Defensa levanta la suspensión al militar de La Manada, que se reincorpora al servicio activo

El militar Alfonso Jesús Cabezuelo, condenado a nueve años de cárcel por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 junto a los otros cuatro miembros de La Manada, se reincorpora al servicio activo, pendiente de la asignación de un destino en Sevilla, según recoge el Boletín Oficial de Defensa. De esta manera, cesa la situación de suspensión de funciones en la que se encontraba por el juicio de La Manada.

«Queda a disposición del general jefe del mando de personal del Ejército de Tierra y adscrito a efectos administrativos a la subdelegación de Defensa en Sevilla», recoge la publicación. Sin embargo,  el Ministerio de Defensa ha afirmado que no le asignará ningún destino y que «no se podía evitar su reincorporación al servicio activo».

Al militar se le asigna «la antigüedad, a efectos de escalafonamiento, de 23 de diciembre de 2008″ continúa la orden, que señala que «la expresada situación surte efecto a partir del día 22 de junio de 2018».

«Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se pondrá interponer en el plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación en el BOD recurso de alzada ante el general jefe del Mando de Personal», concluye la orden.

Defensa no asignará destino al militar de “La Manada” pic.twitter.com/OlUiM0RzVK

— Ministerio Defensa (@Defensagob) 11 de julio de 2018

Antes de ser detenido y condenado por el abuso sexual de una joven durante los Sanfermines de 2016, el militar de La Manada prestaba servicio en el II Batallón de la UME en Morón, Sevilla.

750 jueces presentan una queja por la “presión social” contra el tribunal de La Manada

Un total de 750 jueces han presentado una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos por la “presión social” contra el tribunal que condenó a los miembros de La Manada a nueve años de cárcel por abusos sexuales y los absolvió del delito de agresión sexual, lo que provocó numerosas manifestaciones de ciudadanos y declaraciones de políticos en contra de dicha sentencia.

Los jueces denuncian “la gravísima amenaza que se ha alzado contra la independencia judicial en España” y explica que “el caso consiste en que, recaída recientemente una sentencia de un tribunal español en un caso muy notorio conocido como La Manada, se ha desatado una presión social contra dicho órgano jurisdiccional hasta llegar al linchamiento público”.

Además, los jueces consideran que esto se produce “con la complicidad y aliento de políticos que ven una oportunidad para mejorar sus réditos electorales y sin que el Consejo General del Poder Judicial haya contestado eficazmente a tan preocupantes amenazas contra la separación de poderes y el buen nombre de unos jueces injustamente atacados”.

Por esta razón, aseguran que se encuentran “completamente desprotegidos ante las interferencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo en función judicial”.

En su queja, solicitan al Consejo Consultivo de Jueces Europeos que ayuden «al Estado español a cumplir las normas del Consejo de Europa respecto a los jueces» y que declare si la reacción del Gobierno de España supone un ataque contra la independencia y contra la legitimidad del Poder Judicial.