El Gobierno iguala su récord anual de opacidad tres meses antes de acabar 2025

El Gobierno igualó entre enero y septiembre su récord anual de opacidad a tres meses de 2026. Los datos del Portal de Transparencia a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE indican que los diferentes ministerios rechazaron 518 solicitudes de información de los ciudadanos, la suma más elevada del periodo de toda la serie histórica que se remonta a 2014. El dato se queda muy cerca de las 533 solicitudes que se denegaron en todo 2022, el curso que todavía se mantiene como el que se han registrado más peticiones desestimadas.

La cifra registrada en los primeros tres trimestres supera en un 54% las 337 peticiones registradas en igual periodo del año pasado y significan un 25% más que las 434 de 2022, el récord entre los meses de enero y septiembre. Los datos son claros y sugieren que —de mantenerse mínimamente la actual progresión— este 2025 superará de largo la mayor marca de denegación de solicitudes de información pública.

Una situación que reviste cierta paradoja, ya que el año con la mayor opacidad gubernamental será el mismo en el que el Gobierno y el Ministerio de Presidencia lanzaron el plan de acción democrática con el que —entre otras cosas— quieren exigir total transparencia a los medios de comunicación con el detalle de sus accionistas, sus ingresos y su facturación por publicidad, tanto del sector público como privado. Otros objetivos son mejorar el acceso a la información en el poder legislativo, el sistema electoral, los partidos políticos y la gobernanza de todas las instituciones del Estado.

Opacidad histórica

La opacidad de los ministerios ha aumentado el mismo año en el que se han multiplicado los escándalos judiciales en los que se ha visto involucrado el Gobierno: el caso Koldo, las investigaciones a Santos Cerdán y José Luis Ábalos y los juicios a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez.

El Portal de Transparencia registra desde hace una década las resoluciones denegatorias y de concesión parcial de la información pública solicitada. Son peticiones que hacen ciudadanos a ministerios y entidades públicas sobre datos que en teoría deberían ser abiertos, pero que en muchas ocasiones la Administración intenta ocultar.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha superado anualmente y de manera sostenida el número de solicitudes denegadas. Si se tienen en cuenta solo los datos de los primeros tres trimestres, entre enero y septiembre de 2018 se registraron 131 denegaciones de información; 102 en 2019; 127 en 2020, se duplicaron hasta las 251 el año posterior a la pandemia; llegaron a las 273 en 2022; 181 en 2023; y 218 en 2024.

Ley de transparencia

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que se aprobó en 2013 intenta garantizar el derecho a los datos públicos y obliga a las entidades a aportarlos. La norma no solo aplica a ministerios, sino que también a otras entidades como el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal de Cuentas, la Casa Real, el Banco de España y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin embargo, hay causas que permiten a los organismos públicos denegar información: la seguridad nacional, los intereses económicos y comerciales, razones de defensa, relaciones exteriores, prevención, sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, garantía de la confidencialidad o el secreto en procesos de toma de decisión, el secreto profesional y la propiedad intelectual.

La ley de transparencia da un plazo de tres meses a la Administración para responder. Si deniega la información (las ya señaladas solicitudes denegatorias) el interesado puede volver a insistir y en última instancia apelar al Consejo de Transparencia. Si este organismo lo considera oportuno, puede obligar al ministerio de turno a entregarla, pero lo normal es que no se cumplan estas resoluciones y que el Ejecutivo llegue hasta las últimas instancias judiciales para bloquearlas. Una situación que confirma la opacidad en el proceder oficialista.

Expedientes de la SEPI

Es un patrón de opacidad que se repite especialmente en los movimientos del Gobierno relacionados con empresas. Desde 2021, lleva bloqueando la solicitud de información del rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a Air Europa y tampoco responde a la petición de datos sobre la entrada del Gobierno en Telefónica o la denegación de la autorización de inversión a la húngara Magyar Vagon en Talgo.

Este año ha habido denegación de información en temas como las relaciones comerciales y diplomáticas entre los Reinos de España y Marruecos; datos sobre publicidad institucional y listado de medios favorecidos; gastos de viajes de algunos ministerios y ministros; contratos de TVE; denuncias a la Unidad de Asuntos Internos de Policía Nacional; litigios arbitrales en materia de inversiones realizadas en energías renovables en España; o sobre menores extranjeros no acompañados.

También se han denegado datos de dispositivos Huawei en instalaciones de la Policía Nacional; número total de incidencias ferroviarias registradas por ADIF y Renfe desde 2014 hasta la fecha; órdenes de expulsión de inmigrantes ejecutadas desde 2018; concesión de condecoraciones; informes de la Abogacía del Estado referentes a la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell; información sobre el centro de capacidades tecnológicas avanzadas de Defensa y cifras anuales de producción eléctrica en centrales de generación.