Récord de opacidad del Gobierno: rechaza un 70% más de solicitudes de información

El Gobierno marcó un nuevo récord de opacidad en el primer semestre de este año tras denegar 370 solicitudes de información pública hechas por ciudadanos. Esta cifra, además de ser la más elevada de toda la serie histórica, supone que estas resoluciones han crecido en 154, un 71% más respecto de lo registrado entre enero y junio de 2024, según el cribado hecho por THE OBJECTIVE. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se vuelve a confirmar como una de las administraciones menos transparentes desde que existe la ley que obliga a las instituciones a dar acceso a estos datos.

Las cifras actualizadas por el Portal de Transparencia corresponden además al primer semestre completo desde que se lanzara el plan de acción democrático con el que el Gobierno busca exigir máxima transparencia en la información de los medios de comunicación, con el detalle de su accionariado, su inversión publicitaria institucional y su facturación. Además, buscan impulsar una serie de medidas para combatir la opacidad en el sistema electoral, el poder legislativo, la clase política y la propia gobernanza de las instituciones del Estado.

Entre enero y junio también estalló el caso Cerdán que -de momento- mantiene en prisión al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, por las investigaciones que le sitúan como parte de una trama de sobornos para adjudicar obras públicas. Un caso que se ha sumado a las pesquisas en marcha al entorno político y personal del presidente del Gobierno, con diligencias abiertas a José Luis Ábalos, Koldo García, su mujer Begoña Gómez y su hermano David Sánchez. Una serie de movimientos judiciales que han aumentado el hermetismo de Moncloa y de los ministerios.

Sánchez vs Rajoy

En este contexto se sigue avanzando a ritmo de récord para registrar el año con mayor opacidad desde que hay registros. Ya en el primer trimestre, este diario indicó que en solo tres meses se habían emitido 172 solicitudes denegatorias, una situación que se ha acrecentado al cerrar el primer semestre. Esto supone que solo con el dato de los seis primeros meses del año, 2025 se sitúa como el cuarto mes con más rechazos de peticiones de información pública de ciudadanos.

Una situación recurrente para Pedro Sánchez, en cuyo mandato casi siempre se han superado las 200 denegaciones. En su primer año completo en La Moncloa (en 2019) se rechazaron 228 solicitudes, para elevarlas a 283 en 2020; 419 en 2021; 533 en 2022; 352 en 2023 y 498 en 2024. Si solo consideramos los primeros seis meses, en su primer curso se realizaron 102 denegaciones, para subir a 127 un año después; 251 en 2021; 273 en 2022; 181 en 2023; 218 en 2024 y las mencionadas 372 entre enero y junio de 2025.

Por el contrario, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (cuando se promulgó y entró en vigor la ley de transparencia) se denegó información en 115 ocasiones en 2015; 106 en 2016; 170 en 2017 y 247 en 2018, con la mitad de este año gobernando Pedro Sánchez. En términos semestrales se registraron 70, 54, 107 y 131 denegaciones, respectivamente. Unos años en los que la petición no era recurrente, pero en los que se aceptaron más peticiones.

Ley de transparencia

Las solicitudes denegatorias reflejan que algún ministerio o institución pública ha rechazado o respondido de manera parcial (con evasivas y sin datos) la solicitud de información por parte de ciudadanos. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se aprobó en 2013 para garantizar este derecho y “establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir las personas que ejercen una responsabilidad pública».

Se obliga a todos estas entidades –ministerios, Casa Real, Banco de España, CGPJ, Congreso de los Diputados, Senado y Tribunal de Cuentas– a responder a estas cuestiones y se da un plazo de tres meses de resolución. Si no se contesta, el ciudadano puede volver a insistir en su petición y en última instancia apelar al Consejo de Transparencia que, si lo considera oportuno, puede pedir que se hagan públicos estos datos.

No obstante, es habitual que este Gobierno recurra estas resoluciones y llegue incluso hasta la Audiencia Nacional para bloquear los requerimientos. Uno de los expedientes más sonados fue la petición de entrega de información sobre las ayudas públicas de la SEPI a Air Europa. La estrategia más común de los ministerios es dilatar la entrega y eternizar los procesos en los tribunales como ha sido el caso de la aerolínea de la familia Hidalgo, que el Ejecutivo lleva bloqueando desde 2021.

Bloqueo de información

La propia ley establece una docena de causas que permiten que los organismos denieguen la información. La más recurrida es la seguridad nacional; seguida de intereses económicos y comerciales (que bloquea cualquier tipo de dato relacionado con operaciones financieras del Estado en empresas privadas). También se pueden argumentar -aunque son menos utilizadas- razones de defensa, relaciones exteriores, prevención, sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; garantía de la confidencialidad o el secreto en procesos de toma de decisión, el secreto profesional y la propiedad intelectual.

En los primeros seis meses de 2025 se rechazó la petición de información respecto de cuestiones tan diversas como la venta de armamento a diferentes países; datos de publicidad institucional de los ministerios; cifras sobre personal eventual; acceso a pliegos y condiciones técnicas de obras de Renfe Viajeros; solicitud de detalle sobre menores extranjeros llegados de forma irregular y menores extranjeros no acompañados en España; relaciones comerciales y diplomáticas entre los Reinos de España y Marruecos o registro de accesos a datos personales en poder del Ministerio de Hacienda.

También se han denegado otras peticiones más específicas sobre datos de todas las viviendas cedidas por la Tesorería General de la Seguridad Social a la extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la ciudad de Madrid; trenes de Cercanías Renfe que se han estropeado o llegado tarde en el año 2024 en la Comunidad de Madrid; información de Tragsa sobre la contratación de “una empleada” refiriéndose a la ex pareja de José Luis Ábalos colocada en la empresa pública cuando éste era ministro de Transportes; o el salario de diferentes presentadores y programas de Televisión Española (TVE).