El año que encumbró a THE OBJECTIVE: un repaso a las exclusivas más relevantes de 2025

Este 2025 que está a punto de terminar ha estado repleto de exclusivas de THE OBJECTIVE a lo largo de sus 365 portadas. Las numerosas primicias, replicadas por otros medios en muchos casos, han demostrando la creciente influencia de este periódico y el éxito del equipo de periodistas que forman parte de su redacción. Resulta complicado escoger o seleccionar cuáles han sido las noticias más importantes, pero quizás, por su gran trascendencia, hay que destacar tres portadas por su impacto mediático.

La primera de ellas fue en mayo, cuando THE OBJECTIVE desmontó el intento del Gobierno de hacer creer que la Guardia Civil quería atentar contra Pedro Sánchez. Moncloa había propagado un mensaje manipulado para hacer creer que la UCO barajó una «bomba lapa» contra el presidente del Gobierno. Medios afines al Ejecutivo omitieron partes clave de una conversación para hacer creer que se barajó un magnicidio… hasta que Ketty Garat y Teresa Gómez aportaron pruebas que tumbaron la manipulación.

Unos meses más tarde, en octubre, ambas periodistas desvelaron que José Luis Ábalos acumulaba fajos de billetes en cajas y sobres en un armario de su despacho oficial. El ministro guardaba en su casa bolsas de plástico con fajos de «lechugas», el nombre en clave que su asesor Koldo García utilizaba junto a las «chistorras» y los «soles» para hablar del trasiego de efectivo supuestamente delictivo que circulaba por el Ministerio de Transportes en aquella época. Las impactantes fotos son la prueba más rotunda de la corrupción que investiga ahora la Justicia y que ha llevado al ex número tres del PSOE a ingresar en prisión preventiva a finales de noviembre junto a su asesor por orden del Tribunal Supremo.

El 7 de julio hubo otra exclusiva de alcance mundial desvelada por este diario, al destapar un contrato con el que el Gobierno español estaba pagando 12,3 millones de euros a la empresa china Huawei por custodiar las escuchas policiales de la Policía y la Guardia Civil. La noticia levantó polvareda en Washington, donde los líderes de los comités encargados de la Inteligencia del Senado y del Congreso alertaron a la directora de Seguridad Nacional, Tulsi Gabbard, sobre la posibilidad de que el Partido Comunista Chino pueda tener «acceso encubierto al sistema de interceptación legal de un aliado de la OTAN», por lo que pidieron «revisar los acuerdos de intercambio de inteligencia con el Gobierno de España».

Este 2025 también ha tenido la llamativa coincidencia de que el director de TO, Álvaro Nieto, ha entrevistado a tres expresidentes del Gobierno —Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy—. Por los micrófonos del periódico también han pasado, entre otros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Félix Sanz Roldán de la mano de Juan Luis Cebrián en sus coloquios con personalidades relevantes.

El año empezó con una exclusiva económica de Fernando Cano. España había cerrado 2024 con la peor ejecución de fondos UE al entregar solo un 22% de lo previsto. Además, el Gobierno mantenía el anonimato del 70% de los beneficiarios de los fondos europeos. El día 3 saltó el caso CNIO que acabaría con la destitución de su directora, María Blasco, a finales de ese mes. La directora del Centro del Cáncer se había llevado a su pareja y a su hijo al polémico viaje al Ártico, según desveló Lidia Ramírez. A ello se unió que la directora tenía una empresa que había recibido tres millones del Gobierno y que había cobrado 319.000 euros de más en sobresueldos desde 2016. Una situación insostenible que llevó al Ejecutivo a forzar su destitución. Pese a ello, el 16 de febrero se supo que Blasco se atrincheraba en el Centro del Cáncer a pesar de haber sido destituida. Además, un mes después, las sospechas se extendieron al CSIC, donde se dieron 15 contratos a dedo a empresas de sus empleados pese a estar prohibido.

Las primeras semanas de enero también tuvieron el foco en el caso que se investigaba contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Los lectores de TO supieron, gracias a Fran Serrato y Paloma Cervilla, que la Guardia Civil sospechaba que el fiscal había cambiado de teléfono tras recibir un chivatazo, como luego se certificó en el posterior juicio, y que también había cambiado de número de teléfono tras borrar sus mensajes y renovar el móvil. En esos días se conoció igualmente el chat ‘Mediadores’ que compartían Víctor de Aldama, Koldo García y la trama de Tito Berni, así como que el asesor de Ábalos se había visto 13 veces con las empresas que luego ganaron un megacontrato de ADIF. Una información de Serrato y Enrique Morales que ha resurgido a finales de este año con un demoledor informe del Tribunal de Cuentas.

El mes de enero terminó con la exclusiva que el hermano de Pedro Sánchez ganó su plaza en Badajoz con el peor currículo de los nueve aspirantes, obra de Carmen Obregón, que un juez español había abierto una causa contra Messi, Piqué, Rubiales y Ceferin por corrupción y que el ministro de Asuntos Exteriores había fulminado al embajador en Bélgica por quedarse dormido durante un discurso suyo unos días antes, según reveló Antonio Rodríguez.

Febrero comenzó con unos audios explosivos del jefe de la Policía de Granada, en la que ordenaba aprobar a una persona en concreto en unas oposiciones internas. Las posteriores noticias de Gómez llevaron a la dimisión del primero y a que la Justicia abriese una investigación penal al respecto. También se supo que Ábalos usó al ginecólogo de la jet set como enlace para llegar a la dictadura de Obiang y que el hijo del exministro hizo negocios en América representando a una filial de la CEOE. Además, el 11 de febrero se supo por Pelayo Barro que el el negocio venezolano de las hijas de José Luis Zapatero despegó tras una cita con Nicolás Maduro.

Las dos hijas del expresidente son propietarias de la agencia de comunicación Whathefav, una firma radicada en Madrid que nació en 2019 pero que no despegó económicamente hasta 2023. Lo hizo gracias a su aterrizaje en el mercado de los videojuegos en Venezuela, a través de una alianza con un medio especializado llamado El Server, cuyo accionariado era completamente oculto. En su ficha de registro no figuraba ningún nombre ni dirección física, pero sí una fecha, abril de 2023: poco después de que el exlíder socialista fuese recibido por todo lo alto por Nicolás Maduro en su palacio de Miraflores.

Además, la mencionada Huawei contrató a las hijas de Zapatero en plena labor de lobby con Sánchez por el 5G y justo en un momento en el que la tecnológica china trataba de influir en Moncloa. El 18 de febrero se conoció por primera vez que el empresario Julio Martínez Martínez, uno de los clientes de las hijas de Zapatero, administraba 18 sociedades sin casi empleados. Las descendientes del exlíder socialista habían montado su empresa junto a un imputado por un fraude de 1,2 millones en el llamado caso Sinpromi en Canarias, un desfalco millonario de fondos para discapacitados.

El 20 de febrero se conoció que Ábalos escogió a Jésica Rodríguez de un catálogo de prostitutas que su asesor Koldo tenía en su móvil. En los días y semanas posteriores, se revelaron más detalles de la relación entre ambos: Jésica presumía de que Ábalos era su sugar daddy. Tras la ruptura, la licenciada en Odontología inició una nueva vida como madame en la que cobraba un 35% de comisión a las meretrices. Los negocios del exministro en Perú también afloraron entonces. Primero, tras conocerse que sólo pagó 430 euros por adquirir el terreno de su edificio de mil metros en el país sudamericano. Además, la ONG de Ábalos —Fiadelso— canalizó 2,3 millones de euros públicos para sus proyectos en Perú. Todo ello mediante 39 obras públicas con dinero de subvenciones. Entre ellas, las de Castilla-La Mancha, donde José Bono inyectó 450.000 euros en la ONG de Ábalos, quien logró captar 3,6 millones de administraciones públicas para levantar locales sociales en la localidad de Chimbote.

A finales de ese mes, Luca Costantini reveló que Pablo Iglesias había sido denunciado por acoso laboral por el cofundador de su canal de televisión, Sergio Gregori, quien había sido apartado del ente después de un acercamiento a Sumar cuando entre las dos formaciones había explotado una guerra política. Gregori denunció los ataques que recibía en las redes sociales de grupos controlados por el partido morado y al final, decidió emprender acciones legales contra el exvicepresidente.

THE OBJECTIVE también destapó en esas fechas el llamado caso Badenas que provocó un terremoto en Vox y en la ciudad de Valencia de la mano de Rodríguez. Primero, al revelar que la formación de Santiago Abascal había estado financiando al marido de la delegada del Gobierno de Sánchez en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. El entonces portavoz de Vox en la capital del Turia urdió «un espionaje industrial y profesional» contra PP, PSOE y Compromís, al tiempo que se conocieron unos audios en los que Juan Manuel Badenas insultaba a dirigentes de su partido.

Además, Vox tardó 15 meses en ponerse a investigar un supuesto acoso a su diputada Mireia Borrás, quien evitó renunciar los hechos tras ser recolocada por el partido en Bruselas, según reveló Gómez. Quien alertó de este caso dentro de la formación de Abascal fue el diputado Coco Robatto y lo hizo con un audio en el que se acreditó el acoso a la entonces diputada nacional.

Marzo empezó con una fuga masiva de datos en Comisiones Obreras en la que salieron a la luz gastos en viajes y restaurantes de la dirección del sindicato, en concreto , las marisquerías y estrellas Michelin incluidos en su lista de restaurantes favoritos, según reveló Barro. Asimismo, se supo que CCOO había alquilado un piso turístico para una de sus dirigentes pese a estar en contra de ese sector, así como el contenido de un informe que vaticinó el «descalabro» de Podemos por su oferta «represiva» y en el quse enumeraban los «tabúes» de los morados que les hacían «no hablar de clases en plural sino de casta en singular».

Casi de inmediato, saltó el caso Muface y la implicación de la familia de Begoña Gómez ya que paga solo 850 euros al mes por un ático en Madrid. El padre y los tíos de la esposa del presidente del Gobierno realquilaron 14 habitaciones del citado ático, por lo que la operación inmobiliaria era redonda pues pagaba un mes de su ático con una sola noche de ventas. Además, el local de la sauna gay del suegro de Pedro Sánchez también era propiedad de este organismo público que gestiona la asistencia sanitaria y social para los funcionarios civiles del Estado y sus beneficiarios. Gracias a las averiguaciones de Barro, Gómez y Morales se supo que la sauna y el ático estaban tasados en 1,2 millones, de ahí que el alquiler fuese a precio de ganga. Es más, Muface ha estado pagando durante 36 años los gastos del edificio que controla la familia Gómez.

Entre tanto, Serrato y Garat revelaron que Koldo también enchufó a una mujer llamada Nicole en la empresa pública Emfesa. Era la cuarta mujer colocada por Ábalos o su asesor: pasó del club Olimpo de Pamplona a delegada de una compañía del Ministerio de Transportes. Incluso, fue en las listas del PSOE en las municipales. Emfesa es una compañía pública de Transportes que se convirtió era un ‘cortijo’ de Ábalos y Koldo, donde el director colocó a una docena de amigos. Además, se supo también que ADIF pagó a Ineco 79.000 euros por unos supuestos trabajos que Jésica Rodríguez nunca hizo

El acuerdo PSOE-Ciudadanos contra Ayuso

El 9 de marzo llegó una de las exclusivas del año de la mano de Antonio Rodríguez. El documento en el que Sánchez pactó dar a Ciudadanos las presidencias de Madrid y Murcia en 2021. THE OBJECTIVE reveló un texto elaborado por Félix Bolaños que incluía también el reparto de cinco diputaciones, siete capitales de provincia y seis municipios. Los lectores pudieron saber cómo hubiera sido el gobierno de Madrid que PSOE y Cs pactaron por escrito para quitar a Isabel Díaz Ayuso. Un principio de acuerdo que Inés Arrimadas frenó seis días antes de la fecha elegida. Si el acuerdo se hubiera llevado hasta el final, seguramente hubiese cambiado la historia de España ya que Ayuso hubiera pasado a la oposición y habría tenido complicado repetir de cabeza de cartel en las autonómicas de 2023.

Tras ello, se conoció por Garat y Gómez que un bufete próximo al PSOE había ofrecido 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano por negar que hubiese llevado 90.000 euros a Ferraz. El trato incluía «no mencionar a Santos Cerdán», el todavía poderoso secretario de Organización de los socialistas, en su declaración ante el Tribunal Supremo. A renglón seguido, un empresario señaló que el político navarro se llevaba el 20% en mordidas: «Era el testaferro de Ábalos», atestiguó este testigo, que aseguró que Koldo «tenía que ir todos los días a reportar» al entonces número tres del PSOE. Todo ello en marco de un «grupo acelerador» que pedía comisiones para el PSOE.

En marzo también se descubrió, a través de Elsa Pacios, que la vacuna española de la covid solo se había inoculado 632 veces pese a costar 21 millones al erario público. O el fraude masivo en el transporte gratuito ya que la mayoría de los abonos se usa de forma indebida. Igualmente, salió a la luz que Margarita Robles había destituido a una subdirectora de Defensa tras pedir un favor el líder del PNV, Aitor Esteban. Un escándalo dentro del ministerio por la petición del presidente peneuvista –«Quiero datos de mi abuelo»– y en el que hubo prisas para complacer al PNV. La guinda en Defensa fue que tumbó la obra ganadora de unos premios por citar a Franco como «Generalísimo».

Otras noticias de interés fueron que Vox había creado un canal para atacar a PP, PSOE y periodistas incómodos, de la mano de Marcos Ondarra, que Sánchez había disparado su ejército de asesores en el momento más crítico de la legislatura o que la consultora del hijo mayor de Ábalos fue ‘fundada’ por la tercera suegra del exministro. Todo quedaba en familia.

Además, se supo que la consultora Kreab había roto con Zapatero en pleno lío por su cercanía a China y Venezuela. El expresidente del Gobierno llevaba 10 años trabajando para la multinacional de origen sueco y a partir de ahí, no perdió interés informativo las andanzas de Zapatero, quien presionó para que el georgiano que unió a Gómez y Aldama siguiese al frente de la agencia de Turismo de la ONU. También se reveló unos meses más tarde que había contactado con el jefe de la Audiencia Nacional para indagar si le investigaban por Venezuela y que un informe informe del exjefe de inteligencia de Chávez vinculaba a Zapatero con Duro Felguera. Pero lo más llamativo fue saber que el exmandatario presionó al número dos de Ábalos para que avalase el rescate de Plus Ultra y que el propio Zapatero se reunió con Ábalos en Fomento para acelerar el rescate de la compañía vinculada al chavismo. El propio Koldo fue testigo de la reunión entre ambos: «Estos se van a forrar con Plus Ultra».

Abril empezó con la exclusiva de que el exdirector de la Compañía Nacional de Teatro Clásico se contrató a sí mismo en 13 ocasiones, una información de Diego López-Amor. Lluís Homar percibió 250.000 euros adicionales a su salario íntegro como director de la CNTC entre 2019 y 2024. Mucho más dinero —un total de 16 millones en criptoactivos— intentó ocultar el exjefe de la UDEF vinculado al narcotráfico tras producirse su detención. La Policía descubrió en el extranjero otro botín millonario. Además, Cano reveló que los rebeldes de Prisa se planteaban ofrecer al dueño de Prisa 400 millones por El País y la Ser, y fue el primero de los corresponsables económicos en advertir que España seguía sin adjudicar el 70% de los fondos UE cuando solo quedaban 17 meses para gastarlos.

Por su parte, Enrique Recio desveló que la entrada del narcotúnel de Ceuta estaba en una vivienda de una zona militar y Rodríguez que había dimitido por sorpresa el jefe de Inteligencia del CNI tras solo un mes en el cargo. Además, el servicio secreto abrió una investigación interna al detectar un soplo con información sensible. Paloma Cervilla, por su parte, reveló que el pabellón de España en la Expo de Osaka carecía de licencia a un día de su apertura, mientras que Barro apuntó de nuevo contra Zapatero, al señalar que había montado su lobby en el piso de un empresario chino al que el CNI acusaba de espía. En las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya había inquietud porque Huawei almacena sus escuchas telefónicas, aunque aún no se sabía el contenido del contrato, después de que el expresidente moviese sus hilos para colocar a la compañía china en el sistema de escuchas de la Policía.

En clave política, Teresa Gómez publicó que la Guardia Civil había constatado irregularidades en el voto por correo a favor del PSOE de Andalucía. Un testigo destapó el fraude del voto por correo del 26-M de hace dos años y medio con un frase muy esclarecedora: «El PSOE me ofreció trabajo». Otro joven de Albaida del Aljarafe (Sevilla) declaró ante la Benemérita que un tercero votó por él. La Guardia Civil investigó a 20 personas contratadas por el PSOE tras votar por correo y la juez instructora dio con un afectado por el fraude del voto por correo que reconoció un hecho sorprendente: «Esa firma no es mía, yo no voto nunca». Por su parte, Laura Fábregas reveló que en Cataluña se habían repartido 6.500 urnas del 1-O por si había «otra oportunidad» de celebrar un referéndum en el futuro.

El gran apagón y el año Franco

El 28 de abril se produjo el gran apagón. España llevaba diez años sin revisar el plan energético que evita los apagones, según Javier Leal, y el Gobierno no había realizado ningún simulacro: el último fue en el año 2016. Además, la a ministra Aagesen había defendido en Londres la seguridad del suministro días antes del apagón, mientras que Red Eléctrica había presumido de llegar al récord solar una semana antes del apagón. El Ejecutivo llegó a alarmar a las eléctricas al solicitar datos sensibles por email.

En mayo empezaron a conocerse varios polémicos contratos por el llamado año Franco que ha impulsado el Gobierno en este 2025. Por ejemplo, Ángel Víctor Torres contrató a la revista Mongolia para que representase chistes contra el dictador y Moncloa fichó al politólogo Alán Barroso para hacer vídeos sobre Franco. También se conoció que Ábalos había dejado con «destrozos» y «restos de cocaína» una suite del Parador de Sigüenza. Hasta seis trabajadores confirmaron la presencia del entonces ministro en dicho lugar en 2021. Una estancia de la que no quedó rastro por escrito ya que Ábalos se alojó sin registrarse.

En ese momento, el nombre de Santos Cerdán volvió a copar las portadas. Un informe de la UCO se cernía sobre él, aunque aún tardaría un mes en salir a la luz. El entonces secretario de Organización urdió una coartada tras saber que la Guardia Civil iba a aflorar sus vínculos con Acciona. La investigación de la Benemérita había hallado indicios de «fondos sin justificar» de Cerdán a través de terceros. Es más, José Ruz, un constructor valenciano que había sido beneficiado por Ábalos, era el «enlace» del político socialista en Acciona, pues el dueño de Levantina había sido jefe de obras en la constructora hacía 20 años en Aragón.

El cerco se estrechaba, pero antes de que estallase el caso Cerdán se conoció la existencia de Leire Díez, una fontanera del PSOE que se hacía pasar por periodista para camuflar sus gestiones. THE OBJECTIVE destapó un audio en el que se comprobó cómo el entorno del PSOE manejaba a la Fiscalía para atacar a la UCO. Con el paso de los días se pudieron conocer las instrucciones que la fontanera daba a sus interlocutores —«Hablad solo con los fiscales que os digamos»— o el hecho de que Díez se viese con un chavista —Nervis Villalobos— para urdir un ataque contra el juez del caso Begoña.

El Gobierno reaccionó al escándalo intentando desacreditar a la UCO con un mensaje manipulado para hacer creer que una capitán de esta unidad había barajado una «bomba lapa» contra Sánchez o contratando un «sicario venezolano». THE OBJECTIVE había sacado a la luz en marzo un documento que demostraba que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tuvo conocimiento de las andanzas del caso Koldo tres años antes de que estallara la investigación con la detención de Koldo García Izaguirre, Víctor de Aldama y otras 19 personas, en marzo de 2024. En el whatsapp publicado por este periódico, el capitán Juan Vicente Bonilla, que aparececía de incógnito con el seudónimo de ‘Roberto’, mantenía una conversación con su confidente José Luis Caramés, empresario vinculado a la empresa de hidrocarburos Gaslow. En ese mes de abril de 2021, Caramés alertaba a Bonilla de «los que trincan», en referencia a Koldo García y el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tres meses antes de su destitución por parte de Pedro Sánchez en julio de 2021.

Habían pasado apenas unos días desde que la empresa pública Correos, dirigida por el primer jefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano, concediera un contrato de 1,8 millones de euros a una persona vinculada a la trama, el presidente de la tecnológica Sortis, Israel Pilar, considerado «llave» del entramado, el conseguidor o facilitador de contactos del llamado «grupo acelerador», según desveló a este periódico un empresario testigo directo del entramado. Ese 5 de abril de 2021, el informante de la Benemérita solicitó un encuentro presencial para darle información sobre la existencia de un grupo presuntamente corrupto, cuyos movimientos seguía con sigilo desde hacía meses. «Sobre Koldo. ¿Te suena? Está en la prensa todos los días. Navarro. Mano derecha de los que trincan», preguntó el informador. La respuesta del guardia civil fue escéptica: «Joder, hay tantos que trincan. ¿Trincan dónde?», a lo que siguió: «Pero ninguno tan alto. Ahora en Panamá», donde estaba radicada la filial panameña de Sortis. «Escucha. Esto es delicadísimo…. Si no, no te lo diría», le advirtió Caramés a Bonilla. Sus revelaciones se plasmaron en informes que durmieron durante tres años hasta el estallido del caso Koldo.

Las conversaciones entre Bonilla y Caramés se venían produciendo desde 2016 hasta la detención del empresario en julio de 2021, imputado en el caso Gaslow, cuando se cortó la comunicación entre ambos. A finales de mayo de este año, El Plural publicó varios extractos de esa interlocución. Uno de ellos está fechado el 8 de junio de 2021 con la transcripción de los mensajes entre el agente de la UCO y su confidente. El medio digital decía haber tenido acceso a los 6.318 mensajes que, según su lectura, incluían «conversaciones violentas» y un «vehemente apoyo de la violencia» por parte del capitán del Instituto Armado, en ese momento adscrito al departamento de fuentes de la UCO. El soporte documental de esa afirmación era la referencia de Bonilla a una «bomba lapa» y a un «sicario venezolano» que, según ese periódico, se menciona como «opción» a «los dos años de sanchismo que quedan». Unas afirmaciones sobre las que fundamentaban la existencia de una llamada ‘UCO patriótica’ que «estaría trabajando para hacer caer al Ejecutivo en consonancia con la derecha judicial y mediática».

La manipulación de la «bomba lapa»

Sin embargo, THE OBJECTIVE tuvo acceso a la totalidad de los mensajes que se intercambiaron el capitán Bonilla y su confidente Caramés entre 2016 y 2021, tanto los recogidos en el informe judicial de la causa como los que se provenían directamente de sus terminales telefónicos. En el mensaje original que se intercambian el 8 de junio de 2021 se evidenciaba la eliminación, por parte de El Plural, de una parte fundamental de la conversación. Concretamente, se suprimieron tres mensajes que permitían contextualizar la referencia a la «bomba lapa». Tras la apelación a «aprovechar los 2 años de sanchismo que quedan», se suprimieron tres líneas de Caramés que hacían referencia implícita a su tarea investigadora en la UCO: «De esta te dan la laureada de San Fernando. Y eso que está en desuso», decía en referencia a una prestigiosa condecoración de la Benemérita que se concede por méritos en el servicio. Esta parte no aparece en la información de El Plural, de la que luego se hicieron eco todos los medios afines a Moncloa.

A esta afirmación, el capitán Bonilla respondió: «O una bomba lapa. En los bajos». Caramés contestó: «Podría ser». Y Bonilla añadió con posteridad un segundo mensaje: «Ya te lo digo yo. Algún sicario venezolano». La supresión de estos tres mensajes evidenció la manipulación por parte del medio de comunicación que decía tener los 6.318 mensajes que se intercambió el alto cargo del Gobierno de Ayuso en cinco años de relación con su «fuente viva», que es cómo se refieren a los informantes. Y esos tres mensajes son claves para entender que era el propio Bonilla el que bromeaba con que él sería objeto de un ataque contra su integridad por su investigación como miembro de la policía judicial. En ningún caso hace referencia, ni siquiera en tono jocoso, a un ataque contra el coche del presidente del Gobierno o un intento de magnicidio, como se ha referido en los medios de comunicación cercanos a Moncloa.

Junio empezó con las revelaciones en torno a Leire Diez y su equipo de colaboradores. Por ejemplo, el hecho de que Dolset entregase al PSOE los audios de Villarejo sobre las saunas del suegro de Sánchez, o que la fontanera entregase en Ferraz un USB que contenía 51 carpetas sobre jueces, fiscales y periodistas. También se supo que un email a la Junta Electoral demostraba que Díez había intervenido en el voto por correo de las generales de 2023. El broche lo pusieron Ketty Garat y Teresa Gómez al revelar que dos exagentes del CNI participaron en la reunión de Leire Díez y el empresario Hamlyn de la que había salido el polémico audio.

El 12 de junio explotó la bomba del caso Cerdán con el demoledor primer informe de la UCO en su contra que le obligó a dimitir de sus cargos orgánicos en el PSOE y a entregar el acta de diputado. Así, se conoció que Cerdán y Koldo habían impulsado su primera red de mordidas en 2015 en el bar Franky. O que Tatiana, hija de Ábalos, recibía mordidas a través del dirigente navarro para la ONG del exministro. Además, la UCO reveló que Cerdán negoció en secreto con Bildu antes de ceder Pamplona y que Ábalos había licitado la primera obra con mordidas a los 18 días de convertirse en ministro tras la moción de censura contra el PP.

Servinabar, la empresa de Cerdán, había contratado a un alto cargo de PDVSA justo antes del ‘Delcygate’, así como al primer jefe de la SEPI con Montero entre 2021 y 2023, según revelaron Marcos Ondarra y Fernando Tadeo. Uno de los focos de posible corrupción estaba en Navarra, donde el tribunal que adjudicó la obra de Belate sabía de antemano que Acciona ganaría. Además, el Gobierno de María Chivite troceó contratos para la constructora que reformó la sede del PSN en Pamplona. Todo ello en un contexto en el que la inversión extranjera neta se hundía un 65% y caía al nivel más bajo en cuatro años.

El mes de julio empezó con la noticia de que Sánchez coló en un viaje oficial a Argelia al empresario clave en la trama Ábalos, gracias a Jorge Mestre y Antonio Rodríguez. Era la primera vez que el presidente del Gobierno aparecía junto a uno de los detenidos en la trama. José Ruz logró cinco millones de Argelia tras ser incluido en la delegación empresarial de Moncloa. TO llegó a tener acceso a la lista de pasajeros del avión presidencial, donde se acreditó que el constructor valenciano viajó junto a Sánchez. Además, Ruz logró su primera gran obra en Armenia meses después de llegar Ábalos al Gobierno, según Enrique Morales. Todo ello con un modus operandi en el que siempre se hacían ofertas al límite y luego aparecían sobrecostes millonarios.

Sánchez estaba acorralado por los escándalos de corrupción. Barro y Serrato revelaron que la UCO investigaba en un banco de Marruecos una cuenta vinculada a la trama Cerdán. Costantini narró cómo la gestora del PSOE había pedido una década antes aclarar las primarias de Sánchez al sospechar de su equipo y Garat desveló que el presidente había sido alertado en 2018 por su jefe de gabinete, Iván Redondo, de los «excesos» de Paco Salazar, otro peso pesado en Moncloa. Pese a ello, le mantuvo su confianza, le propuso para tres cargos públicos y le dio un puesto en el partido.

Todo ello en un contexto con nuevo récord de ‘enchufados’ ya que Sánchez sumaba 1.289 asesores y 11.772 funcionarios a dedo, mientras el Congreso cambiaba su nombre en contra de la Constitución. Además, Alfonso C. Suárez reveló que Pedro Sánchez, Óscar Puente, Yolanda Díaz… y decenas de políticos habían inflado sus currículos con datos falsos. Cervilla recordó que Carmen Montón dimitió como ministra por mentir en su CV, pero llevaba cinco años de embajadora.

Al PP también le saltó su propio caso de presunta corrupción relacionado con el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y sus socios de Equipo Económico (EE), quienes se repartieron 32,7 millones entre 2008 y 2019. Los investigadores sostuvieron que el despacho que creó el exministro se valió de 16 empresas fantasma para cobrar el dinero que supuestamente recibió por influir en el Gobierno para que sus clientes obtuvieran beneficios fiscales y consiguieran modificaciones de leyes a su favor. Sus miembros compraron la mitad de esas sociedades instrumentales a Luis Miguel Triguero, el mismo empresario que creó las firmas con las que posteriormente hizo negocio la trama Gürtel, Víctor de Aldama o José María Ruiz Mateos. THE OBJECTIVE estrenó la serie El juego del fraude en la que se retrata esa época. Además, Hacienda cerró de repente varias «inspecciones políticas» que tenía en marcha tras destaparse el caso Montoro.

Las vacaciones de agosto empezaron con la noticia de Laura Fábregas de que las Escuelas Europeas deberán impartir catalán aunque solo lo pida un alumno y la de Pelayo Barro en la que se revelaba que habían saltado las alarmas con David Sánchez al pedir un visado para ir a Japón sin necesitarlo. Poco después se supo que Sánchez visitó al delegado de Extremadura en su finca al explotar el caso de su hermano y que se reunió en secreto con el líder de los socialistas extremeño, Miguel Ángel Gallardo, cuatro días antes de convocar la plaza en la Diputación de Badajoz. La cita fue en un hotel de Don Benito cuando era alcalde José Luis Quintana, actual presidente de la gestora y que fue denunciado ante el fisco por dar sobresueldos sin declarar.

Asimismo, la prensa marroquí aireó fotos del director de la Policía en Asilah mientras Ceuta recibía a los primeros palestinos que cruzaban a nado desde el país vecino, según Enrique Recio. Además, el Gobierno desbloqueó la elección del nuevo nuncio del papa León XIV tras las críticas de los obispos a Vox por la inmigración y Cultura perdía cuatro millones en la venta de entradas al contratar a una firma insolvente. Una exclusiva de Víctor Recacha.

El blindaje de Sánchez en La Mareta

Sánchez movilizó en La Mareta (Lanzarote) a 95 agentes de seguridad, cuatro veces más que Rajoy. Además, Marlaska retiró la escolta de vacaciones a Rajoy mientras blindaba a Zapatero con 11 agentes en la isla canaria. Ketty Garat fue la primera en adelantar que no habría Presupuestos, ni ‘ley Bolaños’ sobre medios de comunicación: Junts no apoyaría al PSOE pero descartaba elecciones. Asimismo, se supo que el ministro de Presidencia enfadó al CNI al incluir la derogación de una de sus funciones en la propuesta de nueva ley de secretos.

En plenas vacaciones surgieron más datos de las ‘amigas’ de Ábalos. Carlota, la chica que «se enrolla que te cagas» en palabras del exministro, daba cursos para ser millonario. El diputado hoy en prisión tenía un arsenal de fotografías de Ariadna en sus dispositivos. Ambas eran el tándem preferido por Ábalos y Koldo para sus encuentros sexuales. En septiembre, su exmujer Carolina Perles confesó en TO que había alertado al PSOE y al Gobierno de la doble vida del exministro, señalando para ello a una persona en concreto: «Iván Redondo le avisó de que Sánchez conocía sus relaciones extramatrimoniales». En un serial de varios días, se conoció que Begoña Gómez intentó sonsacar datos a la mujer de Ábalos tras alertar a Adriana Lastra y que la propia Perles también acudió a Nadia Calviño para contarle la vida disoluta de su marido.

El 25 de septiembre, Iván Espinosa de los Monteros anunció en este periódico el lanzamiento de Atenea, su nuevo think tank político. «Creo que se puede presentar una alternativa a Pedro Sánchez más ilusionante», declaró el exportavoz de Vox a Álvaro Nieto. En aquel momento, el Gobierno solo había logrado gastar el 10% de los fondos europeos previstos para 2025 mientras premiaba al País Vasco con un ‘cupo’ del 17% de la nueva red eléctrica nacional. Además, se supo que Madrid se había quedado sin gruistas por el boom de la edificación de viviendas, según Rocío Regidor, en un momento en el que los créditos ICO para comprar vivienda apenas suponen el 1,2% del total de hipotecas firmadas.

Tras ello, THE OBJECTIVE publicó los documentos secretos con las transcripciones de la negociación con ETA gracias a Enrique Cánovas y al calor del libro publicado por Rosa Díez sobre esa etapa. Así, se conoció que el Gobierno de Zapatero ofreció dinero a ETA a través de una ONG si ponía fin al terrorismo, que el entonces presidente del Gobierno quiso parar el ‘caso Faisán’ y prometió a la banda terrorista no detener a sus comandos durante el alto el fuego. Un emisario gubernamental llegó a avisar a los etarras de que Francia preparaba un «golpe» contra la banda.

El mes de octubre empezó con la información de que España seguía sin gastar 100.000 millones de los fondos UE a un año de que expirase el plazo, seguido de un informe de la Ertzaintza sobre el campamento trans de Bernedo, en el que se hacían ‘akelarres’ sin ropa, marihuana y botellones, según reveló Ondarra. La policía autonómica ya constató en septiembre de 2024 las «prácticas abusivas» en este campamento infantil. La propia Ertzaintza acusó al PNV de «minimizar» los avisos sobre Bernedo. En paralelo, Fábregas desveló que exmiembros peneuvistas habían planteado crear una Aliança Catalana a la vasca ante el alza de la inmigración.

Buena parte de la atención informativa de aquellos días estuvo en el despliegue de una flotilla internacional en apoyo de Gaza, para la que un sindicato catalán minoritario recaudó 3,3 millones de euros. Este periódico informó de que Albares pagó un vuelo comercial a los etarras de la flotilla tras negarse a ir en el avión militar, que el Gobierno español ordenó al buque Furor llegar tarde a la zona donde estaban los barcos y que Exteriores alegó más tarde confidencialidad para ocultar cuánto gastó en repatriar a la flotilla de Gaza.

Otro protagonista de este final de año fue Juan Carlos I con su libro Reconciliación. Sobre la asonada militar de 1981, el Emérito señaló que hubo, en realidad, «tres golpes de Estado». Además, reveló un encuentro de su padre, don Juan, con el general Milans del Bosch dos meses antes del 23-F. En el libro, Juan Carlos I ajusta cuentas con Pujol y lanza loas a Franco. La autora del libro del Rey, la escritora francesa Laurence Debray, explicó en TO por qué los españoles deben leerlo. Además, este diario fue el primero en dar el mensaje grabado a los españoles por el padre de Felipe VI para promocionar su libro.

Noviembre comenzó con la dimisión de Carlos Mazón como presidente valenciano tras el primer aniversario de la dana y una exclusiva de Jorge Mestre: el político alicantino pactó su renuncia con Alberto Núñez Feijóo a cambio de que le sucediera su ‘número dos’ en el partido, Juan Francisco Pérez Llorca, si bien el proceso generó mucho ruido dentro del PP, donde hubo indignación con los presidentes provinciales por «reventar» la salida de Mazón, según reveló Cervilla.

Luego llegó el informe de la UCO sobre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el que hubo varias referencias a Sánchez que fueron borradas. El expresidente canario infló en medio millón el coste de las mascarillas minutos después de contratarlas. Además, un tercio de los contratos covid de Canarias fueron a empresas sin experiencia sanitaria, mientras Torres daba 45 millones en contratos a dedo y con fondos UE a cinco empresas investigadas. Lo más paradójico es que adjudicó en una hora dos contratos idénticos a una empresa investigada, pero salió indemne del caso.

Por otro lado, en Defensa se produjo un choque inédito: una general abrió un expediente disciplinario contra otra. Una situación sin precedentes. Y Bolaños vio cómo le suspendían de su condición de abogado tras una denuncia por infracción deontológica. Asimismo, Tadeo reveló que una veintena de empresas han imitado a Ferrovial y se han marchado de España en el último año.

El 18 de noviembre se filtró un nuevo informe de la UCO sobre Cerdán. Al día siguiente, TO tituló que el ex número tres del PSOE y su familia recibieron 735.000 euros en mordidas de las empresas de la trama. A los pocos días salió de la cárcel con cautelares y el que entró en Soto del Real fue Ábalos de la mano de su asesor en el ministerio, Koldo García. Culminaban así cuatro años de exclusivas de THE OBJECTIVE que provocaron la caída del exministro. Incluso, llegó a utilizar una de ellas para atacar a Óscar Puente con el Puerto de Valencia.

Entre tanta salida y entrada de la cárcel, el excomisario José Manuel Villarejo dio una entrevisa a este periódico para dejar varias perlas. Sobre las saunas del suegro de Sánchez, reveló que se grabaron «a etarras e ‘indepes’» y que hubo grabaciones «con menores». El policía jubilado detalló cómo colaboró durante una década con Sabiniano Gómez para filmar relaciones sexuales en su interior.

Diciembre empezó con un récord histórico: el número de empleados públicos en España superó por primera vez los 3,1 millones de personas. Además, las denuncias por corrupción en contratos públicos se dispararon el 40% en apenas un año y las empresas públicas dependientes del Gobierno elevaron su deuda a un nuevo récord. El Tribunal de Cuentas alertó del descontrol de Puertos del Estado con los fondos UE. Precisamente, el sector público y sus empresas se quedaron con la mitad de los fondos europeos hasta que el Gobierno tiró la toalla. El pasado día 9, el Gobierno confirmó la bomba que había filtrado una semana antes: la renuncia a 60.000 millones en créditos de los Next Generation, equivalentes al 37% de lo que en 2021 se adjudicó a España y al 75% de todos estos préstamos.

Dos terremotos seguidos

Las detenciones de Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso provocaron un seísmo al alcanzar a la SEPI y empresas como la de la familia de Susana Sumelzo, actual secretaria de Estado para Iberoamérica y persona muy próxima a Pedro Sánchez en el PSOE aragonés. Pelayo Barro ya había revelado en julio que Servinabar abonó 12.000 euros a esta empresa familiar. Pero este mes se conoció en TO que el Ejecutivo había dado 16 millones en obras a la constructora de los Sumelzo, que disparó sus ventas un 150% tras llegar Sánchez a Moncloa. Incluso, el Gobierno avaló con 300.000 euros a la constructora aragonesa.

Otra empresa salpicada fue el gigante Forestalia, que compartía sede con una empresa ‘verde’ ligada al socio de Cerdán. En un mismo domicilio coincidían el conglomerado ‘verde’, una firma de Antxon Alonso y otra de la familia Sumelzo. Es más, los Sumelzo y Forestalia se intercambiaron sociedades mientras pagaban a Servinabar. Ante el escándalo que brotaba, Forestalia liquidó 14 empresas horas antes de que la UCO registrara su sede.

En cuanto a Vicente Fernández, se supo que Cerdán montó un grupo con Leire Díez y el exjefe de la SEPI para pedir comisiones al Ibex y que la fontanera del PSOE presionó en marzo para que el expresidente de la SEPI fuese absuelto por Aznalcóllar al inicio del juicio en el que quedó absuelto. Pero la alegría solo le duró unos días. El exjefe de la SEPI se asoció con cargos de Globalia tras el rescate de Air Europa. Es más, el holding público envió a Air Europa las condiciones del rescate tras pactarlas en casa de Ábalos.

Con todo, el verdadero terremoto fueron las detenciones de los dueños de Plus Ultra en una operación dirigida por la UDEF. Este periódico fue el primero en explicar que la Policía había cercado a Zapatero al detener al mencionado Julio Martínez Martínez, un sospechoso cliente de sus hijas. Los agentes sospechan que el expresidente habría cobrado una comisión por ayudar en el rescate de Plus Ultra, según reveló Teresa Gómez.

Además, el supuesto testaferro de Zapatero ocultó una dirección para proteger al expresidente y montó la empresa Zenzap con la que logró 351.000 euros el año del rescate de Plus Ultra. Si ZEN es el final de su doble apellido —leído al revés—, ¿quién es ‘ZAP’ en la empresa del amigo de Zapatero? Para más inri, ‘Julito’, como le conocen sus allegados, se hizo bróker aéreo en pleno rescate de la compañía.

El final de este año discurrió en torno a la polémica de Revuelta, las juventudes oficiosas de Vox. Unos audios revelaron el «chantaje» de Vox a sus jóvenes y que la formación de Abascal trasladó a esta asociación que no le gustaba su cercanía a Hazte Oír. Igualmente, TO fue el primer medio en advertir de un posible ‘Wuhan catalán’ pues un laboratorio de la Generalitat dedicado a la investigación animal estaba al lado del foco de peste porcina. Por último, la Policía dio un patinazo al exhibir un blindado militar descubierto en Ávila a una supuesta trama del fuel… pero que estaba inutilizado y se alquilaba para películas.