El Gobierno de Nicaragua ordena detener a periodistas críticos con el presidente Ortega

El Gobierno de Nicaragua ha ordenado la detención de dos periodistas críticos con el presidente, Daniel Ortega, lo que provocó la huida del país de otra reportera por miedo a ser arrestada, según ha desvelado la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Los tres trabajan en la cadena de televisión 100% Noticias, clausurada por el Gobierno el viernes.

El juez del Distrito Penal de Audiencia de Managua, Henry Morales, emitía este domingo una orden de captura contra los periodistas Luis Galeano y Jackson Orozco, ambos trabajadores del canal de televisión 100% Noticias.  Al mismo tiempo se ordenaba la detención  del político Jaime Arellano.

Tras conocerse la decisión del tribunal, Leticia Gaitán, quien trabajaba en el mismo canal de televisión, huyó del país a un destino que se desconoce para evitar la detención y el posterior juicio, según han informado a Efe personas del entorno de la periodista.

Todos los afectados se encuentran fuera de Nicaragua. Orozco permanece en el exilio desde que fue agredido por grupos afines al Gobierno de Ortega hace varios meses y Galeano huyó este mismo fin de semana. Por su parte, Arellano lleva más de un mes fuera del país «por razones de salud».

Las órdenes de captura se suman a la clausura del canal de televisión el pasado viernes, en una operación policial en la que fueron arrestado los dueños y seis de los trabajadores. Miguel Mora, uno de los propietarios, ha sido acusado de «fomentar e incitar al odio y la violencia» y de «provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas».

La órdenes de captura se produjeron durante la audiencia preliminar contra la periodista Lucía Pineda Ubau, también del canal 100% Noticias, quien se enfrenta a un juicio acusada de «provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas» por sus críticas a Ortega.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado la represión del Gobierno nicaragüense y ha asegurado tener pruebas de que se están cometiendo «crímenes de lesa humanidad».

Nicaragua es un país en crisis. Organismos humanitarios han calculado que los últimos ocho meses han dejado entre 325 y 545 muertos, 674 «presos políticos», cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

Por su parte, el presidente Ortega solo ha reconocido 199 muertos y 273 prisioneros, a los que ha acusado de «golpistas», «terroristas», y «delincuentes comunes».

La CIDH y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han denunciado múltiples violaciones de los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.

El Gobierno ha negado las acusaciones de estas organizaciones y ha destacado que ha tenido que enfrentarse a lo que ha calificado de «golpe de Estado».

Las protestas contra el Gobierno comenzaron el 18 de abril de este mismo año debido a unas reformas fallidas de la seguridad social. Las muertes que se produjeron durante las manifestaciones derivaron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.