores extranjeros no acompañados que han llegado a España; sanciones a grandes gestores de viviendas turísticas; extranjeros expulsados y devueltos; incidencias registradas en Cercanías registradas en Madrid; diversas campañas de publicidad institucional; modificaciones presupuestarias del Consejo de Ministros; expedientes de la SEPI para la concesión de ayudas durante la pandemia; o información sobre los fondos europeos Next Generation.

La ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno del año 2013 facilita que cualquier ciudadano pueda pedir a través del Portal de Transparencia cualquier tipo de información a la Administración central –todos los ministerios y la presidencia de Gobierno– y otras entidades como la Casa del Rey, el Consejo General del Poder Judicial, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal de Cuentas y el Banco de España. La idea es garantizar el acceso a cualquier ciudadano a través de la realización de solicitudes abiertas y combatir la opacidad informativa de las instituciones.

Causas de denegación

Sin embargo, la Administración tiene una serie de justificaciones para no dar la información requerida o solo entregarla parcialmente. Y estas incluyen «la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión», los «intereses económicos y comerciales», la «seguridad nacional», «la defensa», la «prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios», «el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial», «las relaciones exteriores» o «la protección del medio ambiente». 

Si el Gobierno no contesta de manera formal o por silencio administrativo es posible apelar al Consejo de Transparencia, que puede obligar al Ejecutivo a dar la información. Si se sigue resistiendo, cabe la posibilidad de que el caso termine en la Audiencia Nacional, como ya ha ocurrido en el expediente del rescate de la SEPI a Air Europa. Por otro lado, si el ciudadano considera que la información es incompleta, puede volver a requerirla a través de los mismos canales.