Moncloa alargará hasta 18 meses la nueva TDT para facilitar que se la quede un grupo afín

Quedan tres semanas para que expire el plazo para presentarse al nuevo concurso de TDT que el Gobierno lanzó en octubre y todos esconden sus cartas. Nadie se atreve a dar el paso, ya que la actual situación del mercado publicitario —caída del 8% en lo que va de año— no invita a embarcarse en una aventura de dudosa rentabilidad. Sin embargo, la realidad es que una licencia de televisión es un caramelo que, pese a que ahora mismo está envenenando, sigue siendo muy apetecible para los popes mediáticos. Otorga influencia, les pone en primera línea de fuego y es un activo que durante quince años les permite hacer negocio y coquetear con políticos, empresarios y grupos internacionales.

Y claro que hay interés. El problema es que falta dinero para que no sea una aventura ruinosa. Y en eso están. Parece claro que El Toro TV de Julio Ariza se presentará, Blas Herrero hace números, Atresmedia y Mediaset se lo piensan y Mediapro y Godó lo rechazan con la boca pequeña. Pero la gran mayoría no cierran la puerta a la espera de la evolución del mercado. En primer lugar, para conseguir que los números cuadren y eso, en el caso de las cadenas pequeñas, pasa por tener un partner industrial, a ser posible internacional. Y en las grandes teles, la clave es que puedan asumir esta nueva frecuencia con su actual mix comercial. En segundo término, todos vigilan de reojo qué hará Global Alconaba y los accionistas del grupo Prisa que intentaron presentarse de la mano del editor de El País y la Cadena Ser.

En este último caso, la clave es ver si el grupo liderado por Andrés Varela y José Miguel Contreras, y secundado por los empresarios Adolfo Utor y Diego Prieto, logra reunir el apoyo necesario para presentarse. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que lo están intentando por todos los medios; hasta la fecha, tienen dos opciones que podrían concretarse y solo con una de ellas tendría las garantías necesarias para presentarse. El hándicap es que no logran todavía un compromiso en firme de ninguno de estos inversores, grupos industriales de televisión que darían el apoyo técnico que necesita su proyecto.

La TDT de Moncloa

La televisión que llevaba más de un año preparando Contreras -y que estaba diseñada para el grupo Prisa– saltó por aires en febrero cuando el presidente de la compañía, Joseph Oughourlian, dio un golpe de timón y apartó a todos los que apoyaron el proyecto. Con la excusa de la televisión, que consideraba ruinosa, frenó la arremetida del bando rebelde que intentó apartarle de la dirección. Ahora, sin Prisa, estos inversores reconocen que todo es mucho más difícil porque ya no podrán aprovechar las sinergias que la futura cadena podría haber generado con las redacciones de El País y la Ser. Pero lo seguirán intentando.

¿Quién podría entrar? Este diario ya publicó que se estaría explorando la vía de Discovery e incluso de la marca CNN, con lo que se cumpliría con el objetivo de tener un canal informativo, aunque de momento no hay nada cerrado. De otro lado, son varias las fuentes que coinciden en que podría producirse una alianza con Blas Herrero, que aportaría su experiencia con DKiss (también en asociación con Discovery) y sus contactos con la exclusivista de publicidad con Pulsa, de la que también tiene una participación accionarial. Alconaba aportaría los contactos y el proyecto editorial y Herrero la capacidad industrial, aunque seguiría faltando el gran socio capitalista. El empresario asturiano niega su participación.

Para facilitar esta operación, este diario ha podido saber que en Moncloa están dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario para facilitar que la futura TDT se la quede un grupo afín. Pese al fracaso de su asalto al grupo Prisa, dentro del Gobierno siguen creyendo que la mejor opción (o la menos mala) es dar la cadena al grupo liderado por Contreras y Global Alconaba. Estos empresarios siguen teniendo como su principal valedor al ministro de Transformación Digital —y encargado de dar la concesión— Óscar López, ante las dudas del resto de cercanos al presidente del Gobierno. Todavía no se le perdona que perdieran el control editorial y que luego fallaran en intentar recuperarlo, pero es el mal menor ante un ecosistema polarizado y en el que escasean las opciones.

El ‘modelo RTVE’

Dentro del Gobierno se da por hecho que la frecuencia terminará tarde o temprano siendo adjudicada a Alconaba. Entre otras cosas, porque se necesita una cadena de televisión en abierto afín si el PSOE pierde las próximas elecciones. una cadena con la que comenzar la reconquista y perpetuar el modelo RTVE que tantos éxitos les está reportando. Sería el sitio ideal para realizar el trasvase de tertulianos y programas que ahora mismo se han convertido en la punta de lanza mediática del sanchismo más militante.

En el equipo de López están dispuestos a apurar los plazos al máximo. Y esto pasa por esperar el año que se ha dado como fecha límite para adjudicar la cadena -hasta noviembre de 2026- y los seis meses que luego tendrá el adjudicatario para ponerla en marcha. En total, 18 meses que nos llevarían a mayo de 2027 para tener la TDT a pleno rendimiento, plazo más que suficiente para que el proyecto esté aquilatado. En el peor de los casos, la tele estaría preparada ante de las nuevas elecciones generales, en el entendido de que Pedro Sánchez agote la legislatura, como así ha dicho en varias ocasiones. Esto implica que Alconaba solo necesita tener un socio de referencia que aporte las garantías económicas. En este sentido, la fórmula que tiene más sentido es la de un consorcio en el que puedan entrar varios inversores y que aporten los recursos necesarios.

Este consorcio estaría abierto. Incluso hay quienes creen que podrían incorporarse nuevos socios con el paso de los meses, aunque otros potenciales participantes en el concurso advierten que habría que respetar la composición accionarial original, al menos hasta que la cadena esté rodada y en funcionamiento. Los requisitos indican que es necesario presentar un aval bancario por valor de seis millones de euros; que las empresas participantes deben haber obtenido al menos 2,5 millones de euros en ingresos en los tres años anteriores relacionados con servicios audiovisuales; y en el caso de nuevas compañías con menos de cinco años de antigüedad, se podría cumplir este requisito a través de alguno de sus socios con poder de decisión.

Operación de Prisa

¿Y por qué se podría esperar 18 meses? Por dos razones fundamentales. La primera es que RTVE cubre de momento todas las expectativas político-mediáticas del Gobierno. Contra viento y marea han logrado que la cadena pública sea la que imponga la agenda y eso ha logrado generar un clima de opinión en el que los gobiernos regionales del PP (como Extremadura, Andalucía y Valencia) estén en cuestión en vez del Ejecutivo de Pedro Sánchez, acosado por múltiples casos de corrupción en su entorno más cercano. De hecho, hay quienes piensan dentro del Gobierno lo absurdo que ha sido sacar a concurso una cadena de televisión, porque todos los objetivos televisivos de Moncloa ya se están cumpliendo, y con nota, con la cadena pública. «Podemos sobrevivir con RTVE», dicen en Moncloa. Y por eso no es urgente resolver el concurso. Es preferible dilatarlo y esperar a que Alconaba reúna a los socios que consoliden su proyecto.

Lo que no puede hacer el Gobierno es vivir sin Prisa. Y es precisamente un nuevo asalto a este grupo lo que pone paños fríos a la puesta en marcha de la cadena de televisión. Con un horizonte de 18 meses para sacar la licencia, daría tiempo para que incluso en un futuro no muy lejano puedan volver a converger los dos proyectos y que el editor de la Cadena Ser y El País se convierta en el padrino de la nueva cadena de televisión. Este diario ya publicó el pasado fin de semana que hay una nueva ofensiva en marcha para intentar apartar a Oughourlian, y que depende de una compleja operación financiera.

Un proyecto que une una ampliación de capital de hasta 400 millones, la renegociación de la deuda con Pimco y la entrada de un nuevo socio industrial, que podría ser el belga-holandés DPG Media, aunque todo sigue dependiendo de la voluntad negociadora del presidente de la compañía. El proyecto está validado por Moncloa, contaría el asesoramiento de Société Générale, con Alconaba e incluso Blas Herrero (los dos últimos niegan su participación a este diario) y estaría impulsado por el deterioro de la situación financiera del editor de El País. En este caso, las dudas del Ejecutivo pasan por los socios que se involucren en el proyecto y porque empresarios que históricamente han estado vinculados al Partido Popular (PP) estén en este nuevo asalto.