Limitar la jornada laboral: contra la libertad y el derecho al trabajo
«El diálogo social, en la perspectiva de la vicepresidenta segunda del gobierno, solo es válido si acepta sus propuestas»
Yolanda Díaz. | Europa Press
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en los últimos días en la «necesidad» de reducir la jornada laboral. Al mismo tiempo, anunció que reforzará el control de los horarios para «tener un conocimiento preciso de la situación real de las horas trabajadas».
Todo el debate queda invalidado por esas doce palabras textuales de la ministra: «tener un conocimiento preciso de la situación real de las horas trabajadas». La ministra admite no saber cuál es la situación de las horas trabajadas. No tiene datos, pero cree que se trabajan demasiadas horas y quiere imponer una reducción de la jornada laboral. Este dislate podría resultar hasta gracioso si no fuera porque la viabilidad de muchísimas pequeñas empresas y sus respectivos empleos se pondrán en peligro por las ocurrencias de la señora Díaz, que son respaldadas por el presidente Sánchez.
La intención de la ministra Díaz de reducir la jornada laboral ataca al mismo tiempo el diálogo social, la libertad de contratación, el derecho al trabajo y el derecho de propiedad. Una buena síntesis del daño que provoca poner al frente de un ministerio a alguien que fija sus prioridades en función de sus prejuicios ideológicos.
El diálogo social, en la perspectiva de Díaz, solo es válido si acepta sus propuestas. Cuando no es así, ella impone su criterio y «castiga» a quien haya opinado en contra. Es lo que ocurrió con el salario mínimo, cuando Díaz lo incrementó 5% solo para golpear a la CEOE, que lógicamente no estuvo dispuesta a someterse. Pero no «castigó» a la CEOE, sino a decenas de miles de micro y pequeños empresarios.
¿Cómo medir las horas de trabajo de un creativo publicitario que tiene que pensar un eslogan para una nueva campaña? ¿Cómo hacerlo con el trabajo de un reportero que cubre noticias en la calle o de un periodista cuyo entrevistado lo cita un fin de semana? ¿Cómo controlar el tiempo de trabajo de un programador informático que teletrabaja? ¿Cómo hacerlo con aquellos que atienden clientes en el exterior, con otros husos horarios? La realidad laboral está mucho más adelantada de lo que supone la ministra Díaz, que aún piensa en términos de la línea de montaje ideada por Henry Ford en 1913.
Limitar la jornada laboral compulsivamente es también limitar el derecho a trabajar. ¿Quién es Yolanda Díaz para dificultar que alguien trabaje 50 horas por semana, si ese es su deseo, porque quiere, por caso, ahorrar para pagarse un máster o comprarse una casa?
Como Díaz es comunista, piensa que el empleado es «explotado» y que siempre es la parte débil de la relación laboral. La verdad es que las empresas sufren para encontrar personal, por lo que la realidad es muchas veces la inversa. Como la señora Díaz no debe utilizar el metro es que no se enteró, por ejemplo, que un gran banco, ante la escasez de personal, ofrecía € 10.000 a quien le presentara un programador informático.
Yolanda Díaz quiere que se reduzca la jornada laboral, pero que se mantengan intactos los salarios. Es decir, quiere incrementar el coste por hora de trabajo. Es exactamente lo mismo que confiscar una parte del patrimonio de los empleadores para entregarlo a sus empleados, lo que viola el derecho de propiedad y debilita la seguridad jurídica. Lo quiere hacer al mismo tiempo que la productividad cae y mientras el coste laboral total medio ha crecido 16,3% y el salario mínimo 54%, ambos desde 2018.
Francia ya intentó algo similar, reduciendo la jornada a 35 horas semanales. Lo hizo de forma mucho más razonable de como lo plantea Díaz: recortando cotizaciones sociales, reduciendo proporcionalmente el salario y flexibilizando la utilización de las horas extras. El FMI estudió los resultados del experimento y su evaluación fue contundente: «nuestra evaluación de los efectos de la semana laboral de 35 horas es negativa». Lo conté en otro artículo en THE OBJECTIVE, que puede leerse aquí.
Si la principal experiencia en este tema, llevada a cabo de forma razonable, fue un fracaso, es inconcebible plantearlo aquí, máxime cuando España ya tiene el peor mercado laboral de la UE, como demuestra el hecho de tener la mayor tasa de paro del continente. Salvo que seas comunista y solo quieras atacar a las empresas y seguir avanzando en dirección a Caracas.
