La autocracia de TVE: su presidente decide sin el consejo contratos por 400 millones

Televisión Española (TVE) se ha convertido en una verdadera autocracia. Nunca en la historia de la cadena pública un presidente había concentrado tanto poder y nunca un consejo de administración había sido más innecesario. La norma que reguló la nueva forma de entender la corporación —y que se aprobó al día siguiente de la dana de Valencia en el Congreso, pese a la oposición del Partido Popular (PP), que pidió respeto a las víctimas— daba amplios poderes al recién elegido directivo. José Pablo López ha tensado al máximo esta prerrogativa y ha convertido las reuniones del máximo organismo en un trámite en el que absolutamente nada se decide de manera colegiada y donde los quince consejeros no tienen ningún acceso a la información si él no quiere, incluso a la más irrelevante.

Una situación que ha permitido a López -el hombre fuerte de Moncloa y uno de los que articuló la disidencia para desestabilizar a la presidenta interina, Elena Sánchez- tener el control absoluto de todos los contratos de la corporación, desde el más pequeño de intendencia -la contratación de taxis o la compra de folios- hasta la estrategia, la contratación de programas, eventos deportivos y películas Por supuesto, tiene manga ancha para gastar y endeudarse si es necesario. Cualquier necesidad que tenga será compensada por su accionista mayoritario -la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con un cheque de los presupuestos generales (prorrogados por tercer año). Así pasó con la compra del Mundial de Fútbol de 2026, para el que el Estado le ha dejado 65 millones de euros. Por supuesto, nadie en el consejo se enteró de este movimiento.

La única forma que los consejeros tienen de enterarse de las grandes decisiones es por la prensa (filtración mediante) o cuando José Pablo López informa (a posteriori y con hechos consumados) en la Comisión de Control de RTVE en el Congreso. Fuentes del consejo consultadas por THE OBJECTIVE indican que las reuniones con los vocales son un despropósito. En ellas se suelen tratar siempre dos grandes asuntos. El primero es una larga alocución del presidente respecto de lo bien que van las audiencias y de cómo han superado a Antena 3 en franjas específicas o en ciudades concretas. «Parece que lo único que le interesa son las audiencias. Por eso nos habla casi una hora de registros insólitos y datos que retuercen los audímetros», dice un vocal de la corporación.

Parrilla bajo la lupa

Y el segundo es la información que López se digna compartir sobre contratación: casi siempre datos sesgados que buscan justificar las compras una vez que ya se han oficializado. Todos los derechos los adquiere él y su equipo y al consejo se le informa cuando ya están comprados. Los vocales solamente conocen el coste en la página web de la corporación días después y sin ningún otro detalle adicional. Los únicos contratos sobre los que puede decidir el consejo son los de aprovisionamiento, donde están los suministros y las adjudicaciones públicas. El hecho de que haya once consejeros del bloque de investidura (PSOE, Podemos, Sumar, PNV, Junts y ERC) hace que las propuestas del equipo de López siempre salgan adelante, sin mayor dilación ni debates. Por otro lado, si algún vocal quiere tener más datos sobre un contrato, programa o compra de derechos, se bloquea cualquier tipo de acceso y se argumentan razones estratégicas (lo que contempla la nueva ley) para evitar entrar en detalles.

Esta autocracia ha permitido a José Pablo López contratar con manos libres absolutamente todo durante lo que va de año (llegó al primer sillón de TVE a mediados de diciembre del año pasado). Así se ha fichado o renovado programas en el centro de la polémica, como Mañaneros 360, Malas Lenguas (en su doble emisión) y Directo al grano. Todos de un alto contenido político y con el objetivo de situar los temas que le interesan al Gobierno y al PSOE en la agenda mediática. Y además lo han hecho con gran éxito, ya que, gracias a 12 horas de programación diaria con expertos, tertulianos y periodistas afines a Moncloa, se ha logrado poner en el ojo del huracán a las administraciones regionales del PP y desviar la atención de los casos de corrupción que cercan al Ejecutivo. También se ha fichado el Futuro imperfecto de Andreu Buenafuente y con toda seguridad se acelerará la renovación de David Broncano y otros programas de entretenimiento que tampoco ocultan su ideología.

Con la connivencia, apoyo o incluso el mandato de Moncloa, López ha decidido contratos por 400 millones de euros, un tercio de todo el presupuesto anual de la cadena y casi todo el margen de gasto si excluimos el coste de la plantilla situado en otros 600 millones. Si nos centramos solo en programas, hasta el 31 de octubre se ha gastado nada menos que 213 millones. Y a falta de dos meses para que cierre el año se está muy cerca de los 228 que ya se gastaron el curso pasado. Entre los gastos encontramos 9,5 millones para Malas Lenguas, 9,2 para Mañaneros, 6,5 para Buenafuente y 4,1 millones para el mes y medio en pantalla de La familia de la tele. Pero no es solo esto. La cadena ha adquirido el equivalente a 193 millones en derechos audiovisuales en este mismo periodo, con la compra del Mundial (55 millones) y de las selecciones españolas como el receptor de 179 millones. Y todo sin el consejo de administración ni la más mínima información a los vocales.

Llegada de López

Una autocracia buscada por el equipo de asesores mediáticos de Sánchez (en el que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha asumido máximo protagonismo) que concluyó hace más de un año que la cadena pública debía ser lo más cercano a un régimen absolutista: un totalitarismo en el que no hubiese espacio para la disidencia y en el que no se repitieran episodios como el bloqueo del fichaje de David Broncano o la pérdida del control del consejo de 2024. Ahora todo debía quedar hecho a medida para Moncloa. El primer paso fue la aprobación de la ley que permitió cambiar las mayorías para elegir al consejo de administración y dar plenos poderes al futuro presidente, y el segundo fue elegir a un presidente afín y un grupo de vocales que no hicieran preguntas; y que los que las hiciesen estuviesen en absoluta minoría y con las manos atadas

Así se designó a José Pablo López. Un hombre fiel a Moncloa que en años anteriores se había curtido en la Telemadrid de Cristina Cifuentes, en la Trece y como director financiero de La Sexta de José Miguel Contreras. En abril de 2022 llegó a la corporación como director de contenidos (impulsado por Contreras) y con el aval del entonces presidente, José Manuel Pérez Tornero. Desde entonces todo comenzó a saltar por los aires en la televisión pública. En septiembre de 2022 renunció Tornero, forzado por Moncloa y por la izquierda que lo veía muy cercano al PP; y el marzo de 2024 Elena Sánchez fue destituida al mismo tiempo que López, con un consejo en ebullición que a esas alturas era incontrolable y que se fracturó precisamente por la política de contratación y por el veto a Broncano y a otros programas de productoras cercanas a la izquierda y al Gobierno.

Consejo de TVE

El segundo paso fue reunir a un consejo de fieles acólitos que no protestaran, que no decidieran ningún contrato ni política relevante y que a cambio tuviesen dedicación exclusiva (para no hacer nada) a un precio de 105.000 euros al año, la mayor remuneración nunca jamás pagada a un vocal de la corporación pública. Así fue elegido un grupo que representara fielmente la mayoría de investidura. Cinco representantes del PSOE: José Pablo López, Esther de la Mata, Angélica Rubio, Rosa León y Mercedes de Pablos; dos de Sumar: Marta Ribas y María Teresa Martín; uno de Podemos, Mariano Muniesa; uno del PNV, María Roncesvalles; uno de ERC, Sergi Sol; y otro de Junts, Miquel Calçada. Y cuatro del PP designados por el Senado: Rubén Moreno, Eladio Jareño, Ignacio Ruiz Jarabo y Marina Vila. Todos ellos, expolíticos o asesores de comunicación o de prensa de las formaciones que los han propuesto.

Para la anécdota queda que en las escasas votaciones que se producen nunca ha existido disidencia de los 11 primeros, los de la mayoría «de progreso». Por fidelidad a los partidos que les han nombrado o porque tienen otras prebendas, como puede ser el caso de los insurrectos de Junts. La realidad es que estos consejeros tienen la orden de decir que sí a todo lo que pide José Pablo López. Y son muy fieles, como ha podido confirmar este diario. Como colofón, solo una anécdota que da cuenta de la expertise de algunos consejeros. Un par de ellos mostraron sus reticencias al nombramiento a finales del año pasado porque «no sabían nada de televisión» y así se lo hicieron saber a los partidos que les designaban. Pero los escrúpulos se acabaron pronto cuando sus valedores les confirmaron que no estaban ahí por ser expertos audiovisuales y que solo debían hacer lo que sus formaciones le dijesen. Que para saber de televisión ya estaban el presidente (de TVE) y su equipo (sic).