Ridículo en el Congreso: el 'veto' de la izquierda a los 'pseudomedios' salpica a sus afines

«De forma paradójica esta medida deja fuera a un medio como La Marea y permite acreditarse al medio de Javier Negre. Se podía hacer mal, han elegido hacerlo peor». Antonio Maestre, colaborador de la Sexta y empedernido tuitero, se quejaba de la nueva norma que limitaba el acceso de la prensa al Congreso votada por el PSOE y sus socios de izquierdas. El texto limita a diez el número de empleados contratados en plantilla, más de los que Maestre puede acreditar. Pero no serán los únicos vetados. Una serie de causas inhabilitarán de facto a otras plataformas de izquierdas mientras que los «agitadores» que han estado en el ojo del huracán y a los que se pretendía expulsar podrán seguir trabajando en el Parlamento.

Una cruel paradoja y un ridículo mayúsculo para una norma que terminará perjudicando a quienes la defendieron efusivamente, desatando mofas en redes sociales entre quienes (periodistas y hasta políticos) siempre se opusieron a cualquier tipo de bloqueo. Pequeñas plataformas de izquierdas que enarbolaron la cruzada de la expulsión de los Vito Quiles de turno -ante la cerrazón y el caramelo envenenado de apartar del Congreso a medios de derechas o críticos con el Ejecutivo- tendrán que soportar en sus propias carnes, y en primera persona, una regulación que gran parte del espectro mediático advirtió como nociva. Ni los centenares de tuits, ni las decenas tertulias apoyando al Gobierno fueron suficientes. Se quedan fuera por su escaso tamaño y su limitado impacto en las grandes audiencias.

El PSOE ha preferido establecer la línea roja en los medios tradicionales y en el ‘viejo periodismo’. Vaya por delante que ningún veto a la prensa es tolerable y por ello resulta inquietante que el partido de Gobierno haya preferido mantener su sintonía con estos soportes históricos -muchos de ellos sumamente críticos- en detrimento de pequeñas cabeceras fieles con mucho ruido en redes, pero que para el Ejecutivo no tienen gran impacto en su masa de votantes.

Control del Congreso

Ante la duda de la irrupción de estos nuevos formatos se han decantado por establecer un veto a plataformas que -aunque sean de izquierdas y declaren su fidelidad al oficialismo- son más peligrosas e incontrolables, en especial si coquetean con Sumar, Podemos y la izquierda más extrema que no termina de fiarse de Pedro Sánchez. No es casualidad que el texto fuera acordado con la Asociación de Periodistas Parlamentarios y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), entidades que casi en su totalidad están compuestas por profesionales de grandes cabeceras, muchas de ellas adscritas a históricos grupos mediáticos.

No solo se han bloqueado a los medios que tengan menos de diez trabajadores, sino que la limitación se ha ampliado a redes sociales y a plataformas de audio y vídeo que no tengan licencia administrativa, es decir, los que no sean una televisión de TDT o una emisora AM o FM. De hecho, un programa como La Cafetera, que solo emite en internet, tampoco podría entrar al Congreso con esta norma. Y eso que Fernando Berlín, su director, es un periodista de izquierdas. Con la proliferación de las plataformas de OTT y el impulso de ofertas informativas, tanto en internet como en podcast, parece casi prehistórico querer realizar un bloqueo a estos soportes.

Una situación parecida a las últimas ayudas anunciadas el año pasado cuando el Gobierno aprobó un paquete de 125 millones para la digitalización de los medios, con 65 millones solo para diarios impresos, es decir grandes grupos editoriales legacy media como Prisa, Vocento o Unidad Editorial. Los mismos que salen reforzados de esta criba que establecerá en el Congreso para dar acreditación a la prensa y a los periodistas. De hecho, la norma veta a las ediciones digitales de cabeceras tradicionales (periódicos, emisoras de radio y cadenas de televisión). Otro guiño más.

Prensa crítica

Sin embargo, estos límites al acceso de medios de comunicación al hemiciclo no se entienden fuera de la guerra emprendida por el Gobierno en contra de los críticos. THE OBJECTIVE comenzó hace cuatro años a destapar los primeros indicios del caso Ábalos y Cerdán, que se han confirmado rigurosamente con el paso del tiempo. Luego otros diarios se han sumado y finalmente, algunos legacy también se han subido al carro. Una situación que generó una feroz campaña gubernamental en la que ministros -y sus satélites mediáticos- acosaron públicamente a estas cabeceras.

En boca de los miembros del Ejecutivo se popularizaron los términos pseudomedio, bulo y fake news, pero no para señalar campañas de desinformación, sino para poner en la diana a los que publicaban informaciones veraces sobre la presunta trama de corrupción de los dos últimos Secretarios de Organización del PSOE o la relacionada con la familia de Pedro Sánchez. Algo que se suma al registro que quiere poner en marcha el Gobierno para que se haga público quiénes son sus dueños, de dónde reciben sus ingresos y quiénes son las administraciones de las que reciben publicidad institucional. ¿El objetivo? Que estos pseudomedios no se financien solo del dinero de autonomías y ayuntamientos del PP.

Expulsión de periodistas

Luego también se incorporaría el término «agitador» para señalar a quienes hacían preguntas incómodas en el Congreso o perseguían a diputados por la calle para pedirles alguna declaración. Son dos asuntos diferentes, pero que responden al mismo interés: silenciar a quienes destapan cosas que no quieren que salgan a la luz. Pero parece que no todos los críticos eran pseudomedios. Cabeceras que publican regularmente informaciones que incomodan a Moncloa tienen sólidas estructuras empresariales, un elevado número de trabajadores en plantilla y reciben ingresos diversificados de muchas empresas y administraciones. Y la gran mayoría no vive del dinero del PP o de administraciones públicas, como dice el Gobierno. Algo de lo que no pueden presumir muchos medios de izquierdas que se han quedado fuera del Congreso con la nueva norma.

Con todo, lo realmente grave de esta norma no es que los medios de menos de diez trabajadores queden fuera, que los legacy media vuelvan a ser favorecidos en detrimento de los nuevos formatos o que soportes como La Marea o La Cafetera queden apartados. El verdadero problema es la capacidad que tendrá el Congreso para expulsar periodistas. El refuerzo de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria -que estará controlado por el PSOE y sus socios- podrá decidir si se concede o no una acreditación mediante voto ponderado, lo que abre la puerta a que cualquiera que incomode sea apartado.

Ya se ha visto, incluso con un bloqueo a quienes han apoyado la medida. Entonces, ¿quién garantiza que algún periodista, de la APP o la FAPE, no sea expulsado en el futuro? Con esta norma, nadie. Ningún veto a la prensa es bueno, ya que si se institucionalizan se abre la puerta a cualquier persecución. Y así se ha confirmado incluso antes de que la norma entre en vigor. En esas estamos…